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 INTRODUCCIÓN
La cuestión de la vivienda refleja perfectamente el carácter formal
de la democracia monárquica que ignora sistemáticamente los derechos
reconocidos en su propia constitución de 1.978: Mientras el hijo de
Juan Carlos I, dispone de un palacio de 1700 metros cuadrados, el
problema de la vivienda ha alcanzado los últimos años unas dimensiones
sociales alarmantes; un puñado de especuladores y ganapanes se han
hecho literalmente de oro, en tanto millones de ciudadanos,
especialmente los jóvenes, tienen serias dificultades para desarrollar
sus expectativas vitales, obligados como están, a endeudarse
prácticamente toda la vida para poder adquirir una casa en propiedad o
hacer frente a alquileres que se llevan una parte sustancial de sus
recursos.
 Los
últimos meses han surgido diversas iniciativas locales, la mayoría de
las cuales vienen realizando aportaciones muy interesantes. Se han
hecho también estudios muy valiosos (en el documento señalamos a menudo
las referencias a un trabajo excelente del Gabinete Confederal de
CC.OO. sobre el tema), que, en general, enfocan el problema desde una
perspectiva técnica; se echaba a faltar un enfoque político y global
que permita conocer la realidad del problema de la vivienda dentro de
un marco general en el que las opciones económicas y políticas y la
propia estructura administrativa del régimen continuista, son
determinantes para explicar su alcance. Solo así podremos hacerle
frente de un modo eficaz, porque, en definitiva, en esta materia, como
en otras muchas, (sanidad, enseñanza, derechos sociales, etc) las
soluciones desde una perspectiva popular están ligadas a la lucha por
un nuevo marco político democrático que pasa, necesariamente por la
superación de la monarquía.
Así pues, los miembros de la Comisión que hemos elaborado este
estudio, nos hemos centrado en el enfoque político, con la idea de
abrir un debate en el que las aportaciones de las organizaciones
populares y los ciudadanos son fundamentales.
Si lo logramos, daríamos por bien empleado nuestro esfuerzo.
LA VIVIENDA EN ESPAÑA: PROBLEMA ACUCIANTE
![]() En este estudio trataremos únicamente de la vivienda; pero para
llegar a comprender el alcance del problema en la España monárquica,
deberá tenerse en cuenta también (lo tocaremos únicamente de forma
marginal y en la medida en que afecta necesariamente al coste de la
vivienda) la obra pública que en muchas zonas es objeto de un proceso
especulativo tan intenso, si no más, que la construcción residencial.
Solo hay que pasearse o intentarlo por una gran ciudad (si se elige
Madrid, regida por el pepismo desde hace más de una década, la
situación puede llegar a ser delirante) para ver centenares de obras
que horadan las calles, mortifican a los vecinos *(1), incrementan la
deuda pública *(2) (la anunciada retirada de fondos europeos agravará
aún más el endeudamiento de la Administración)...y engordan los
resultados de las entidades financieras, promotoras y constructoras, a
la vez que encarecen la construcción residencial en un proceso
alimentado por un régimen cuyos “compromisos democráticos†acaban donde
empiezan los intereses de la oligarquía dominante.
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo
este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés
general para impedir la especulaciónâ€. Así reza el artículo 47 de la
Constitución monárquica de 1.978. Como pueden comprobar millones de
ciudadanos en su vida diaria, la letra de este artículo es papel
mojado, por cuanto los poderes públicos no sólo no se han preocupado de
garantizar este derecho, sino que su regulación del sector ha
favorecido la especulación más salvaje con consecuencias desastrosas
para la economía española. Estas son algunas de ellas:
El brutal encarecimiento del precio de la vivienda.-
 Comprar una vivienda requiere un esfuerzo titánico a las familias
trabajadoras. Más aún si al precio de mercado, añadimos los diferentes
impuestos y gastos en que incurre el comprador para formalizar la
adquisición (7% de IVA, notaria, registro, etc).
Entre 1987 y 2004,
el coste medio de la vivienda en términos reales, ha crecido trece
veces y media más que los salarios. De 1995 a 2002, los precios de la
vivienda crecieron en España el triple que el promedio en la Eurozona,
el año 2002 el encarecimiento fue cuatro veces mayor.
El precio
medio de la construcción ha subido en 2.005 un 12,5% de media. Este
dato oficial, sin embargo, oculta que, como señala la consultora
inmobiliaria británica CB Richard Ellis (no olvidemos que actualmente
viven permanentemente en España, alrededor de un millón de ciudadanos
británicos), por primera vez desde 2.000 han experimentado subidas
todos los segmentos inmobiliarios (locales, centros comerciales,
oficinas, etc) y el precio de la vivienda creció realmente un 16,7%.
No se escapa de esta espiral irracional la vivienda protegida cuyo
precio medio a nivel nacional era en 2005 de 82.134 euros (147.500 en
Madrid). La bajada de tipos de interés, ha permitido que a pesar de la
escalada de precios, se siguieran adquiriendo viviendas, lo que además
de contribuir a su vez a mayores incrementos, ha multiplicado por tres
el endeudamiento de las familias: la deuda familiar que en 1.997 era de
222.827 millones de euros, alcanzó en Septiembre de 2.005 los 674.410
millones de euros, lo que supone el 76% del PIB; de esta deuda
familiar, un 86% obedece a los préstamos para compra de vivienda.
Tomado de “El País†21 de Enero 2.006
La vivienda en alquiler
Mucho se ha hablado de la denominada cultura de la propiedad en el
estado español, según la cual los ciudadanos rechazarían el alquiler
por motivos “culturalesâ€. Con esta teoría, se quiere salvar la cara del
régimen ante un dato incuestionable: el parque de viviendas en alquiler
es uno de los más bajos de Europa con el 11,3% del total según el censo
de 2.001, frente al 39% de media en la Unión Europea.
Pero, a esta
cifra se ha llegado tras una evolución muy rápida, marcada por la
política de los sucesivos Gobiernos que no han acometido la
construcción de un parque de viviendas públicas en alquiler y han
regulado el sector lesionando el papel del arrendador y favoreciendo al
dueño del piso.
En 1.960 estaba en alquiler el 42,5% del parque
total de viviendas y todavía en 1.990 el 18% del total, cifra desde
luego muy alejada del 60% en Alemania, el 56% de Holanda o el 38% en
Francia, ese año.
Si bien es cierto que el crecimiento tan anormal
del precio de la vivienda ha acostumbrado a los ciudadanos a calcular
la adquisición de un piso en términos especulativos, valorándolo
también como una inversión, la tendencia a comprar se explica sobre
todo porque el precio medio del alquiler es desmesuradamente alto, lo
que unido a una legislación iniciada con el Decreto Boyer, en 1.985,
particularmente negativa para el inquilino, desincentiva el
arrendamiento en favor de la compra:
Según datos del Consejo
Económico y Social de España, actualizados hasta 2.002, el precio medio
del alquiler era ese año de 629 euros mensuales (898 si es vivienda de
nueva construcción). Y aún mayores en Madrid (1.080 y 1499 euros
respectivamente), las grandes ciudades y las zonas de gran desarrollo
urbanístico.
Capítulo aparte merece la vivienda social en alquiler,
que, como decimos más arriba es para nosotros una de las principales
carencias de la legislación y de la práctica política de los sucesivos
gobiernos. Este tipo de viviendas (ofertadas por los poderes públicos,
garantizando alquileres asequibles para el ciudadano) que en Alemania
supone el 10% del total, en Gran Bretaña el 21% y en Holanda el 35%,
tan solo alcanza en el Estado español el 2% del parque de viviendas.
