En relación con el debate parlamentario para la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, esta asociación hace pública la siguiente

DECLARACIÓN

Los crímenes contra la Humanidad no prescriben nunca y su persecución y reparación, vienen contemplados en los tratados internacionales de los que el Estado Español es signatario ratificado. Solo la observancia de estas leyes permiten una reparación justa y definitiva de las consecuencias de los conflictos civiles, desatados por la implantación y permanencia de los regímenes totalitarios. Su no observancia entraña la consiguiente indefensión de las víctimas, la impunidad de los culpables y el socavamiento de la base moral de las instituciones públicas nacionales, que tienen por misión el respeto a los Derechos Humanos de sus ciudadanos, valores superiores a los que se subordinan, desde 1945, todos los cuerpos legislativos de todos los países, hayan suscrito o no estas leyes vinculantes de obligado cumplimiento. Sin “Verdad, Justicia y Reparación” es imposible la reconciliación del sector social afectado por aquellos ignominiosos episodios de nuestra Historia. El texto de la Ley que el Gobierno presenta al Parlamento incumple estos tres principios por las razones que seguidamente se señalan 

1. Víctimas y Memoria Histórica Democrática.- Solo existe una memoria histórica capaz de ser compartida por todos los demócratas españoles: la Memoria Histórica Democrática, aquélla que valora los hechos históricos desde la supremacía moral de los principios democráticos actuales y entre ellos, el significado de la represión llevada a cabo sobre quiénes se mantuvieron leales al lado de la II República; así, las víctimas del franquismo, lo fueron como consecuencia de defender aquellos principios de justicia y libertad y no como “daños colaterales” equidistantemente repartidos entre los sublevados y quiénes defendieron un régimen legal y legítimo, como fruto de una violencia que no fue ni cualitativa ni cuantitativamente equiparable.

2. Derogación de leyes franquistas.- Los tribunales de la represión franquista fueron ilegales al ser creados por aplicación del Bando de Guerra de 28 de julio de 1936, siendo la principal herramienta de que se valió el franquismo para el exterminio físico de sus adversarios ideológicos; en consecuencia, sus sentencias son igualmente ilegales y corresponde declarar su nulidad de pleno derecho. Haciendo una burda acrobacia leguleya, el Gobierno se propone DEROGAR dicho Bando, es decir, que hasta que llegue ese momento, el bando firmado por Franco para justificar el levantamiento, todavía SIGUE EN VIGOR. Esta monstruosidad jurídica lleva al Gobierno al absurdo de reconocer que la Constitución de 1978 fue aprobada bajo el imperio de la legislación surgida a partir del Bando de Guerra del general Franco, situándolo por encima de la Constitución. Suponíamos que por la disposición derogatoria, punto 3º, de la Constitución de 1978, dichas leyes ya estaban derogadas.

3. La Ley ignora los Derechos Humanos.- Las asociaciones memorísticas y de víctimas del franquismo, esperábamos una Ley de reparaciones basada en la aplicación de la legislación internacional vigente en materia de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el estado español, que da respuesta a todas las consecuencias derivadas de la implantación de regímenes totalitarios y que tiene especial marco de aplicación en los países sudamericanos y los países emergentes tras la guerra de los Balcanes con juicios tan sonados como el que ha llevado al dictador Pinochet ante el banquillo de los acusados.

4. “Verdad, Justicia y Reparación”.- Confiábamos en que el Gobierno y los partidos políticos democráticos apoyarían las reivindicaciones expresadas por la inmensa mayoría de las asociaciones: Verdad, Justicia y Reparación, sin las que no es posible edificar un estado democrático de derecho; en su lugar, el resto de los partidos políticos, a excepción del PP y ERC (aunque por razones opuestas) han preferido claudicar de sus posicionamientos iniciales, plegándose ante el texto presentado por el Gobierno, el cual ha aceptado enmiendas que aumentan un poco más la distancia que separa el texto final de los planteamientos iniciales de los colectivos de afectados, presentados ante la correspondiente Comisión Interministerial.

