La Unión Europea acaba de aprobar una directiva que supone un mazazo a una conquista irrenunciable de los trabajadores. La decisión de “permitir que los empleados alcancen acuerdos individuales con los empresarios sobre la duración de la jornada, hasta un máximo de 60 horas semanales en los casos generales y de 65 en casos especiales como los médicos”, aprobada el pasado 9 de Junio por los ministros de trabajo de la UE, a propuesta del Gobierno de Eslovenia (país que preside por turno el Consejo de Ministros de la UE)es una muestra más del papel de la Unión Europea imperialista, de unificador de los ataques del capital contra los trabajadores y los pueblos de Europa.

La prensa burguesa resaltaba al día siguiente que tal medida, de ser aprobada finalmente por el Parlamento Europeo, supondría la liquidación de un derecho, la jornada máxima de 48 horas semanales, aprobado por la OIT en el año 1.917.

Los sindicatos médicos ya han avisado que convocarán una huelga general en toda Europa, en el caso de que salga adelante esta brutal medida; igualmente dirigentes de CCOO y UGT del propio sector fidalguista han expresado su indignación, como F. Toxo que apuntaba que la directiva es «el mayor ataque al derecho laboral desde la creación de la UE».Incluso reputados representantes de la socialdemocracia de derecha y defensores, por lo tanto, de la burguesía imperialista, como el eurodiputado Alejandro Cercas y el propio ministro de trabajo, Celestino Corbacho la han rechazado en términos duros, pidiendo a la Eurocámara que “la mejore”.

Es probable pues que los aspectos más sangrantes de la directiva se suavicen, pero detrás existe una orientación que es sumamente peligrosa, cuya aplicación paulatina forma parte del objetivo que quiere alcanzar la oligarquía imperialistaa lo largo de un proceso de aplicación de medidas reaccionarias: acabar con la negociación colectiva e imponer los acuerdos individuales entre empresarios y trabajadores para debilitar el movimiento obrero.

La burguesía europea y la de cada Estado miembro, trabajan de acuerdo a un método similar a la hora de hacer avanzar sus planes: inicialmente dejan ver sus objetivos sin tapujos, sin suavizarlos, para con posterioridad ir podando los aspectos más salvajes, los que despertarían una mayor reacción, pero garantizando en todo momento la orientacióngeneral; así permiten de paso que sus agentes en el seno del movimiento obrero: los dirigentes oportunistas de los sindicatos de masas, se “legitimen” como negociadores. Ese fue su modo de actuar al tratar la directiva Bolkenstein cuyos aspectos más alarmantes se dejaron para una mejor ocasión, a cambio de garantizar la aplicación de nuevas medidas tendentes a desreglar el mercado de servicios a costa de los intereses del proletariado.

La directiva aprobada el lunes no es una idea nueva. El del jueves fue el sexto intento a lo largo de cuatro años de sacarla adelante. Hasta ahora no se había acordadopor la oposición de, entre otros, los gobiernos de Francia, España e Italia. La prensa del entorno socialdemócrata ha hecho hincapié en el hecho del triunfo reaccionario en Francia e Italia, a la hora de explicar la activación de la medida. Pero lo cierto es que junto a probados ultra reaccionarios como Berlusconi, genuinos representantes de la“tercera vía” socialdemócrata, como G. Brown, han sido impulsores de la directiva, que, por cierto no obtuvo ningún voto en contra. Solo cinco Gobiernos: los de España, Bélgica, Hungría, Grecia y Chipre, se abstuvieron. Queda claro así, que, salvo matices (importantes, pero matices), existe unanimidad en los representantes de la oligarquía europea, incluidos los socialdemócratas. Ha sido también particularmente triste el papel del Gobierno de Chipre, formado por representantes del partido revisionista de la isla, ganador de las últimas elecciones, al no oponerse a la directiva.