Nosotros consideramos ésta una de las medidas más necesarias para
garantizar el acceso a la vivienda a los sectores con menores niveles
de renta: jóvenes, inmigrantes, etc.
La depredación medioambiental del territorio, especialmente del litoral mediterráneo-
En un reciente informe de Greenpeace, bajo el título: “destrucción a
toda costa 2.005†se exponen datos demoledores sobre el grado de
degradación medioambiental del litoral, particularmente del
mediterráneo. El 34 por ciento del área determinada por el primer
kilómetro del litoral (la franja más cercana a la línea de costa) ya
está urbanizado; la situación es aún peor en el litoral andaluz donde
la urbanización alcanza al 59%.
La organización ecologista destaca
el daño potencial debido a la aprobación de 768.000 nuevas viviendas (a
las que habría que añadir las viviendas ilegales que sólo en Marbella
son 20.000), 58 campos de golf*(3) y 77 nuevos puertos deportivos o la
ampliaciones de éstos.
El 46,6% del total de las viviendas como
segundas residencias están situadas en sólo tres comunidades: C.
Valenciana (16,8%), Cataluña (15,2%) y Andalucía (14,6%). Igualmente
estas tres comunidades acumulan cerca del 50% de las viviendas vacías:
Andalucía (503.483 viviendas), C. Valenciana (415.944) y Cataluña
(414.234); les sigue de cerca Madrid con 292.445 viviendas vacías.
Problemas como la falta de agua y la degradación de espacios naturales,
son consecuencia también del brutal proceso de construcción
especulativa llevado a cabo en las zonas “turísticasâ€. Ciudades como
Gandia, Benidorm, Marbella y tantas otras, soportan un incremento de la
población muchas veces insostenible que reduce la calidad de los
servicios ciudadanos.
El propio Parlamento Europeo, alarmado por
las continuas demandas de ciudadanos españoles y residentes extranjeros
sobre irregularidades urbanísticas, expropiaciones ilegales para
permitir planes urbanísticos, etc, emitió el 5 de Diciembre pasado un
informe, aprobado por 550 votos contra 45, en el que, se indica que
España consume más del 60% del cemento de la UE y se pide una moratoria
en la aplicación de planes urbanísticos en la Comunidad Valenciana. El
informe señala que “ciertos planes urbanísticos parecen tener un
impacto desastroso sobre el medio ambiente y la ecología de numerosas
zonas costeras y sobre el futuro abastecimiento de aguaâ€
Frente a
la especulación sin escrúpulos de promotores e “inversoresâ€
inmobiliarios, la Administración siempre ha tenido una actitud
complaciente. El Gobierno actual no es una excepción: recientemente la
Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en lugar de plantearse
seriamente poner coto a la especulación, manifestaba la intención de su
Departamento de comprar terrenos para “corregir en lo posible los
efectos indeseables de la ocupación costera y la urbanización excesivaâ€
y añadía :â€buena parte del litoral mediterráneo y de los archipiélagos
requiere alguna que otra actuación para recuperar o preservar espacios
muy valiosos desde el punto de vista medioambientalâ€
El despoblamiento de amplias áreas del interior-
Amplias zonas del interior peninsular se vacían aceleradamente,
concentrándose la población en la periferia costera y en las grandes
ciudades, lo que provoca un desarrollo inarmónico.
20,6 millones de
personas (poco menos de la mitad de la población total) reside en 8 de
las 52 provincias del Estado: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Alicante, Málaga, Murcia y Vizcaya. Sólo en Madrid y Barcelona reside
la cuarta parte de la población del Estado español. Al mismo tiempo, el
encarecimiento de la vivienda fuerza la “huida†de la población de la
ciudad a las áreas metropolitanas periféricas*(4).
En esas zonas
donde se concentra la población, el proceso de especulación es
particularmente brutal, el precio de la vivienda crece año a año de
modo imparable, espoleado además por los incentivos de la
Administración, concretados en la multitud de eventos internacionales a
cuya organización se opta, eventos que para el ciudadano únicamente
reportan quebraderos de cabeza* (5)
El problema de la vivienda y la política del régimen monárquico
Para una mayoría de políticos y técnicos “pragmáticos†la vivienda
está sujeta al capricho del mercado; sólo él y sus “ciegas†leyes son
responsables del problema; el Gobierno de Aznar insistía cínicamente
una y otra vez en que la vivienda se encarece, porque la gente compra.
Pero no es posible enfocar el lamentable estado actual de la vivienda,
en el Estado español si no se tiene en cuenta la perspectiva política
del problema. Con el paso de los años hemos llegado a una situación en
la que cualquier medida racional, encaminada a garantizar el acceso a
la vivienda como derecho social, se antoja revolucionaria. Y en cierto
sentido lo es, por cuanto ataca necesariamente los fundamentos de un
régimen (el monárquico) que tiene en el caciquismo la base de sostén de
su estructura política y en la especulación el centro de su actividad
económica:
 Falta una política económica productiva, independiente y progresista:.
Los responsables económicos de los sucesivos gobiernos de la
monarquía han utilizado con profusión los términos competitividad y
modernización; pero nunca han planificado una política económica
racional y productiva que garantizara ambas cosas. El hecho de que
España tenga el segundo mayor déficit comercial del mundo, (es decir
importa muchos más bienes y servicios de los que exporta a otros
países) tras EEUU, es la mejor prueba de que el único norte de la
política económica en la España monárquica ha sido el interés de los
especuladores.
Tras el turismo, el segundo sector en aportación al
PIB, es la construcción, que ocupa a más del 12% de los trabajadores en
el estado español, en muchas ocasiones inmigrantes que prestan sus
servicios en condiciones laborales extremadamente precarias.
Las
propias viviendas son un refugio para el capital especulativo: el
sector de la vivienda se ha consolidado como el primer destino de la
inversión realizada en la economía española, a donde se dirigen una
parte importante de las rentas obtenidas en la economía sumergida y de
los enormes beneficios de las entidades financieras, en muchas
ocasiones opacos también al control fiscal. (La revista económica
“cinco días, señalaba el 19 de Enero de 2.006, que el 40% del crédito
hipotecario en España, lo contratan empresas y sociedades)
En los
últimos meses, se ha generalizado la tendencia de muchas empresas
industriales (por ejemplo, Renault V.I, ubicada en el barrio de
Villaverde, en Madrid.) a “deslocalizar†su inversión a otros países,
aprovechando el altísimo valor del suelo para obtener unas jugosas
rentas, mediante la venta de los terrenos en los que estaban
construidas las fábricas.
¿Faltan viviendas?
No, sobran especuladores: España es el país comunitario con un mayor
número de viviendas por habitante: 528 por cada 1.000 ciudadanos,
frente a una media europea de 432 pisos, de lo que se deduce que hay
más de una casa para cada dos españoles, según datos dados a conocer
por el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Gregorio
Mayayo Chueca. En los últimos años, los permisos de construcción en
España han superado los correspondientes a los de Alemania, Reino Unido
e Italia juntos.