5. Una Ley “equidistante”.- La ley de la Memoria pactada, adjudica el mismo plano de igualdad a lo largo de su articulado a las víctimas del bando vencedor, que durante los cuarenta años de dictadura han recibido todo tipo de reconocimientos y consideraciones, con las víctimas republicanas eternamente olvidadas. Decir que “todos perdimos en la guerra civil” o “violencias se cometieron en los dos bandos”, ignorando circunstancias cualificadas de cada caso, es faltar a la verdad histórica a sabiendas, o fruto de una ignorancia inducida o voluntaria y constituye una ofensa grave a su Memoria y al honor de sus descendientes.

6. “Ilegitimar” no es “ilegalizar”.- El texto de la Ley parte de una falsedad: hacer creer que con declaraciones solemnes para “ilegitimar” tribunales y sentencias, se pone fin a la vigencia de aquellas resoluciones, infames y prevaricadoras. La diferencia interpretativa en términos jurídicos entre los términos “ilegitimidad” e “ilegalidad”, son tan evidentes, como que la primera es una condena moral, sin ningún efecto legal, y la segunda implica una serie de consecuencias reparadoras ejecutivas jurídicamente respaldadas. Los crímenes de la represión franquista han sido ya calificados como “ilegítimos” por el Parlamento español y el Europeo, correspondiendo ahora al Gobierno la ILEGALIZACION de los tribunales represores franquistas y la anulación jurídica de sus sentencias, como se hizo en Alemania, Italia o Francia, una vez caídas las dictaduras. Es lamentable que el Gobierno y sus aliados, no se atrevan a ILEGALIZAR al franquismo ni a sus tribunales represores, para evitar dar una salida al ejercicio de las reparaciones que debería amparar un estado de derecho.

7. Consejos de guerra contra jurados populares.- La aprobación de esta ley equipara el tratamiento a los consejos de guerra emanados de un golpe de estado, con los tribunales de un Gobierno legalmente constituido agredido por un levantamiento militar, que intenta defenderse. Para esta Ley tan ilegítimo es el tribunal franquista que condenó a muerte al presidente de la Generalitat, como el jurado republicano que condenó a la misma pena al general Goded por encabezar la sublevación en Barcelona, o al fundador de la Falange por promover y dirigir desde la cárcel el golpe de estado y la incorporación de las milicias falangistas al lado de Franco.

8. PP: un consenso imposible.- La voluntad del Gobierno de consensuar la Ley con todos los partidos del Congreso, ha permitido confirmar que el Partido Popular persiste en un posicionamiento contrario a cerrar unas heridas que prosiguen abiertas a los treinta y dos años de la muerte del dictador y que le lleva a defender con sospechosa vehemencia, una injusticia herencia del franquismo que se plasma con su negativa a apoyar ninguna medida legal reparadora. Condenamos la inequívoca muestra de connivencia extemporánea sostenida por el PP, plasmada gráficamente con su obstinada defensa de los símbolos franquistas.

9. La Iglesia Católica y el perdón.- El papel de cohabitación y connivencia de la jerarquía de la Iglesia es un hecho histórico constatado, sin que la persecución de que fueron objeto sus seguidores por parte de asesinos incontrolados, pueda en modo alguno servir de excusa para justificar su silencio y hasta su complicidad con aquel régimen criminal, una implicación culposa por la que jamás ha perdido perdón; la Iglesia española hurga aún más en las heridas abiertas, con proyectos como la construcción de una gran basílica en Valencia a los Caídos por Dios y por España, o la promoción de actos pomposamente publicitados como la próxima canonización de casi quinientos “mártires de la Fe” en el Vaticano, ceremonia ampliamente anunciada por los medios de comunicación de su propiedad, mientras se olvida de los dieciocho sacerdotes vascos republicanos, fusilados por los rebeldes tras la toma de Bilbao en 1937, para los que no tiene una palabra de compasión ni reconocimiento.

