En el año 2005 una Fundación “sin ánimo de lucro” se hace con el derecho de superficie de un solar en La Flota, municipio de Murcia. Inmediatamente contrata la construcción del edificio con una empresa solvente y simultáneamente cede sus derechos a una sociedad llamada “Globalis”, (aunque, según el pliego de condiciones del Ayuntamiento de Murcia, no se pueda ceder en los primeros 20 años de la concesión). La empresa constructora quiebra, pues ni la Fundación, ni Globalis le pagan la obra hecha.

Globalis solicita concierto educativo a la Consejería de Educación y éste se le concede a la espera de la autorización definitiva. En enero de 2007 se le da la autorización, con la particularidad de hacerlo con efectos retroactivos al 1 de diciembre para educación primaria, cuando los alumnos están escolarizados en otros centros. La Consejería paga dos aulas de primaria, con 11 y 9 alumnos hasta el 31 de agosto, (el concierto económico supone unos 50.000 euros por curso). Mientras tanto, Globalis solicita y obtiene otra cesión de superficie en Totana, siendo Alcalde Juan Morales, (escritura de 12 de abril de 2007), por la que se compromete como canon del derecho de superficie a construir un edificio municipal de 600.000 euros. Pero Globalis en su último depósito de cuentas declara un pasivo de 3.385.680 y además antes del 31 de marzo de 2008 tiene que hacer frente los últimos 500.000 euros de los 2.000.000, que era el canon a pagar al Ayuntamiento de Murcia, dinero que si ha pagado, no aparece reflejado en sus cuentas.

Pero Globalis no ha tenido nunca trabajadores dados de alta en SS, entonces ¿a quién le paga el concierto económico la Consejería?

Existe otra empresa, llamada Colegio San Antonio de Padua SL, con un capital social de 31.051 euros, que declara en su último depósito de cuentas, ejercicio de 2006, unas pérdidas de 17.154 euros

Y existe al menos una persona que ha entregado 150.000 euros para trabajar en ese colegio, lo más probable es que sean algunos más si actualmente están funcionando 9 o 10 aulas. Estos trabajadores ¿son socios de Globales, la cual es la “dueña” del derecho de superficie y del concierto? ¿Son socios de San Antonio que no tiene nada?

¿Puede la Consejeria de Educación, el Ayuntamiento de Murcia, el PP, el PSOE, IU, los colegios concertados normales, la fiscalía, las inspecciones de trabajo, de hacienda, de educación, un periodista…, alguien, intentar poner en claro este galimatías?