En el año 2.005, se construyeron más de 800.000 viviendas (desde
2.001 se han levantado por encima de 600.000 anuales) cuando el nivel
estructural deseable se sitúa, según el Colegio de Arquitectos, entre
las 300.000 y las 350.000 al año. Recogido de “Cinco díasâ€
7-noviembre-2005,
Alguien puede objetar que si se construyen
viviendas a un ritmo tan vertiginosos es para hacer frente a la demanda
residencial. Lo que realmente sucede es que la parte del león en el
sector de la construcción de viviendas, se destina, insistimos en ello,
a la especulación.
El último censo, de 2.001, recoge un parque de
20,8 millones de viviendas, el triple de las que había en 1.950 y el
doble que en 1.970. En la última década, el aumento en el número de
viviendas (+20,9%) ha sido cuatro veces mayor que el aumento de la
población (+5%). Pero sólo el 68,5% del total del parque de viviendas
se está utilizando como vivienda principal.
¿Donde están el resto
de las viviendas construidas? En 2.001, el 16,3% del total se
consideran como segunda residencia (3.323.127) y el 13,9% están
desocupadas (2.894.986). *( 6)
Es decir, en un país en el que
millones de ciudadanos tienen severamente restringido el acceso a una
vivienda, existen más de seis millones vacías o utilizadas
esporádicamente.
Así pues, la vivienda no es un bien social, tutelado y garantizado
por los poderes públicos, como cínicamente ordena el art. 47 de la
Constitución del 78. En la España monárquica, la vivienda (la
construcción en general) es parte de un proceso de especulación, en el
que el suelo juega un papel muy importante.
Suelo, estructura política y administrativa, caciquismo y especulación inmobiliaria.-
Cada vez que se debate un problema relacionado con el derecho a la
autodeterminación de alguna de las nacionalidades históricas,
(Cataluña, Galicia, País Vasco) se desata entre la clase política una
reacción histérica dominada por el nacionalismo españolista de corte
joseantoniano.
Ahora bien, si caciques y dirigentes de las
principales fuerzas políticas defensoras de la monarquía borbónica,
claman sobre la unidad de España y hablan de solidaridad entre
territorios, cuando se tocan sus intereses terminan la cháchara y
comienzan la pelea entre ellos; todos se niegan a que se toque su
“soberanía†para decidir la mejor manera de especular.
Han sido
numerosas las manifestaciones convocadas por caciques y políticos
reaccionarios, en la Comunidad Valenciana, Murcia y el levante andaluz,
manipulando de modo vergonzoso a los ciudadanos, al gripo de “Agua para
todos†. En ellas se pedía el trasvase de agua de zonas húmedas, en
nombre de la solidaridad entre territorios.
Pues bien, una de las
razones principales de la carencia de agua en el levante peninsular,
señalada explícitamente por el informe del Parlamento Europeo del que
hablábamos más arriba, es el brutal ritmo de construcción residencial
en la zona, acompañada de obras “faraónicas†como campos de golf y
parques temáticos. Esa orientación económica que está llenando los
bolsillos de sinvergüenzas, especuladores y políticos corruptos, pone,
además, los cimientos de la futura ruina económica de comunidades
enteras que ven como su industria se pierde y el precio de los bienes
más necesarios, como la vivienda, se encarece aceleradamente.*( 7 )
La España borbónica el denominado Estado de las Autonomías es una
delicada estructura construida para regular el reparto de poder interno
entre los diversos sectores de la oligarquía.
En la cúspide,
tomando las grandes decisiones en el terreno económico, político y
social, la oligarquía nacional, los grandes grupos financieros, que
regulan la política exterior, la aplicación de los programas regresivos
en materia laboral y social, etc; un escalón más abajo, pero con
intereses entrelazados, la oligarquía territorial, incluidos los
nacionalistas, en permanente conflicto para obtener mayores trozos de
la tarta.
Y en el escalón más bajo del Estado “descentralizadoâ€
monárquico, los ayuntamientos que, como luego veremos, asumen cada vez
más competencias reales delegadas por los niveles superiores, pero
tienen una financiación insuficiente, lo que favorece la presión de los
caciques locales que llegan a dirigir en demasiados casos la política
local, de manera particular en el terreno urbanístico.
En las zonas
de mayor desarrollo urbanístico, los grupos locales de especuladores se
pelean por el control de los negocios de beneficio fácil y
rápido,(entre ellos, de manera especial, la vivienda) utilizando a
grupos de políticos corruptos. Esto provoca continuos escándalos y
peleas que no obedecen a diferencias políticas sino a intereses
económicos privados. No es casualidad que sea precisamente en estas
zonas, donde se está dando un crecimiento alarmante de la actividad de
grupos criminales, escándalos de blanqueo de dinero, crímenes y ajustes
de cuentas.
“…Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para
impedir la especulación†. Art 47 Constitución 1978
El escándalo de las elecciones autonómicas de 2.003 en Madrid, que
hubo que repetir ante la parálisis provocada por la traición de dos
diputados del PSOE (Tamayo y Sáez) íntimamente ligados a grupos
especuladores inmobiliarios, puso de manifiesto el grado de control de
la política autonómica y local por grupos de especuladores que en poco
se diferencian de la mafia.
La identidad entre especuladores y
políticos corruptos, ya no se simula, sirva este ejemplo también del
Ayuntamiento Madrid: el que fuera concejal de vivienda por el PP, tras
abandonar su cargo municipal, tardó menos de diez días en ser nombrado
vicepresidente de una inmobiliaria con intereses en la capital.*(8)
¿Cómo se encarece el suelo?
A la hora de valorar la influencia del suelo en el precio de la
vivienda, lo primero que hay que tener en cuenta, según un informe del
Gabinete Económico Confederal de CC.OO., publicado en “cuadernos de
Información Sindical, nº 60, de 2.005, es que no existe un índice
oficial de precios, ni es posible conocer con exactitud la propiedad
del suelo en el Estado español (por la existencia de empresas
intermediarias, testaferros, etc), por lo que todos los datos son más o
menos aproximativos y probablemente no expresen la magnitud del
problema.
Según la Asociación de Promotores Constructores de España
(APCE), que por ser parte interesada, puede infravalorar los datos, el
suelo finalista supone cerca del 24% del precio de venta de cada piso
(en la Comunidad de Madrid, llega al 50% del coste de cada vivienda).
“El elevado precio del suelo es consecuencia principalmente de
comportamientos oligopolistas que restringen la oferta y permiten
procesos muy especulativosâ€. Cuadernos sindicales nº 60.
Comportamientos agravados con la entrada en vigor de la Ley 6/1998
sobre Régimen del suelo y valoraciones, modelo pepista de
liberalización, que considera urbanizable todo el suelo donde no
concurran razones para su preservación, refuerza las prerrogativas del
propietario y liberaliza el precio del suelo que pasa a depender de su
valor de mercado.
Las consecuencias saltan a la vista y estrujan
el bolsillo de los ciudadanos: según los últimos datos disponibles, el
importe medio de las tasaciones de terrenos urbanos habrían aumentado
un 30% en 1999, un 36% en 2000 y un 46% en 2001; sólo en 2.004 se
calcula que el negocio del suelo ha supuesto un mínimo de 21.600
millones de euros, la mayor parte plusvalías procedentes de un proceso
especulativo. (Gabinete Económico Confederal CC.OO).
Un dato
aparentemente paradójico contribuye a reforzar la evidencia del
intensísimo proceso de especulación sobre el suelo y el papel que en él
juegan muchos ayuntamientos: contra lo que pueda parecer, todo indica
que hay un exceso de suelo urbanizable (a finales de 2.001, por
ejemplo, solo en Madrid, existían 27 millones de metros cuadrados
edificables) la mayoría de él, según la Federación Español de
Municipios y Provincias, en manos privadas (instituciones financieras,
promotoras inmobiliarias -incluidas grandes empresas de construcción-,
grandes compañías…). El suelo de propiedad pública no es mayoritario:
algunos cálculos lo sitúan entorno al 10% del total.
