Una reflexión personal:

La ley 52/2007 de la Memoria Histórica fue promulgada en el BOE 310 de 27 de diciembre de 2007, tras casi tres años de intensos debates hasta que, uno a uno, todos los grupos parlamentarios (menos el PP y ERC, por razones contrapuestas) fueron aceptando pactar con el PSOE a cambio de generosas compensaciones económicas y/o estatutarias.

LA CARA OCULTA DE LA LEY

Cuando Zapatero pensó en crear este marco legal para tratar de las consecuencias de la guerra civil y del franquismo, no lo hizo para reparar a los nunca reparados, ni para honrar a los nunca honrados, de ninguna manera, no.

El alcance de esta medida va mucho allá de aparentar ser una batería de reparaciones morales o económicas. Se trata de sellar con un finiquito consensuado con el arco político parlamentario, la definitiva impunidad del franquismo y para ello, era necesario no declarar la ilegalidad jurídica de este régimen, como sí hicieron a partir de 1944 países de nuestro entorno, dominados por totalitarismos como Alemania, Francia o Italia.

La negativa del gobierno del PSOE a hacerlo, y el alto precio que ha tenido que pagar para comprar el voto de todos los grupos parlamentarios menos el PP (la devolución monetarizada del patrimonio histórico inmobiliario incautado a partidos y sindicatos por el franquismo) y la honrosa, valiente y ejemplar excepción de ERC, tiene como finalidad exonerar de toda responsabilidad criminal a los responsables de los crímenes perpetrados por los golpistas de 1936, y a los servidores del régimen que sometió a España desde 1939 a 1975, con la mayor operación de exterminio físico y moral del adversario ideológico habida en la Historia de España, dirigida por el propio estado para su implantación por el terror, delitos tipificados y castigados por el vigente código penal español (artículo 607.bis) que los declara "crímenes de lesa humanidad" y cuya persecución ha sido obviada -a sabiendas- por todos los fiscales de España, siguiendo las instrucciones de la Fiscalía General del Estado, como ha sucedido estos días al parar la iniciativa del Juez Garzón de investigar algunos crímenes franquistas, argumentando que se trata de delitos amnistiados en 1977.

UNA LEY DE IMPUNIDAD POLIVALENTE

¿Porqué el gobierno se mete de lleno en el zarzal de la Ley de la MH, a sabiendas de los problemas que ello le acarrearía? ¿Qué rentabilidad es la que en el fondo pretende obtener con este lío? La respuesta la encontramos en la incontenible extensión del movimiento social de la asociaciones memoralísticas y de víctimas de del fascismo, durante y tras la guerra civil, una de cuyas principales reivindicaciones ha de estar sustanciada con la exigencia de la ilegalización del régimen franquista, de sus tribunales represivos, así como la nulidad de pleno derecho de sus sentencias.

Llegados a este punto, entramos en el terreno que tan nervioso pone al cuadro de asesores legales de Zapatero: el cuestionamiento de la legalidad y de la legitimidad del heredero de la Corona nombrado por Franco, auténtico "quid" de la cuestión, y no –como se ha pretendido despistar- por la "ola de peticiones de indemnizaciones" que podría producirse por la ineludible responsabilidad civil contraída por el estado por aquellos crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando nada menos de que, al quedar ilegalizado el franquismo, se podría cuestionar en el plano jurídico la actual forma del estado español (la Monarquía) y en todo caso, la dudosa legalidad por la que el actual monarca no haya surgido de la expresión de la voluntad popular en el referéndum de 1978, si no de una consulta tramposa de la que fueron excluidos los partidos históricos republicanos, introduciendo de rondón la monarquía, ofreciendo como alternativa del diablo: "¿Quiere una democracia con Rey o un franquismo sin Franco?" y todo ello con un ejército en armas, dispuesto a salir a la calle otra vez a una orden de los generales que hicieron la guerra con el dictador que nombró a Juan Carlos como su sucesor, por voluntad de la Divina Providencia que él encarnaba.

