El anuncio de la Consejería de Educación de llevar a cabo una prueba de diagnóstico, el próximo 28 de marzo, sobre la totalidad del alumnado que cursa 6º de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Murcia, ha causado preocupación en la comunidad educativa.

Estamos totalmente a favor de cualquier evaluación (interna o externa) que tenga en cuenta los recursos disponibles, las características de cada colegio y las necesidades de la población a la que atañe. Por tanto, cualquier evaluación promovida desde fuera debe tener en cuenta las características de cada centro, de su alumnado, del profesorado de que dispone y de los recursos materiales con los que cuenta.

Es evidente que se trata de una prueba muy parcial, de la que será difícil sacar conclusiones generales, ya que tampoco se evalúa la situación de partida, los medios y recursos empleados, la tipología del centro y del alumnado. Hasta un profano en la materia entiende que las situaciones de partida del alumnado y las condiciones laborales del profesorado no son idénticas para todos los colegios. En algunos centros, la proporción de inmigrantes es elevada y/o muy elevada, mientras en otros es meramente testimonial. En algunos centros la mayor parte de los padres son universitarios, en otros, por el contrario son obreros con escaso capital cultural. Lo que contribuye a que los resultados puedan ser muy injustos. En consecuencia, estos centros alcanzarán resultados poco brillantes en términos estadísticos, pero sin embargo, han conseguido que su alumnado alcance significativos progresos respecto a su situación de partida.

Además, los resultados estadísticos pueden conducir a un grave peligro de comparación entre personas, experiencias y centros. El peligro reside en la dificultad de comparar realidades que son incomparables pero, sobre todo, en tomar decisiones que sigan acentuando la desigualdad en detrimento de quienes eran inicialmente más pobres o más débiles. Comparar mediante la aplicación de pruebas estandarizadas a unos centros con "mejores" alumnos, con más medios, con mayores expectativas de las familias sobre los hijos, con otros centros que parten de condiciones menos ventajosas es ya de por si un hecho injusto.

Si el objetivo de la prueba fuera el de la mejora del sistema y de sus resultados, dicha prueba de evaluación debería llevarse a cabo antes del sexto curso, en tercero o cuarto de Primaria por ejemplo. De ese modo podría intervenirse con actuaciones de mejora dentro de la etapa y el alumnado llegará a sexto en mejor situación. Lo que va a hacer la Consejería de Educación es trasladar a la sociedad murciana una imagen distorsionada de nuestro sistema educativo. Pero los alumnos y alumnas de Sexto pasarán a la ESO con lo mucho o lo poco que sepan en Lengua y Matemáticas.

Por otra parte, la prueba supone un desprecio al profesorado, ya que cuestiona la evaluación continua que éste viene realizando al alumnado y confunde a las familias al poner en tela de juicio los resultados de sus hijos e hijas. Además, al tratarse de una evaluación externa al centro, entendemos que debería contar con la autorización de los padres y madres y con el acuerdo de los consejos escolares. Por tanto, creemos que buena parte del profesorado y de las familias de todos los centros agradecería que la Administración paralizase este proceso e iniciase el diseño de una nueva estrategia de evaluación del sistema educativo, contando con la experiencia y el trabajo de los docentes. Una evaluación que permita detectar claramente los problemas y que apunte criterios claros para avanzar en su tratamiento.

Finalmente, no se puede pasar por alto la figura del “aplicadorâ€� que crea la Orden que regula la prueba de diagnóstico. Persona que será la encargada deâ€� garantizar el carácter externo y objetivo de la pruebaâ€�. Pero además, la Consejería intuye que una prueba tal va a tener carácter intimidatorio y por ello el aplicador estará acompañado del tutor de sexto, con el único objeto de contribuir al sosiego y tranquilidad de su alumnado.