No hay ningún precedente anterior en España a la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, que afecte directamente a todo un Gobierno autonómico como es el caso del que preside Ramón Luis Valcárcel (PP) en la región de Murcia. El hecho de que tales delitos afecten al pleno del Consejo de Gobierno es de tan envergadura que ha sido calificado de “muy graveâ€� por el PSRM-PSOE, que ha pedido la comparecencia urgente de Valcárcel en la Comisión Permanente de la Asamblea Regional. El gobierno autonómico murciano se gastó 5,4 millones de euros en descontaminar una balsa de minerales estériles propiedad de la empresa Portmán Golf S.A., cuando esta acción le corresponde por ley a esta empresa y no a ningún gobierno, y posteriormente el mismo gobierno pagó a la misma empresa otros 2,72 millones de euros por depositar los mismos estériles en otra balsa a escasos metros de la anterior y también propiedad de la misma empresa.

Lo millones de metros cuadrados en las que estaban ubicadas decenas de instalaciones mineras en el municipio de La Unión que habían sido propiedad de la Sociedad Minera Metalúrgica Peñarroya España fueron adquiridas a principios de 1990 por los empresarios cartageneros ligados al urbanismo Mariano Roca Meroño y Alfonso García Sánchez, que constituyeron la empresa Portmán Golf, cuando desapareció totalmente el sector minero en esta zona después de veinte siglos de actividad

La minería en La Unión había originado en sus últimos treinta años de actividad la mayor contaminación y el mayor desastre ecológico conocido en el Mediterráneo, al verter unos 60 millones de toneladas de estériles de metales pesados que colmataron por completo la bahía de Portmán. La misma actividad minera asimismo había colmatado la conocida balsa Jenny, una especie de pantano que también se había convertido en una montaña de estériles contaminantes. Y el Gobierno autonómico de Valcárcel lo que hizo fue aprobar que Portmán Golf S.A. le cediera esa balsa para, a través de la empresa estatal Tragsa, proceder a su descontaminación, por cuya operación el gobierno regional pagó 5,4 millones de euros, cuando era la propia Portmán Golf, propietaria de los estériles contaminantes, la obligada por ley a hacerlo y correr ella con los gastos de descontaminación.

Pero ahí no quedó la cosa, sino que en otro pleno del Gobierno de Valcárcel se tomó la decisión de pagar con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, otros 2,72 millones de euros a Portmán Golf, al ser depositados los estériles mineros de la balsa Jenny en una zona colindante y también propiedad de la misma empresa.

La portavoz socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, ha calificado este escándalo de “muy graveâ€�, ya que la Fiscalía Anticorrupción investiga por los presuntos delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos “a todo el Gobierno regionalâ€�. Para Rosique, “esta es una situación sin precedentes en todo el paísâ€�. Al escándalo de tener ya catorce altos cargos imputados por los jueces se suma ahora la actuación de todo un gobierno investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Rosique ha sentenciado que el gobierno de Valcárcel “se ahoga en una balsa de corrupciónâ€� y añadido que si faltara más tiempo para las elecciones, el gobierno de Valcárcel “no llegaba entero a las mismas por motivos penales. A este paso la actuación de Valcárcel y su gobierno deja pequeña a Marbellaâ€�.

La relación de Valcárcel con los propietarios de Portmán Golf tiene antecedentes. En 2004, el gobierno regional decidió solicitar a la Comisión Europea la desprotección de una parte del parque natural de Calblanque, considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y cercano a los terrenos propiedad de los empresarios Mariano Roca y Alfonso García, para que Portmán Golf pudiera llevar a cabo la construcción de un macrocomplejo urbanístico.

Los constructores inmobiliarios Mariano Roca Meroño –conocido en la comarca como Pan de Higo- y Alfonso García Sánchez tienen estrechas relaciones desde hace dos décadas con el también cartagenero Tomás Olivo, encartado por la operación Malaya, al igual que su “cerebroâ€�, el también cartagenero José Antonio Roca, así como con el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, natural de la comarca cartagenera, y del empresario murciano Luis de Rivero (Sacyr). También con la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, también del PP, en cuyo municipio como en la zona del Mar Menor llevan a cabo numerosas operaciones urbanísticas. Mariano Roca, como propietario de la empresa agrícola Frocap, también está vinculado a la trama del “robo del aguaâ€� en la cuenca del Segura, investigada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, y estuvo implicado también, entre otros asuntos, como propietario de tres pozos ilegales, en una investigación por presunto fraude fiscal y en la sustracción de joyas y documentos de una caja de seguridad bancaria.