Como republicanos, manifestamos nuestro apoyo a los sindicatos en la denuncia de los atentados contra la educación pública emprendidos por la Conselleria. Consideramos, junto a ellos, que hay que hacer frente a la forma dictatorial en que la Administración pretende desarrollar sus propuestas, como el Plan Èxit y la forma de poner en marcha de la Educación para la Ciudadanía; asimismo, coincidimos en que hay que destacar su carácter de cortinas de humo que intentan ocultar la dura realidad de la educación pública.
Tal como demuestran las movilizaciones masivas que llevan a cabo los compañeros catalanes y madrileños, se generalizan los ataques contra la enseñanza en diversas zonas, más allá del color de los gobiernos autonómicos, mientras se intenta debilitar los servicios públicos, incluidos la sanidad y las prestaciones sociales.
No es casual que semejante ofensiva se recrudezca a medida que la crisis general se hace más evidente: por un lado, el Estado ofrece a los capitales privados nuevos sectores para sus inversiones, tras el derrumbe del modelo especulativo basado en la construcción; como contraste sangrante, el Gobierno no duda en paralizar las ayudas a los parados que había prometido hace meses. Por otra parte, a la Administración se le presenta la ocasión para intentar debilitar a los sectores de trabajadores más fuertes y organizados, en especial los del sector público, a través de medidas que, como el Plan Èxit, buscan descargar en el profesorado (ante los padres y el resto de la sociedad) la responsabilidad del fracaso escolar y de la falta de soluciones, como si unas cuantas clases en julio sirvieran para paliar la masificación, la falta de medios, el desinterés por la formación y la cultura, o la falta de ofertas para el ocio y socialización de los jóvenes, también durante el verano.

Es evidente el efecto que semejantes maniobras pueden tener en la población, en un contexto de crecientes dificultades para las familias a causa del encarecimiento de las hipotecas, la inflación y el aumento del paro. Es el mismo caldo de cultivo que están encontrando los mensajes excluyentes y xenófobos en los pueblos y ciudades, asumidos o tolerados por sectores cada vez más amplios de la "clase política".
Por todo ello, consideramos urgente, además de mantener la oposición a la política de la Generalitat contra lo público, la búsqueda de respuestas globales que impidan la división de los trabajadores. Cabe unir a los distintos sectores que aspiramos a conquistar mayores cotas de democracia frente al autoritarismo de unos pocos, para que la respuesta a la crisis no sea, una vez más, sinónimo de recortes sociales. Creemos necesario trabajar por unificar la contestación popular contra las agresiones que ya estamos sufriendo, y las que se avecinan.
En consecuencia, animamos a los sindicatos, partidos políticos, asociaciones de padres y madres, de vecinos, culturales, etc., a aunar esfuerzos para exigir políticas democráticas y de progreso, para las mayorías, que aseguren el poder adquisitivo de los sectores populares y la defensa y calidad de los servicios públicos para todos.

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