El proceso de transformación del suelo en urbanizado,
listo para edificar en él, pasa por diversas fases: en la primera, se
parte del suelo urbanizable bruto, una vez que ha sido incluido dentro
del planeamiento urbanístico. Aquí ya afloran los intereses caciquiles
y oligárquicos, resumidos en presiones para reclasificar suelo rústico,
obtener información privilegiada sobre la futura construcción de
infraestructuras (carreteras, vías de ferrocarril, metro, etc) que, a
buen seguro van a encarecer en el futuro próximo una determinada zona
de la ciudad o la costa.
Durante esta primera fase que puede durar
entre 3 y 7 años, se realiza el planeamiento y gestión del suelo y como
resultado, se obtiene el suelo listo para urbanizar.
En una segunda
fase, se realiza la urbanización del suelo, cuyo plazo puede ir de
media de 1 a 3 años. Al finalizar este proceso tendríamos ya el suelo
urbanizado listo para edificar. Una vez disponible el suelo urbanizado
se inicia una tercera fase: la consecución de la licencia de
edificación (entre 3 y 9 meses). Sobre el suelo con licencia comienza
la última fase, la edificación (18-24 meses).
A lo largo de este
prolongado proceso que, en muchas ocasiones se dilata aún mas, son muy
abundantes las compraventas especulativas del terreno entre las
empresas, que va cambiando de manos, elevando en cada transacción su
precio, sin que se corresponda en su mayor parte con una modificación
de las condiciones reales de utilización de ese suelo, para al final
ser vendido, muchas veces a pequeñas constructoras, promotores o
cooperativas, a un precio muy superior al que se adquirió.
Como
señala el informe de CC.OO: en este oligopolio han irrumpido con fuerza
en los últimos tiempos las entidades financieras que han dejado de
limitarse a la concesión de préstamos hipotecarios a las viviendas,
para convertirse en promotoras al abrigo de los enormes beneficios que
se obtienen con la gestión y desarrollo del suelo.
Y añade: “…La
cuestión es delimitar si el grueso del suelo declarado urbanizable no
se urbaniza por demoras y retrasos de las Administraciones o por los
intereses de los promotores privados para provocar aumentos
injustificados en su precioâ€.*(9)
Es una evidencia que, con demasiada frecuencia, los ayuntamientos
han consentido (alguno, incluso de “buena feâ€) la presión de
especuladores sin escrúpulos, con el argumento de crear riqueza para el
municipio o a cambio de determinadas contraprestaciones de los
constructores (construcción de un parque, o un centro cívico…)? *(10)
La Federación Española de Municipios y Provincias resaltaba en un
informe de 2.004 que los Ayuntamientos disponen de un 13,10% en el
gasto público estatal (mucho menos que en otros países) y se hacen
cargo de muchas sub funciones asociadas a otras Administraciones, sobre
todo de las CCAA.
Si añadimos que el mismo informe señala que el
mayor nivel de ingresos en las arcas municipales proviene del Impuesto
de Bienes Inmuebles (15%) que pagan los propietarios de vivienda,
seguido a mucha distancia por el Impuesto de Actividades Económicas
(6%) que satisfacen las empresas, es fácil contestar la pregunta, ¿Cómo
hacen frente los ayuntamientos a los gastos municipales?: fomentando la
construcción.
Con ello, perciben más impuestos y tasas; además,
según todas las evidencias, la especulación “bien intencionada†con el
suelo es, en sí misma, una fuente muy importante de ingresos (y un
apoyo político impagable, a través del famoso 3% de comisión). *(11)
Las políticas públicas de vivienda.-
Desaparecido el asesino Franco, tras unos años de una cierta
política social en materia de vivienda, forzada, como tantas otras
cosas, por un fuerte movimiento vecinal que lleva a la construcción de
nuevos barrios de absorción de los importantes núcleos chabolistas
existentes en las grandes ciudades, la política pública deriva
progresivamente a considerar el sector de la construcción como uno de
los motores de la economía: se concentran las empresas y aparecen los
grandes grupos constructores, en materia laboral se impone el destajo y
comienza a precarizarse el trabajo, se extiende, también, cada vez con
más fuerza, la especulación, nunca desaparecida.
Todo ello exigía
que desde el Gobierno se potenciara la construcción de viviendas de
precio libre, frente a las distintas modalidades de VPO y se frenara el
mercado de alquiler. De modo que, si entre 1.980 y 1987 las viviendas
construidas se repartían a partes iguales entre el segmento libre y el
protegido; a partir de este año el proceso se invierte hasta el punto
que hubo años (1989, por ejemplo) en los que las viviendas de precio
libre construidas fueron el triple. La política pública de fomento de
la especulación se agravó en el periodo de gobierno del PP hasta llegar
al año 2.003 en el que las viviendas de tipo libre fueron el 88,4% del
total. *(12)
En este cambio tuvo mucho que ver, como venimos diciendo, la
política de los sucesivos gobiernos del régimen continuista: A lo largo
de los primeros ochenta, el movimiento ciudadano y vecinal fue
perdiendo una gran parte del fuste que tuvo durante la transición,
entrando en un periodo de prolongado letargo que aún dura. La derecha
franquista no estaba en condiciones de encarar la adopción de medidas
que pudieran generar tensión y dificultar la consolidación del régimen
monárquico. Por ese motivo, en esta como en otras muchas cuestiones, le
cupo a un Gobierno del PSOE el dudoso honor de iniciar una política
encaminada a “fomentar†la construcción de viviendas “liberalizando†el
sector.
El decreto Boyer*(13) publicado el 30 de Abril de 1.985
incluía medidas relacionadas con el mercado de alquiler que establecían
la posición hegemónica del propietario, pasando los inquilinos a sufrir
una completa indefensión. Su puesta en práctica trajo como consecuencia
un brutal incremento de los precios de los alquileres y un aumento
proporcional de la compra sobre el alquiler de viviendas.
Otro hito
importante en el proceso de liberalización del sector lo marcó la Ley
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (1998) del PP, que ha supuesto
un incremento descomunal del precio del suelo.
En ambos casos el
argumento era abaratar y mejorar la oferta de vivienda , incentivando a
los propietarios a que alquilaran o aumentaran la oferta de suelo para
construir. La realidad, como tantas otras veces, ha sido justo la
contraria: desde 1.985, el parque de viviendas en alquiler ha caído a
cifras muy bajas, disparándose los precios y el coste del suelo se ha
multiplicado aún más desde 1.998.
El gasto público estatal en política de vivienda ha oscilado entre
el 0,6% y el 1,1% del PIB en el periodo 1.985-2.003 (muy por debajo de
otros países como Holanda que gasta en este capítulo el 3% de su PIB).
La política de ayudas de los sucesivos gobiernos ha ido encaminada
también a fomentar la compra sobre el alquiler. El principal destino
del gasto público, ha sido históricamente las deducciones sobre
impuestos (esta partida se ha acrecentado aún más a partir de 1.996,
con la llegada al gobierno del PP, hasta llegar al 87,9% del gasto
total.*(14)
La vivienda en alquiler, sin embargo es ignorada por la Administración.
