La empresa cartagenera Española del Zinc (Zincsa) presentó ayer a los trabajadores el expediente de regulación de empleo que afecta a 243 de los 270 empleados de la compañía, al 90% de la plantilla.

La empresa presentará la semana que viene el expediente a las autoridades. La primera reacción de los trabajadores, formulada por boca del presidente del comité de empresa, Juan Paredes, es de «rechazo total a la medida». Paredes explicó que se abrirá un periodo de 15 días de consulta, tras los cuales las autoridades laborales decidirán si se acepta o no el expediente de regulación de empleo.

Los empleados se agarran a un clavo ardiendo: que la empresa se traslade a Los Camachos para seguir produciendo antes de que acabe el plazo de tres años. Así lo marcó el convenio con el Ayuntamiento, que le hizo posible recalificar y vender los terrenos actuales. De superar ese plazo, la empresa se disolvería. Para ello, hoy hay en la sede de UGT una reunión entre sindicatos, trabajadores, Ayuntamiento, Gobierno regional y Sepes, propietaria de Los Camachos, si bien el consejero de Industria dice que es mínima la posibilidad de que éstos vayan. Si la reunión no da frutos, 243 familias están condenadas a quedarse en la calle.