10. Una Ley ostracista para la Memoria de las víctimas.- La Ley reduce la Memoria Histórica de las víctimas al ámbito familiar y personal, privando a la sociedad española de este legado didáctico, no contemplando su recuperación y difusión a través del sistema educativo, como sucede en los países democráticos de nuestro entorno. La Memoria Histórica del Holocausto, que asesinó a siete mil republicanos españoles, forma parte del acervo moral y cultural de países como Alemania, Austria o Francia; la Memoria Histórica es la que lleva a las playas de Normandía a los jefes de estado europeos al Memorial de Caen y a decir a la canciller alemana: “los muertos de Normandía, son también nuestros muertos”.

11. “Ni bandidos, ni vencidos”.- Así titula su reciente libro el guerrillero cántabro Jesús de Cos. La guerrilla antifranquista es uno de los episodios más dramáticos y heroicos de la Historia de España. Apenas quedan entre nosotros cuarenta supervivientes que contemplan desolados la consolidación de esta ingratitud institucional que esta Ley certifica. Mientras en Francia los “maquis” españoles han sido condecorados y reconocida jurídicamente su condición de combatientes, en España se mantienen en vigor la legalidad de las sentencias, resultantes de aplicarles las leyes contra el bandidaje y el terrorismo, persistiendo la condición de malhechores que consta en unos expedientes policiales que no han sido anulados. La Ley aporta un inútil reconocimiento moral, que ya fue proclamado por la declaración parlamentaria de 2004, sin que repare el sufrimiento causado por el franquismo en este colectivo y en sus entornos, (enlaces y puntos de apoyo) ni aporte reconocimiento jurídico de su condición de ex combatientes contra la dictadura, negándoles derechos reconocidos a sus homónimos en Francia o Italia.

12. Los archivos de la represión blindados.- La Ley no contempla plazos ni procedimientos legislativos ni normativos que permitan el pleno ejercicio de la libertad de acceso de los investigadores a los archivos de la represión, a cargo principalmente de las fuerzas armadas, la guardia civil y la policía, instituciones que se han destacado como manifiestamente obstruccionistas a la práctica de este derecho constitucional. La historia de nuestro país sigue estando secuestrada por situaciones de inadmisible desorden archivístico, medidas arbitrarias de limitaciones de consulta y otras coartadas, para inhibir a los ciudadanos de acceder a estos fondos documentales.

13. Los militares de la UMD.- La Ley “reconoce” a los militares que pertenecieron a la Unión Militar Democrática (UMD), el único sector progresista que se destacó entre las fuerzas armadas franquistas, siendo represaliados por ello con la cárcel y la separación definitiva del servicio. Este reconocimiento formal es innecesario, por cuanto su gesto de valentía personal y corporativa ha sido ya asumido por nuestra sociedad. La Ley debería haber procedido a la rehabilitación jurídico-administrativa de todos sus miembros, reconociéndoles los grados, condecoraciones y demás méritos y situaciones que les hubiese correspondido, de no haber sido perseguidos por sus convicciones democráticas.

14. El Valle de los Caídos.- Siete mil presos republicanos trabajaron como esclavos construyendo el Valle de los Caídos, muriendo muchos de ellos a consecuencia de las enfermedades, el agotamiento y los accidentes laborales. Todas las asociaciones y colectivos de afectados, sin excepción, trasladaron al Gobierno su exigencia de reorientar el significado del principal monumento erigido para exaltar aquella dictadura. El texto de la Ley perpetúa la permanencia de los restos de Franco y José Antonio en la cripta, negándose a la desacralización de la basílica y la reconversión del conjunto en un Memorial de las Víctimas del franquismo, como fórmula para reorientar el sentido didáctico del monumento. Los ridículos cambios contemplados en la Ley, toleran la perseverancia simbólica de este ominoso referente, el más expresivo de todos los que permanecen en los espacios públicos españoles.

