- 16 de febrero de 2007LA GUARDIA CIVIL LLEGA A LA CLÍNICA ISADORADos guardias civiles del Seprona acuden a la Clínica Isadora para, supuestamente, comprobar la gestión de residuos orgánicos del centro. El camión de una empresa de gestión de residuos estaba en esos momentos recogiendo algunos contenedores. La Guardia Civil ordena su precinto e inmovilización, rompiéndose así la cadena de frío.Ese mismo día los agentes acuden al Juzgado de Guardia de Madrid para pedir autorización para abrirlos. El juzgado (número 6 de Instrucción) lo deniega ante la falta del "mínimo indicio" de la comisión de algún delito. Pide a la Guardia Civil que se abstenga de hacer "elucubraciones".

- 17 y 18 de febreroEL SEPRONA DESOBEDECE AL JUEZLos residuos siguen precintados a pesar de la decisión del juez de guardia. La Guardia Civil no informa a la clínica de lo ocurrido y mantiene los contenedores inmovilizados y fuera de la cadena de frío.

- 19 de febreroINTERVIENE LA COMUNIDAD DE MADRIDLa Guardia Civil acude a la Comunidad de Madrid para proseguir con la investigación ante la negativa judicial. Después de muchas llamadas telefónicas consiguen que la consejería de Sanidad se comprometa a retirar los contenedores. -

20 de febrero (1ª parte)SE ABREN LOS CONTENEDORES SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL Un jefe técnico de la comunidad Juan Raúl Sanz Jiménez dice que se deben retirar los envases porque, al estar fuera de la cadena de frío -situación que ha provocado el Seprona, y no la clínica Isadora- puede haber algún riesgo sanitario. Los contenedores salen camino de un tanatorio privado de Alcobendas. Allí son abiertos en presencia del jefe técnico de la consejería de Sanidad, dos guardias civiles -se desconoce en calidad de qué, es decir, si era ya sólo un asunto sanitario de la comunidad- y un médico del tanatorio. Los agentes llaman por teléfono, en mitad del proceso, al juzgado de guardia de Alcobendas. No hay ninguna constancia por escrito ni se sabe con qué juez hablaron. En los escritos de la Guardia Civil solamente se hace referencia a que obtuvieron una especie de autorización verbal. En caso de haberse producido tal conversación, no comunicaron que un juez de Madrid ya había denegado la petición, pues esta supuesta "juez de guardia" de la que hablan les dijo que se diera cuenta "al juez del lugar de los hechos"; es decir, Madrid.

- 20 de febrero (2ª parte)EL SEPRONA BUSCA OTRO JUEZEn los contenedores aparecen, entre otras cosas, cinco fetos y cuatro restos fetales conservados en formol que la Guardia Civil considera que son "de entidad suficiente" y que pueden tener más de 22 semanas, límite de la Clínica Isadora para la práctica de abortos. Requisan estos restos e incineran lo demás.Los agentes del Seprona vuelven, una vez más, a los juzgados de Plaza de Castilla a contar el caso, con un nuevo atestado. Omiten que ha sido archivado días atrás por el número 6. El juzgado de guardia en ese momento autoriza el examen de los fetos y el atestado recae por reparto en el 47.

- 23 de febreroEL SEPRONA LOGRA ENCONTRAR OTRO JUEZEl titular del juzgado de instrucción número 47, José Sierra Fernández, abre unas diligencias previas. Cuatro días después de su primer intento y gracias al tercer juez con el que prueba, el Seprona logra que el caso se judicialice.

- 2 de marzoLA GUARDIA CIVIL VA MUCHO MÁS ALLÁ DE LO QUE PIDE EL JUEZEl magistrado del 47 pide a la Guardia Civil que "identifique" a las pacientes que aparecían en las etiquetas de los botes de formol y al personal que trabaja en la clínica.La orden judicial la reciben el 9 de marzo. Antes, desde el día 2, la Guardia Civil ya estaba llamando a estas mujeres. Y también a otras que aparecían en la hoja de consulta de una tarde de un médico encontrada entre los residuos de las clínicas. Las llamaron a todas como testigos -en algunos casos acudieron directamente a sus casas-. Incluso en los supuestos en los que aparentemente solamente podía haber una vulneración de la normativa de protección de datos, les preguntaban que si habían abortado, los motivos, etcétera

- Desde marzo de 2007 LOS FETOS NO TIENEN MÁS DE 22 SEMANASEl Anatómico Forense dice que no puede determinar con total exactitud la edad gestacional de los fetos. De los nueve, en siete casos se afirma que están por debajo de las 22 semanas. Hay dos que no están claros, pero según la longitud del fémur estarían por debajo. El juez, sin embargo, sigue con la investigación. La clínica pide que el procedimiento pase al juzgado 6, el primero que se encargó de él. La propuesta tiene el visto bueno del fiscal. El juez Sierra dice en un auto que el caso es suyo. Sigue investigando.

La Guardia Civil conmino a mujeres a explicar por que habian abortado

La Guardia Civil se aprovechó del desconocimiento de las leyes de algunas pacientes de la clínica Isadora para, tras llamarlas como testigos y no como imputadas, preguntarles por qué habían abortado, las semanas de gestación en el momento de la interrupción y si tenían informes que probaran la razón del aborto, según consta en las actas de comparecencia de las mujeres incluidas en el sumario del caso. Con estas preguntas los agentes pretendían averiguar si se habían cometido delitos de aborto ilegal. "En principio, cualquier interrogatorio de contenido incriminatorio debe hacerse en calidad de imputado para salvaguardar garantías procesales como la presencia de abogado", señala el penalista Alberto Jabonero.