Plan de vivienda 2.005-2.008
Poco cambia la situación el Plan de Vivienda 2.005-2.008, aprobado
por el Gobierno en Julio de 2.005. El Plan, tras su discusión con los
Gobiernos autonómicos ha perdido aún más contenido, por la amenaza de
alguno de éstos de recurrir al tribunal Constitucional si se limitaban
sus competencias (en esto sí quieren ser “soberanos†Gobiernos
autónomos como el andaluz que se muestran pasivos frente a la ocupación
militar extranjera de Rota, en su territorio, por ejemplo).
Así,
la idea inicial de extender a toda la vida útil de la vivienda la
calificación de protegida, (que impedía su venta en el mercado libre y
dificultaba la especulación con la vivienda VPO) iba en la dirección
adecuada, pero ha quedado sustituida por un periodo mínimo de treinta
años (a partir de los diez años se podrá vender a un precio tasado
oficialmente).
La idea inicial de constituir un registro de
demandantes y oferentes de VPO que podría obstaculizar el fraude,
también ha sido abandonada, permitiendo a cada Comunidad que negocien
con el Gobierno “otros procedimientosâ€, sin citar cuales serían los
mecanismos de control
Otros aspectos del Plan solo sirven para
evidenciar sus limitaciones; así por ejemplo: crea un nuevo tipo de
vivienda, para rentas medias, para quienes superen los ingresos máximos
que permiten acceder a VPO (el coste de estas viviendas será un 20%
superior a las protegidas); aumenta a 25 los años de amortización de
los préstamos hipotecarios *(15); habla, sin precisar cómo se va a
aplicar la medida, de la creación de un parque de alquiler para jóvenes
menores de 35 años, con pisos de un máximo de 45 metros cuadrados.*(16)
El Plan va orientado a intentar suavizar el encarecimiento de la
vivienda y no a terminar con la utilización fraudulenta y especulativa
de una necesidad social, por parte de un reducido número de empresas e
individuos: mantiene la brutal carga fiscal y de tramitación de la
vivienda (notaría, IVA, etc); centra las ayudas y subvenciones en la
compra, en lugar de potenciar el alquiler; aunque la financiación
prevista duplicará la del Plan anterior del PP, es aún ridícula, máxime
si tenemos en cuenta el gravísimo problema social que la vivienda
representa en el estado español: con 6.822 millones de euros, apenas se
llega al 1% del PIB, lo que nos aleja de otros países de la UE.
En resumen, el Plan de Vivienda 2.005-2008, a pesar de los compromisos
electorales del Gobierno, no afronta las causas de su encarecimiento
que no son otras, como venimos repitiendo en el informe, que la
especulación sobre el suelo, la falta de una política de construcción
de viviendas de alquiler de gestión pública a precios asequibles, la
inexistencia de regulación adecuada y de control efectivo sobre la
política urbanística de Ayuntamientos y Comunidades, la insuficiente
financiación presupuestaria de los Ayuntamientos para que hagan frente
a las prestaciones que tienen asumidas, el carácter regresivo de las
cargas tributarias que gravan de igual forma al propietario de primera
vivienda que al de vivienda vacía y no establece impuestos progresivos
sobre el suelo y los pisos inhabitados para frenar la especulación,
etc.*(17)
Conclusión.-
El coste de la vivienda ha alcanzado cotas tan astronómicas que han
hecho saltar las alarmas del sistema. Recientemente el sr. Caruana,
Director del banco de España y el periódico The Economist, entre otros,
coincidían en señalar que la vivienda en España está sobre valorada
entre un 30% y un 35%. Y llamaban la atención sobre el riesgo de
explosión de la “burbuja inmobiliariaâ€. Con el eufemismo “burbuja
inmobiliaria†se hace mención a la diferencia entre el valor real de la
vivienda y su valor en el mercado, muy superior por causa de la
especulación.
Pero, la creciente preocupación de los dirigentes
de la política económica del régimen, hasta ahora centrados en fomentar
a toda costa y a cualquier coste, la construcción, es un elemento nuevo
que no tiene nada que ver con un renacer de la preocupación social de
la oligarquía
Su miedo es otro: el nivel medio de endeudamiento de
las familias que, desde el mes de abril de 2.005, sobrepasa el 100% de
sus ingresos, amenaza con una próxima saturación del sector. Si, como
es posible, siguen subiendo los bajos tipos de interés actuales, miles
de familias pueden llegar a ser incapaces de satisfacer los pagos
mensuales de los préstamos hipotecarios a los que hacen frente al
límite de sus ingresos, lo que puede provocar un aumento brusco e
incontrolable de los impagos y la morosidad.
Un dato nos indica que la saturación del mercado de la vivienda se
acerca: según se ha hecho público recientemente, el precio de la
vivienda se ha disparado en las comunidades en las que era menor y se
ha moderado sobre todo en las tres comunidades donde era mayor (Madrid,
Cataluña y País Vasco)
Pero, la mejor prueba de que ese momento
puede estar próximo la aporta el hecho de que las ratas comiencen a
abandonar el barco: Las principales inmobiliarias españolas, derivan su
inversión hacia Europa Occidental y del Este. Metrovacesa, por ejemplo,
una de las principales inmobiliarias, ha adquirido la francesa Gecina y
la gallega Fadesa se ha hecho con el 70% del capital de la promotora
Financière Riva Gauche.
Según reseña el suplemento de economía de
“El País†el 16 de Julio de 2005, algunos expertos apuntan como razones
para el cambio de estrategia de las inmobiliarias españolas: “…el muy
posible estancamiento del precio del suelo en los próximos años;
procesos de concentración ligados a una más que probable disminución de
los márgenes de eficiencia…â€.
La deslocalización de inversiones de
las grandes inmobiliarias fuera de las fronteras estatales, ha ido
precedida de un proceso de concentración de capital iniciado hace
tiempo, al calor del inmenso negocio del sector. Según el mismo
suplemento: Vallehermoso (otra gran inmobiliaria) entró en la órbita de
Sacyr en 2.003 tras haberse “tragado†dos años antes a Prima
Inmobiliaria; Bami se hizo con Metrovacesa, Zabálburu, Inmopart y
Jaureguizahar, todas ellas con el apoyo financiero del Banco Popular;
Urbis, que sigue en la órbita de Banesto se hizo con la filial
inmobiliaria de Dragados; FCC y Caja Madrid crearon al 50% el grupo
Realia; etc. Podemos ver con esta breve descripción el proceso de
fusiones y de entrada del capital financiero en el negocio
inmobiliario, coincidente con la edad de oro de la especulación
inmobiliaria en el estado español
A su vez, la intensa
concentración de capitales ha ido acompañada por un proceso de
diversificación de la inversión de las grandes empresas constructoras
hacia otros sectores: financiero, servicios sanitarios, municipales,
etc y hacia la producción de los propios materiales de construcción
(FCC, la constructora de Esther Koplowitz, por ejemplo, controla el
66,8% del capital de la cementera Pórtland y percibe el 15% de sus
ventas de la producción de cemento, algo que se entiende si decimos
que, según el Parlamento Europeo, más del 60% del cemento utilizado en
la UE, se consume en España).
Respecto de la diversificación de
inversiones de las constructoras, hacia otros sectores, sirva alguno de
los ejemplos más recientes: el 26 de septiembre de 2005, ACS, la
constructora controlada por el presidente del Real Madrid, Florentino
Pérez, adquiría el 22% de la eléctrica, Unión FENOSA; Metrovacesa, por
su parte, obtenía de su reciente incursión (a principios de año) en el
banco BBVA, unas plusvalías de 150 millones de euros; algunos de los
futuros ochos hospitales en proyecto en Madrid, se gestionarán en
régimen de concesión o alquiler por grandes grupos constructores….