Si las instituciones de la UE siempre han trabajado por unificar las políticas anti obreras de la oligarquía imperialista, ahora éste papel resalta aún más y adquiere un carácter particularmente peligroso en un contexto de crisis del capital. Todas las medidas que han venido adoptando en los últimos meses las diversas instituciones de la UE van dirigidas a descargar las consecuencias de la crisis capitalista sobre las espaldas de los trabajadores liquidando en el proceso conquistas históricas del movimiento obrero. La UE es un formidable obstáculo en la lucha por garantizar los derechos sociales y políticos de los trabajadores.

Ninguna de sus decisiones tiene en cuenta las necesidades de la mayoría trabajadora del viejo continente: La negativa del Presidente del Banco Central Europeo, Tritcher a bajar los tipos de interés, por ejemplo, está provocando un encarecimiento del crédito, especialmente del hipotecario, que amenaza la economía de millones de familias; el mantenimiento de cuotas de producción agrícola, láctea y ganadera y las restricciones paralelas a la entrada de productos de países no desarrollados, ha agravado la carestía de los productos alimenticios; la negativa al establecimiento de un sector industrial público en los países miembros y a la subvención estatal de productos estratégicos, como la energía, siderurgia, etc., están profundizando la intensa desindustrialización en países como el nuestro.

La directiva contra la inmigración que prevé penas de cárcel (la oligarquía utiliza el cínico eufemismo de retención) de hasta diez y ocho meses para los inmigrantes sin papeles, junto a otras medidas de claro tinte racista y xenófobo, son un último ejemplo del cariz cada día más reaccionario de la UE. Estas medidas, no van a acabar con la inmigración (producto de la insostenible situación que la política imperialista ha provocado en los países no desarrollados), ni lo pretende; su intención es otra: justificar la creciente represión estatal contra la mayoría trabajadora, calmar los miedos de los sectores de la pequeña y media burguesía duramente golpeados por lapolítica imperialista y abaratar aún más la mano de obra inmigrante para incrementar la colusión entre los trabajadores.

Todas estas medidas se aprueban e imponen con desprecio a las más elementales normas democráticas: simplemente, no se consulta a los pueblos de Europa, como demuestra el caso de la directiva de la que hablamos quese ha tramitado y aprobado a espaldas de los ciudadanos.

Y cuando éstos imponen el referéndum y la oligarquía siente amenazada la aplicación de sus planes, busca nuevas vías para golpear al pueblo trabajador. Sobran muestras de lo que decimos: La Constitución Europea elaborada por una comisión de notables, de contenido desconocido para la inmensa mayoría de los ciudadanos y rechazada contundentemente por los pueblos de Francia y Holanda en sendos referendos celebrados en 2005, va a ser impuesta con la simple aprobación de los parlamentos nacionales, fieles servidores de los intereses capitalistas, por la vía de cambiar el nombre por el de “Tratado de Lisboa”, manteniendo eso sí, los aspectos más importantes para la oligarquía de aquella.

Enrique Barón, eurodiputado del PSOE y ex presidente del Parlamento Europeo, asustado por el repunte del NO en el referéndum del 12 de Junio en Irlanda (único Estado que, por mandato constitucional va a someter el tratado de Lisboa a referéndum) resumía recientemente en la prensa el desprecio de los representantes “democráticos” de la burguesía, hacia la opinión de los ciudadanos europeos: “...no tiene sentido someter este tipo de procesos del que dependen casi 500 millones de personas a la ruleta rusa” (“El País”, 7 de Junio.)

Una conclusión se impone en la actual coyuntura: es preciso unir las fuerzas populares contra la Europa del Capital y de la Guerra, del reaccionario neoliberalismo, contra las políticas más agresivas y antipopulares de la oligarquía. Rechazar la UE, sus instituciones y el intento de reforzar su papel de potencia agresiva, cada vez más, es una prioridad para los trabajadores.

11 de Junio de 2008, Secretariado del Comité central
P.C.E. (m-l)

Alejandro Cercas, manifestaba a la prensa que "supone un grave retroceso que convierte el derecho laboral europeo en un material de usar y tirar". "Es un precedente peligroso", y añadía que en su opinión, "dejar al trabajador que pacte a solas con el empresario es renunciar a toda la historia legal y de lucha social colectiva".