Al menos cuatro mujeres fueron sometidas a estos interrogatorios en marzo de 2007. Seis más, que ni siquiera habían abortado pero cuyos nombres los agentes del Seprona de la Guardia Civil encontraron entre los residuos de la clínica, también fueron preguntadas sobre el motivo de su presencia en la clínica, en todos los casos para una revisión ginecológica.

Estos diez interrogatorios fueron llevados a cabo sin petición judicial alguna. Meses más tarde, a partir del pasado diciembre y ya con una solicitud del juez, los agentes suavizaron sus interrogatorios con otras 10 mujeres, pese a lo que no dudaron en acudir a sus casas y en tomar declaración a una niña de 14 años que había abortado. Todavía siguen identificando a mujeres y llamándolas como testigos.

Los agentes del Seprona preguntaron a las cuatro primeras si su identidad correspondía a la etiqueta hallada "en un bote que contiene un feto de formol". Una de ellas, ante el tenor de las preguntas, acabó defendiendo su actuación: "Todos los hechos han sido realizados de forma legal, por medio de informes médicos de la especialidad de ginecología, y siguiendo los trámites legales marcados por la Seguridad Social", según consta en el acta de comparecencia.

Los agentes animaban a las mujeres a denunciar a la clínica Isadora, en algunos casos por una vulneración de la ley de protección de datos -ya que su nombre y teléfono había sido encontrado entre los residuos sanitarios que iban a ser incinerados-. En otros, según el acta de una paciente que sí quiso tomar medidas contra el centro, la razón era que su feto "apareció en un cubo de la basura". En realidad, según consta en el sumario, el supuesto cubo de la basura eran los bidones o contenedores, herméticos y refrigerados, en los que la clínica depositaba sus residuos. Estos bidones eran retirados tres días a la semana del centro por una empresa autorizada que procedía a su destrucción. El destino de estos residuos, que la clínica (avalada por las inspecciones de la Comunidad de Madrid) consideraba biosanitarios y la Guardia Civil como funerarios, está en el origen de la investigación del Cuerpo Armado.

Meses después de estas primeras declaraciones, coincidiendo con la polémica en Barcelona por la investigación judicial a las clínicas del doctor Carlos Morín, el procedimiento judicial contra Isadora volvió a cobrar impulso. El 10 de diciembre de 2007 el juez Sierra pidió que declararan todas las mujeres que habían abortado en la clínica durante los días anteriores a la recogida de los residuos incautados por la Guardia Civil. En total, 25 mujeres.

El magistrado solicitó al centro los historiales clínicos de todas ellas, que incluían a dos menores de edad - una chica de 13 años y otra de 15 cuando se les practicó el aborto- y pidió al Seprona que las identificara y citara. Algunas de ellas ya habían sido llamadas en marzo, cuando la Guardia Civil actuaba sin autorización judicial.

En esta segunda tanda de citaciones, en algunos casos, en lugar de usar otros procedimientos legales, los agentes se presentaron directamente en el domicilio de las mujeres, sin tener en cuenta si sus familiares sabían que habían abortado. "Vinieron un día a mi domicilio a las ocho de la tarde, mientras bañaba a mis hijos", recuerda una de ellas, que no quiere ser identificada. "Me dieron un susto de muerte. Decían que había mucha alarma social con lo de Morín en Barcelona y que querían que declarara. Sentí que había hecho algo terrible".

Estas declaraciones fueron distintas de las del mes de marzo. Ya no preguntaban por qué se había producido el aborto, ni las semanas de gestación, ni si tenían informes para probar que todo había sido legal.

Las preguntas se centraban esta vez en cuestiones procedimentales de la clínica: a cuántas consultas habían asistido, qué preguntas les había hecho la psiquiatra, si el personal había realizado alguna prueba médica... y finalmente les enseñaban las fotos del personal de la clínica en un álbum fotográfico, como si fueran sospechosos policiales, por si reconocían a alguien.

Una de las testigos tenía 14 años cuando la llamaron, 13 cuando abortó. En la declaración estuvo acompañada por su madre. Ambas eran de nacionalidad rumana. A esta menor, que había llegado a Isadora derivada por un centro de salud mental de Alcalá de Henares (Madrid) también le hicieron todo tipo de preguntas sobre los pormenores de las consultas previas a la intervención, el precio de la intervención -que había corrido a cuenta de la sanidad pública- y también le enseñaron las fotos de los médicos que la habían asistido como si fueran delincuentes.

El fiscal pidió que se interrumpieran estos interrogatorios, señalando, en un escrito de 17 de enero que esta diligencia no era "relevante" ni "necesaria". Y pide que, si no se acepta su solicitud, las mujeres declaren al menos ante el juez. El magistrado Sierra rechazó la petición y aseguró que la Guardia Civil estaba preservando, en todo momento, la intimidad personal y familiar de las mujeres.

Los tres médicos de la clínica Isadora se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante el juez hasta que éste concrete exactamente los hechos que les imputa a cada uno, según explicó el abogado del doctor Luis Hidalgo, Gonzalo Martínez Fresneda. "Nuestros clientes no tienen ningún problema en colaborar, pero una vez que está debidamente informado de cual es el reproche que se le está haciendo, sobre qué pacientes y qué abortos. No tiene ningún sentido que un juez pretenda que unas personas declaren en general, de nada en concreto". Otras fuentes jurídicas consultadas señalan que conocer con exactitud los hechos para poder elaborar una defensa constituye una garantía básica del sistema penal.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) expresó ayer su apoyo a Isadora y pidió al Gobierno una intervención "urgente" para evitar la "persecución" por parte de grupos antiabortistas. La entidad señala en un comunicado que se está poniendo en peligro la seguridad jurídica de los profesionales que trabajan en sus clínicas y de las mujeres que acuden a ellas, y que se podría ocasionar "un problema grave de salud pública".