En el suplemento de “El País†de 9 de octubre de 2005, el directivo de
una constructora, se expresaba de esta forma: “…nuestros principales
accionistas, nuestros socios de control…, ya no son arquitectos o
ingenieros. Son financieros como la familia March y su Corporación
Financiera Alba, o los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer...La
búsqueda de una mayor rentabilidad para sus inversiones prima sobre
cualquier estrategia. La construcción pura y dura genera muchos
ingresos, mucho cash flow (flujo de caja) pero poca rentabilidad…el
juego, por tanto, es invertir ese cash flow que les genera desde hace
lustros casi de forma natural la obra pública y el ladrillo, en
negocios más lucrativos.â€
El mismo articulo reconoce más adelante:
“…Además, algún día, por un incremento de los tipos de interés o por la
inevitable reducción de los fondos estructurales que llegan de
Bruselas, se acabará el largo periodo de bonanza en edificación de
vivienda y en infraestructuras en el mercado doméstico y conviene estar
presente en otras actividades…â€
Es muy probable, pues, que en los próximos meses asistamos a los
intentos de minimizar el alcance de la explosión de la burbuja
financiera; pero si finalmente sobreviene, los especuladores que la han
provocado habrán puesto a buen recaudo sus ganancias trasladado a otros
países o sectores económicos, su inversión.
En cualquier caso,
habrán creado un gravísimo problema social al que únicamente se puede
hacer frente con una política contundente y progresista que sitúe en el
centro al ciudadano y su derecho a la vivienda. Algo que nos enfrenta
abiertamente a un régimen cuya única razón de existencia es defender
los intereses de especuladores y oligarcas sin escrúpulo.*(18)
Por otra parte, el modelo de ciudad que paulatinamente se va
imponiendo en el estado español, favorece, como venimos diciendo, la
actividad de las mafias inmobiliarias. Por lo tanto, luchar contra el
modelo, es combatir también contra los grupos mafiosos.
En la
negociación con los gobiernos autonómicos del Plan de Vivienda
2005-2008, éstos han hecho valer frente al gobierno central, su
“soberaníaâ€, para evitar medidas de control estatal: la negativa de
alguno de ellos a aceptar la prohibición permanente de la venta libre
de pisos de VPO y a elaborar un registro centralizado de demandantes de
pisos protegidos, solo cabe interpretarla como un intento de mantener
el control sobre un mercado inmobiliario controlado por grupos de
especuladores con los que mantienen demasiadas conexiones y de los que
obtienen pingues beneficios económicos y políticos en la puesta en
marcha de las promociones urbanísticas.
Las Comunidades Autónomas
deberían luchar contra el sobreprecio que se da en la venta de
viviendas protegidas y adoptar medidas para evitarlo, poniendo en
conocimiento de la fiscalía los casos detectados y abriendo expedientes
de sanción en caso de venta fraudulenta.
Debería también intervenir
la Administración tributaria, como luego veremos, mediante el
establecimiento de impuestos progresivos, etc, para evitar que el
dinero opaco proveniente de la economía sumergida, cuando no de
actividades delictivas, aflore utilizando, como viene ocurriendo, el
mercado inmobiliario, lo que encarece la vivienda para el conjunto de
los ciudadanos.
Estas y otras medidas que expondremos sucintamente
en nuestras propuestas deberían adoptarse con carácter estatal,
evitando que los intereses de los grupos de especuladores, unidos a los
de caciques y oligarcas locales, impongan su propia ley en las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, en perjuicio de la ciudadanía.
Cuando se habla de la vivienda, muchas veces se omite un número
considerable de actividades y “negocios†ligados a ella que contribuyen
a encarecerla: desde notarías y registros, hasta empresas de suministro
de servicios: agua, luz, teléfono, etc, curiosamente ligados cada vez
en mayor medida a empresas constructoras (ACS, Ferrovial, FCC, etc).
El negocio de la construcción en el estado español mueve una rueda
económica, las más de las veces ineficaz y cara. En los proyectos se
evitan ideas que podrían abaratar el gasto energético (con el ahorro
económico y ecológico que ello supondría) sin un costo de construcción
muy importante; todo para asegurar el beneficio de las empresas de
servicios.
La Plataforma de Ciudadanos por la República, apuesta
por la construcción de barrios urbanísticamente equilibrados y
planificados desde una perspectiva de ahorro energético.
En la
actualidad, por ejemplo, el consumo doméstico de las viviendas, supone
el 40% de las emisiones de CO2. Se debería optar por la construcción de
viviendas bioclimáticas, para las que nuestro país tiene, por otra
parte, unas condiciones muy adecuadas, más respetuosas con el medio
ambiente, para evitar el derroche de energía.
El correcto
aislamiento y orientación, la instalación de placas solares para
calentar el agua de uso sanitario, la utilización de cristales con
triple cámara y electrodomésticos de categoría A (con menor gasto
eléctrico) son otras tantas medidas que servirían para abaratar costes.
La mejora en el reciclado de basura y en la depuración de las aguas
residuales, son otras tantas necesidades cuya cobertura está
permanentemente amenazada por el crecimiento anárquico.
Un reciente
estudio de la organización Greenpeace, calcula que el potencial de
desarrollo de la energía eólica y solar existente en España, sería
suficiente para producir hasta 56 veces la demanda eléctrica actual.
Según esa organización, los recursos renovables más abundantes son los
asociados con la energía solar con tecnología hoy ya disponible.
Nuestro mayor yacimiento energético es el sol, pero el Gobierno debe
cambiar el papel absolutamente marginal que hasta ahora tienen las
distintas formas de aprovechar la energía solar, en las planificaciones
energéticas. Apostar por una política decidida a favor de las energías
renovables, en detrimento de las contaminantes, pensar y actuar para
garantizar un consumo responsable de la energía, es una garantía de
bienestar para el futuro.
Por eso, en lugar de dejarlo en manos de
especuladores y grandes grupos de construcción, se deberían diseñar
barrios ambientalmente adecuados, configurados para favorecer la
convivencia y donde prime el ciudadano, sobre el vehículo privado y
otros agentes contaminantes. Barrios y ciudades cuyo desarrollo y
extensión se planifique racionalmente.
Hoy el crecimiento urbano,
pone en grave riesgo su propia sostenibilidad. Si sigue al ritmo
actual, la contaminación atmosférica aumentará por el uso de
automóviles y calefacciones basadas en la quema de combustibles
fósiles; aumentará la contaminación acústica y el colapso de carreteras
y vías de acceso, sobre todo a las grandes ciudades, incrementando
exponencialmente el gasto en obra pública, en beneficio de un puñado de
grandes empresas y en detrimento del bolsillo de los ciudadanos; la
saturación de calles y lugares públicos, se extenderá a todos los
municipios.
Adoptar medidas racionales hoy, permitirá mañana asegurar una mayor calidad de vida para la inmensa mayoría de los ciudadanos.
 Algunas propuestas.-
No es nuestra intención dar una relación exhaustiva de propuestas,
entre otras cuestiones, porque el objeto de este trabajo es tratar de
las causas políticas del problema de la vivienda, para abrir un debate
en el que quisiéramos que participaran los ciudadanos con sus propias
experiencias y propuestas.