AL IGUAL QUE SUCEDIÓ CON "LA TRANSICIÓN"
AHORA EXPORTAREMOS EL "MODELO ESPAÑOL DE IMPUNIDAD"

La Ley de la Memoria tiene mucho más alcance de lo que parece: con su aprobación se cierra el proceso de la transición, certificando lo que ya se conoce internacionalmente como "el modelo español de impunidad". Jurídicamente, el "corpus legal" del franquismo, sigue en vigor. La Ley de la MH ratifica la impunidad del Decreto de Amnistía de 1977, exactamente el modelo de impunidad que ha sido derogado recientemente por las democracias chilena y argentina; una impunidad que alcanza a los integrantes de los consejos de ministros de las postrimerías del franquismo, que tienen sobre su conciencia la firma consensuada que decreto los últimos fusilamientos de la dictadura, así como todos los miembros del enorme aparato represor, que llevó su acción criminal hasta la extinción del régimen, personas que viven entre nosotros plácidamente, sin haber tenido en toda su vida una palabra de piedad ni de contrición por el inmenso daño físico y moral causado.

LA LEY CONSAGRA LA MONARQUÍA

La Ley de la Memoria consagra la impunidad del Rey como parte de aquel inmenso aparato subordinado al "caudillo" que lo designó como su sucesor y evita abrir un debate nacional que cuestione la legalidad de la actual forma de gobierno de España.

Dejo casi para el final lo que considero una cuestión de la máxima importancia.

Tenemos constancia de que a través de las Casas de España ubicadas en países de América Latina, el gobierno de Zapatero está subvencionando con sumas importantes todas las actividades relacionadas con la Memoria que avalen las "bondades" de esta Ley, renunciando a poner en tela de juicio las inmoralidades que contiene. Una de las monedas de pago ha sido la concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de los exiliados. ¿Porqué?.

Al igual que "la Transición" ha sido promocionada en estos países sacudidos por crueles dictadura y violentas guerra civiles, las social-democracias sudamericanas ven como agua de mayo la intención del PSOE de "exportar" a bombo y platillo la Ley de la MH, como otra benévola experiencia con la que abordar en las repúblicas hispanoamericanas las consecuencias de estos conflictos, haciendo borrón y cuenta y nueva sobre las autorías de los golpes de estado y los crímenes genocidas o de lesa humanidad. Queda así más que evidente, el liderazgo que Zapatero adquiere ante los ojos de estas democracias, cuyos partidos social-moderados esperan con interés que les llegue esta providencial "solución" para ponerla en práctica, aunque ello suponga dar discreta marcha atrás en los tímidos avances que se llevan dados en contra de la impunidad y en la persecución, proceso y condena de los responsables.

PREGUNTAS PARA UN DEBATE
(MÁS PERSONAL QUE COLECTIVO)

Y llegamos así a final de esta reflexión con estas preguntas:

¿Son cómplices del franquismo los grupos parlamentarios que han pactado con el gobierno de Zapatero la Ley de la Memoria Histórica? ¿Tienen alguna responsabilidad moral quiénes rendidos a la tentación de dejarse comprar por el gobierno, han permitido con su doblez que una ley injusta deje sin castigo a los culpables supervivientes, legalice a la dictadura y a sus tribunales, y permita que sigan siendo legales las sentencias que llevaron a 179.000 republicanos ante los pelotones de fusilamiento, negando la judicialización de la investigación sobre las fosas comunes que repartidas por barrancos y cunetas, ocultan los restos de decenas de miles de víctimas del franquismo por toda España?.

¿Pueden estas organizaciones afirmar, sin incurrir en una inmoralidad insoportable, que esta ley "no les satisface", pero que más vale pájaro en mano que ciento volando?. ¿Cabe exigir responsabilidades políticas (y morales) a las organizaciones que llamándose "republicanas" o simplemente "demócratas", evitan el cuestionamiento jurídico de la actual forma de gobierno de España, al haber colaborado con la aprobación de esta ley abominable e injuriosa para sus propios objetivos, pretendidamente "republicanos" y que legaliza, "de iure", al régimen que derribó la República??

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Solo aquellas personas que por no disponer de una información veraz y no manipulada, han percibido la ley como un mal menor sin medir sus consecuencias quedan libres de todo reproche, pero quiénes se pronuncien a su favor A SABIENDAS de lo que su entrada en vigor implica, son -a juicio de quién esto escribe- indignos y miserables cómplices del franquismo, porque la Ley de la Memoria no es solamente una ley de impunidad. Es ANTE TODO una ley antirrepublicana y de impunidad, y es por ello por lo que varias asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo de toda España, ya están coordinándose en estos momentos para adoptar acciones que llevarán el caso ante los tribunales europeos de Derechos Humanos.

Nos veremos en Bruselas.