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Los trabajadores, partidos políticos, sindicatos,
asociaciones, ONG y medios de comunicación firmantes de esta declaración,
manifestamos nuestra solidaridad con el joven republicano Jaume d'Urgell,
procesado por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión
para reivindicar opiniones políticas legítimas.
Jaume d'Urgell arrió
la bandera roja y amarilla que ondeaba en un edificio oficial, y en su lugar
izó la enseña tricolor republicana: roja, amarilla y morada. Una bandera,
recordémoslo: española, constitucional, institucional y perfectamente
democrática, impuesta por las urnas y depuesta por las armas. Por este acto
de desobediencia civil pacífica, la Fiscalía solicita un año de cárcel, el
pago de una multa de 4000 euros y un año de inhabilitación especial para
sufragio pasivo (prohibición para presentarse a elecciones).
Con
esta acción simbólica y no violenta, Jaume puso de relieve la relación entre
los problemas cotidianos de la ciudadanía y una forma de gobierno que él
considera que no es totalmente representativa.
La acción buscaba
reivindicar la adopción de políticas orientadas a la reducción de la
precariedad laboral; un mayor compromiso de los poderes públicos para frenar
el aumento del coste de la vida –particularmente en el sector de la
vivienda–; y abogar por una forma de gobierno más democrática, en la que no
existan cargos públicos que no sean electos, vitalicios, jurídicamente
irresponsables, irrevocables y hereditarios; un modo de organizar la
sociedad basado en los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad,
fundamentado en el respeto a los Derechos Humanos, la transparencia y
austeridad en el gasto público, el laicismo, la paz y la efectiva
participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.
Este manifiesto no se pronuncia sobre dichas ideas, sino sobre la
libertad para expresarlas.
Consideramos que si Jaume d'Urgell odiara
a España –como pretende el Ministerio Fiscal–, no acudiría a manifestaciones
para reclamar una mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía y no
llegaría a comprometer su propia seguridad jurídica para defender aquello en
lo que cree. Por eso, manifestamos que la calificación penal de los hechos
es totalmente desproporcionada y que, si ésta llegara a plasmarse en una
sentencia, supondría un grave precedente para la conculcación de los
derechos y libertades políticas.
En beneficio de todos, exigimos la
libre absolución de Jaume d'Urgell y la derogación del artículo 543 del
Código Penal, sobre "Ultrajes a España", por entender que su redacción es
extemporánea y contradictoria con los artículos 20 de la Constitución
Española (antes 34) y 19 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que garantizan el derecho a no ser molestado por la libre expresión
de opiniones.
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Primeros firmantes: Raúl Marco, Rosa Regàs, Carlos Taibo,
Miquel Jordà, Pedro García Bilbao, Iñaki Saldaña, Ahmed Hijazi, Saif AbuKeshek, Julio Rodríguez,
Víctor Díaz Cardiel, José María Coronas, Antonio Marín
Segovia
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Cuenta bancaria para ayudar a sufragar los costes
del juicio: 2100 3000 17 2201679529 (gestionada por la ONG Paz Ahora, para
garantizar la transparencia y buen fin) de la “Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona”.
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