Como decíamos más arriba, una de las
primeras cuestiones a tener en cuenta es que la lamentable situación de
millones de ciudadanos (sobre todo jóvenes) a los que se niega el
derecho a la vivienda, está ligada a una estructura política, económica
y administrativa determinada por el control de una ínfima minoría
oligárquica.
De modo que, sin plantearla dentro de una lucha global
por la superación del régimen monárquico y la conquista de un marco
democrático y republicano, cualquier propuesta concreta es limitada y
cualquier compromiso general de solución del problema no deja de ser
una brindis al sol.
Pensamos que la participación ciudadana en el
control y la gestión de las actuaciones administrativas, sobre todo en
el ámbito local, es fundamental para que las medidas que proponemos
puedan redundar en beneficio de las clases populares. Únicamente la
participación de los ciudadanos en la planificación urbanística,
exponiendo sus necesidades relativas a la vivienda y al entorno,
controlando la actuación de los equipos municipales y elaborando
propuestas, puede impedir que quienes deberían representar sus
intereses, se echen en manos de especuladores y mafiosos, sin
consecuencias políticas.
En la España monárquica, la soberanía
popular y la vida democrática son palabras vanas que se utilizan según
el interés de políticos reaccionarios y corruptos y en la medida que
interesen a la minoría de oligarcas que controlan los mecanismos de
poder.
Establecidas estas premisas, pasamos a enumerar algunas PROPUESTAS:
• Actuaciones dirigidas a incrementar el número de viviendas en alquiler y reducir el precio de la vivienda:
-Construir un amplio parque de vivienda pública de alquiler con precios asequibles a los inquilinos, a partir de suelo público.
-Establecer impuestos progresivos sobre viviendas y solares desocupados.
-Subvención directa a los inquilinos de una parte porcentual del precio
del alquiler. El derecho corresponde al inquilino, pero la ayuda se
pagaría directamente al arrendatario. *(19)
-Modificación de la
actual política fiscal, trasladando una parte del gasto público en
deducciones del IRPF de la compra al alquiler.
-Limitar las
deducciones fiscales de los Fondos de Inversión Inmobiliarios tan sólo
a las operaciones dedicadas a la constitución y gestión de parques de
vivienda en alquiler.
-Promulgación de una Ley Marco estatal en
materia de urbanismo que armonice las legislaciones autonómicas,
evitando la dispersión y el exceso normativo, que muchas veces llevan a
una auténtica desregulación del sector urbanístico.
-Garantía de
una financiación suficiente de las Administraciones Locales, para no
acudir a la venta de suelo para cubrir sus necesidades de recursos.
-Promoción pública de viviendas sociales y viviendas a precio tasado,
sobre suelos previamente expropiados, allí donde exista una necesidad
social de vivienda
-Incremento sustancial de las promociones de VPO.
*actuaciones sobre el suelo:
-Definir el suelo y el urbanismo como objetivo social.,
considerando el conjunto del territorio como no urbanizable, salvo que
expresamente se apruebe y justifique lo contrario, garantizando la
intervención estatal para ordenar el urbanismo, de modo que se impida
su uso como instrumento de especulación y se garantice a los ciudadanos
el derecho a una vivienda digna.
-Coordinar las actuaciones de las
distintas Administraciones alrededor de una política de vivienda de
carácter global e integrador, dado que las competencias directas en
esta materia pertenecen a las Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales.
-Impedir por ley las compraventas privadas de suelo
urbanizable / urbanizado que no persigan la edificación directa y
establecer en la legislación estatal un aprovechamiento mínimo para el
suelo urbanizable que garantice la igualdad de todos los ciudadanos
ante la administración y permita generar suelo urbanizable suficiente
para abaratar los precios, a la vez que garantiza la calidad
medioambiental de las nuevas promociones.
-Gestión administrativa más ágil que permita la salida de suelo urbanizable para conseguir abaratar el suelo.
- Exigir al propietario de suelo urbanizable que desarrolle el derecho
a la urbanización en los plazos acordados. Si el propietario renuncia a
ese derecho o no lo realiza en los plazos fijados, deberá vender el
terreno por un precio ligado al valor catastral del mismo (o al de su
aprovechamiento agropecuario).
- Exigir que los propietarios de
suelo urbanizable sólo vendan a un precio máximo ligado al valor
catastral. Los compradores de suelo urbanizado, sólo podrán adquirirlo
con un compromiso firme de edificación, limitado en el tiempo. En caso
de incumplimiento, deberán revender el terreno por un precio que cubra
el valor catastral más los gastos de urbanización.
- En caso
necesario proceder a la expropiación de suelo por parte de la
Administración para, mediante un consorcio público garantizar que se
urbaniza el suelo y se entrega listo para edificar a un precio fijado,
adjudicando el suelo a las promotoras mediante la realización de un
concurso público.
- Desarrollar la opción de empresas municipales
de la vivienda que, partiendo de suelo de propiedad pública
(adquisiciones, expropiaciones y cesiones) se encarguen del desarrollo
y gestión del suelo, si fuera necesario y de la posterior construcción
de viviendas.
- Potenciar las cesiones de suelo a los
Ayuntamientos destinadas a promover equipamientos sociales y vivienda
protegida, tanto en propiedad como en alquiler. Exigir el cumplimiento
estricto de la prohibición de reventa de estos terrenos con el fin de
obtener nuevos ingresos.
- Proteger por ley los patrimonios municipales y públicos de suelo.
- Impulsar un desarrollo cualitativo de la ciudad, con un amplio
programa de rehabilitación de los centros urbanos históricos; apostar
por la rehabilitación frente a la constante expansión inmobiliaria(20)
*(1)El soterramiento de la vía de circunvalación M30, está
provocando muchos problemas en el “bay pass norte, por ejemplo, donde
se prevé un doble túnel con ocho carriles que discurrirá según
denuncian los vecinos a “dos metros†de los cimientos de más de un
centenar de edificios de doce plantas (con el consiguiente riesgo de
provocar daños estructurales, como ocurrió en el barrio del Carmel en
Barcelona), provocará la tala de 3.500 árboles y obligará a la
construcción de 2 salidas de humos en sendos parques del barrio. Tomado
de “El País 23 de Julio 2005
*(2) La deuda reconocida del
Ayuntamiento de Madrid, oficialmente reconocida, es de 4.900 millones
de euros (unos mil euros por vecino) lo que supone un 160% más del
límite marcado por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que
sitúa el tope máximo en un 110% del presupuesto; de ellos 2.500 se
derivan de las obras de soterramiento de la M 30. En un reciente debate
el edil de hacienda “defendía†su gestión diciendo que en España hay
más de trescientos ayuntamientos endeudados por encima del tope máximo
permitido.
*(3) La mayor parte de los campos de golf que se
construirán con la excusa de atraer un turismo “de calidadâ€, se prevén
en la costa mediterránea. Frente a la polémica desatada sobre la falta
de agua en la zona, que ha servido al PP para organizar manifestaciones
exigiendo el trasvase de agua de otras cuencas, conviene recordar que
según los expertos, el gasto diario en agua de un campo de golf es
equivalente al de una ciudad de 10.000 habitantes
*(4) La ciudad de Madrid ha perdido entre 1.981 y 2.001 250.000 habitantes, Barcelona 220.000 y Bilbao 83.000
*(5) En la ciudad de Valencia (en 1.987 era la Comunidad con la
vivienda más barata) el precio de la vivienda se ha disparado desde que
se conoció la adjudicación de la Copa América; en Zaragoza se produjo
un brusco encarecimiento del precio a partir del último trimestre de
2.004, coincidiendo con la designación como sede de la exposición
Universal de 2.008. No son de extrañar estos datos, porque en
Barcelona, el precio de la vivienda se triplicó entre 1.987 y 1.991,
coincidiendo con la preparación de los juegos olímpicos.
