Ante la inhibición del juez Garzón en el sumario abierto para investigar los desaparecidos de la guerra civil y los crímenes franquistas, la Asociación hace público lo siguiente:

1. UNA LEY DE LA MEMORIA INEFICAZ.- La Asociación denuncia los enormes vacíos dejados por una Ley de la Memoria Histórica que ya condenó en su día, y que ha motivado que las asociaciones soliciten el amparo de la justicia,.

2. SOSPECHA DE PRESIONES POLÍTICAS Y DE LA JUDICATURA.- Resulta inexplicable que Garzón abra un sumario de tanta trascendencia, a sabiendas de que los principales golpista de 1936 han fallecido, para cerrarlo por este mismo motivo un mes después. Han sido presiones políticas y de la judicatura las que le han obligado a hacerlo.

3. CONSAGRAR LA IMPUNIDAD.- En caso contrario solo cabría interpretarse el carpetazo de Garzón como una estrategia bilateral para consagrar la impunidad de los crímenes franquistas, en el conocimiento de que la Fiscalía General del Estado ha ordenado a los fiscales territoriales, el archivo de todas las denuncias presentadas.

4. EL ESTADO ELUDE SUS RESPONSABILIDADES.- Para acallar el apoyo generalizado que las asociaciones han despertado en la sociedad española, el gobierno abriría una línea de subvenciones para las exhumaciones al amparo de la Ley de la Memoria, pero omitiendo la investigación judicial de las circunstancias y autorías de las muertes. Se recuperarían así restos de fallecidos, pero no de “asesinados”, renunciando el Estado a aplicar los principios jurídicos y constitucionales de Verdad y de Justicia que contempla la legislación española e internacional y consecuentemente, el de Reparación de los daños causados a las víctimas y a sus familiares.

5. DECEPCION.- Las fosas del franquismo, no son yacimientoa arqueológicos,  si no pruebas masivas de crímenes contra la humanidad imprescriptibles, que se destruirían de no haber una tutela judicial en las exhumaciones. Además, el auto de Garzón, reconoce la existencia del robo de niños de republicanos presos o muertos, entregados a familias derechistas, cuya identidad queda sin investigar. Quedan abandonadas también en esta búsqueda las familias que buscan los restos de los caídos enterrados en fosas de guerra y de hospitales militares, que solo en la Región de Murcia podría afectar a diez mil familias (411 solo en Lorca)

6. DILACION O ENGAÑO.- La asociación valora la posible existencia de una estrategia dilatoria o desorientadora, para hacer creer que con este auto se abre otra vía judicial para las exhumaciones en los juzgados territoriales, aunque dejando fuera la investigación penal por las desapariciones y los crímenes franquistas, teniéndose constancia de que los jueces españoles están archivando todas las denuncias, a instancia de los fiscales, al existir una orden de la Fiscalía General del Estado para calificar los crímenes contra la humanidad como si se tratase de delitos comunes prescritos. Pero la últimas palabra no está dicha.

7.PROXIMAS ACTUACIONES.- Pendiente de un análisis más completo de la situación, la Asociación se unirá a las acciones judiciales que se coordinen para llevar el caso a otras instancias de la justicia española, si procede,  o su defecto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Lorca, 19 de noviembre 2008