15. Fosas comunes y desaparecidos.- La tragedia de los que buscan a sus desaparecidos afecta a decenas de miles de familias españolas que, al contrario de las del bando vencedor en la guerra civil, fueron abandonadas a la dolorosa incertidumbre de no saber el lugar en donde yacen los restos de sus seres queridos, muchos de los cuales se encuentran en fosas comunes en barrancos y cunetas de cuya existencia se tiene probada y documentada existencia. La Ley permite que el Estado abandone a su suerte a estas familias, derivando hacia órganos periféricos la responsabilidad de ayudarles, obligación que compete al Estado, poniendo éste en marcha las actuaciones judiciales que contempla la legislación internacional de imperativa aplicación. “Las fosas comunes del franquismo” son una trágica realidad cuyo tratamiento integral desde principios de legalidad internacional bajo jurisdicción y vigilancia judicial, llevaría a la identificación de los restos por ADN, la investigación de la naturaleza y autoría de los asesinatos, la persecución de los responsables que supervivan, tal como se realiza en otros países en este momento, y al digno enterramiento y culto a su memoria a cargo del Estado, considerando el expreso deseo de los familiares.

16. ERC firme ante la Ley de la Memoria.- La asociación reconoce y agradece al grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) la valiente y tenaz defensa de las reivindicaciones planteadas al Gobierno por las asociaciones memorísticas y de víctimas del franquismo, negándose a claudicar a las presiones y al chantaje de un Gobierno, que ha utilizado como moneda de cambio la devolución urgente de los bienes incautados por el franquismo a dicho partido, tras la guerra civil.

17. La Ley del Embudo.- Sin anular jurídicamente las sentencias de los Tribunales de Responsabilidades Políticas del franquismo, que incautaron los bienes de los partidos, sindicatos y demás organizaciones republicanas, el Ministerio de Hacienda ha ingresado durante 2006 en las cuentas de la UGT 124 millones de euros, devolviéndose la propiedad de 54 inmuebles incautados valorados en cientos de millones de euros, mientras la Ley niega este mismo derecho de recuperar los bienes incautados a particulares sancionados por estos mismos Tribunales. La “seguridad jurídica” en que basa el Gobierno esta negativa, no la aplica al caso de los partidos y sindicatos, una arbitrariedad jurídica conocida como la Ley del Embudo o más técnicamente algo parecido a la prevaricación.

18. 16.000 Razones.- Dieciséis mil consejos de guerra, se celebraron en la provincia de Murcia entre 1939 y 1957, sustanciados en los correspondientes sumarios que se conservan actualmente en Cartagena, dando fe de esta persecución. Aquellos procesos se resolvieron con miles de penas de muerte o largas condenas en prisión, o realizando trabajos esclavos en obras públicas, para beneficio de empresas privadas. Pocas familias murcianas hay que no hayan sido alcanzadas por aquella onda represiva de posguerra. Dieciséis mil razones para hacer justicia histórica anulando jurídicamente al régimen franquista, a sus tribunales represores y a sus inicuas sentencias, vigentes todavía al no quedar anuladas por esta Ley.

19. Justicia sí, impunidad no.- La asociación suscribe íntegramente el “plan de acción” propuesto por el Equipo Nizkor de expertos en derecho internacional, como desarrollo del documento que entregó al Gobierno en 2005 titulado “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas”, cuyo eje argumental estriba en la aplicación de las leyes de Derechos Humanos promulgadas por las Naciones Unidas, que persiguen la impunidad de los responsables y procuran la reparación de los daños de todo tipo inferidos a las víctimas de los regímenes dictatoriales.

AMIGOS DE LOS CAÍDOS POR LA LIBERTAD (1939 - 1945)