La Red de
Alta Velocidad Española, comienza a denominarse: línea de alta
revalorización española, porque los municipios donde pasan sus vías,
sufren un repentino y brutal incremento en el valor de los pisos.
*(6) Con el tiempo el porcentaje de viviendas vacías o segundas
residencias ha ido creciendo hasta los 8 millones (el 35,2% del total)
en 2.004.
*(7) “El País†del 3 de Diciembre de 2.005, daba cuenta
de que los planes de ordenación urbana de los municipios de Murcia y
Almería, han proyectado más de 500.000 viviendas nuevas para los
próximos años: en el levante almeriense las 400.000 viviendas que se
prevén, supondrían multiplicar por cuatro el número de habitantes de
toda la provincia.
En dos municipios de Murcia: Lorca y Aguilas
(gobernados uno por el PSOE y el otro por el PP), en los que residen
hoy unas 200.000 personas, se han aprobado planes para construir
150.000 viviendas nuevas.
*(8) El diario “El País†informaba el 24 de Noviembre de 2.005 de
que el ayuntamiento de Marbella, carece de medios para afrontar las
indemnizaciones a los propietarios de viviendas irregulares (unas
30.000 de las 80.000 que tiene la ciudad) que deberían ser demolidas
por haber sido edificadas bajo el amparo de un millar de licencias
ilegales, en su mayoría levantadas en la etapa del fallecido Jesús Gil,
como alcalde de la ciudad. Este siniestro personaje fue desde sus
inicios empresariales, en los años sesenta, prototipo de “constructor
mafiosoâ€, responsable del trágico derrumbe de un local en la localidad
madrileña de San Rafael, condenado por ello e indultado por el criminal
Franco; con la monarquía continuista, llegaría a ser, como alcalde de
Marbella, el impulsor de una política de degradación urbanística,
ecológica y social de esa localidad andaluza. En Enero de 2006, se
celebraba un homenaje en su memoria: ¡todo un ejemplo de la impunidad
con la que actúan estos individuos y de su connivencia con la
estructura política del régimen!
*(9) Los Planes de Actuación Urbanística (PAU) de Madrid son un
ejemplo de este proceso especulativo de gestión del suelo por manos
privadas. El resultado de los PAU ha sido un espectacular incremento
del precio del suelo (y las viviendas) y una larga dilatación en el
tiempo, fruto de una descarada especulación y de la retención
intencionada del suelo por parte de promotoras privadas que, en algunos
casos monopolizan la práctica totalidad del suelo disponible.
Según
la revista 20 minutos, sólo el 9,4% de las casas previstas en el plan
de construcción de trece nuevos barrios en Madrid, en 1997, han sido
construidas, nueve años después.
*(10) Uno de los primeros y más
sangrantes casos de complicidad con la especulación se dio en el primer
Ayuntamiento democrático de Madrid, presidido por Tierno Galván que
hizo oídos sordos a la reivindicación popular de construir
equipamientos cívicos en la vaguada de barrio del Pilar permitiendo la
especulación del grupo francés La Henin que construyó uno de los
primeros macro centros comerciales del Estado Español.
*(11) El
informe de la Federación Española de Municipios y Provincias, recoge la
pérdida de tejido industrial en estos términos: las grandes ciudades
terciarizan la actividad económica, menguando el rendimiento de las
bases impositivas en gran parte concebidas para una economía de
actividades industriales cuya organización ha cambiado en una economía
más globalizada. Tomado de la pág web de la federación Andaluza de
Municipios y Provincias
*(12) entre la vivienda protegida, la
denominada de régimen especial, dirigida a las personas con menores
ingresos ha caído a desde 1.996 a niveles cercanos a su desaparición
(1.800 viviendas en 2.003, sobre un total de 622.800)
*(13) Miguel
Boyer actual marido de Isabel Preysler (a) “porcelanosa†fue el
ultraliberal Ministro de Economía del primer Gobierno de Felipe González
El Decreto tenía como objeto según sus autores: potenciar el
crecimiento estable y duradero de la economía española como condición
necesaria para crear empleo.
*(14) La partida más costosa para el Estado es la deducción en el IRPF por compra de vivienda (3.043, 87 millones en 2.004.
*(15) Como tantas decisiones, ha sido superada hace tiempo por la
realidad: ya hay bancos que ofrecen hipotecas a cincuenta años.
años, el precio de la
*(16) Los datos demuestran que, contra lo que dice el Gobierno, no es
cierto que la reducción de la superficie de la vivienda, repercuta en
el precio: en los últimos cinco vivienda nueva se ha encarecido un
82,7% y la superficie media se ha reducido de 105,3 a 99,9 metros
cuadrados.
Por otra parte, los logros de la Sociedad Pública de
Alquiler controlada por el Ministerio de Vivienda, son sencillamente
ridículos: 849, contratos gestionados en todo el territorio estatal,
cuando sólo el Gobierno vasco cuenta con 808. (datos tomados de “El
correo español†del 13 de Enero 2006).
*(17) La prensa recogía a
primeros de año, que Villanueva de la Torre (Guadalajara) es el pueblo
con mayor número de hipotecados del estado: el 81,5% de sus viviendas
tiene pagos pendientes; tiene también, según su alcalde, la media de
edad más baja y el porcentaje de nacimientos más alto. El número de
habitantes del pueblo se ha multiplicado por 15 en diez años, la
mayoría de ellos provienen de Madrid atraídos por el precio más bajo de
los pisos.
El caso de esta pequeña localidad es un resumen de la
tendencia general en el Estado, que ilustra de las gravísimas
consecuencias sociales que puede acarrear el problema de la vivienda en
un futuro entre el sector más joven, que es el que peores condiciones
de trabajo soporta.
*(18) Los primeros datos que se conocen,
apuntan a que el problema de la vivienda se agrava. Así, por ejemplo,
según los datos del Consejo de Arquitectos de España, referidos al
primer trimestre de 2005, el número de visados de viviendas protegidas
ha caído un 5% de media en toda el Estado en relación al mismo periodo
del año anterior. Un dato que contrasta con el incremento de visados de
la vivienda libre, que fue un 14,1% superior al año anterior. En
algunas comunidades la disminución ha sido enorme, como Asturias, donde
se pasó de 327 visados en los tres primeros meses de 2004 a 3 en el
mismo periodo de este año. Información tomada de “El Mundoâ€.
*(19)
Según el estudio confederal de CC.OO., del que recogemos la mayor parte
de las propuestas, una medida de estas características, dirigida a
500.000 beneficiarios, tendría un coste anual de 1.040 millones de
euros, que podrían compartir las tres administraciones públicas (local,
autonómica y estatal).
* (20) Recientemente, la Academia de Bellas
Artes de San Fernando, alertaba sobre el futuro deterioro de la ciudad
de Toledo, patrimonio de la humanidad, donde el Ayuntamiento tiene
previsto un nuevo planeamiento urbanístico que habla de doblar o
triplicar la población de la ciudad, aprovechando el encarecimiento
provocado por la llegada del AVE.
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