El orden reina en Rivas.

La derecha política e institucional, con la cobertura silenciosa del PSOE, han conseguido su objetivo. Criminalizar, acusar y atemorizar. Pero sin probar y sin demostrar.

El PP, Ciudadanos de Rivas y la derecha mediática han aplicado su vieja receta. Han usado el mismo discurso, las mismas palabras que llevan usando desde hace años para criminalizar a aquellas y aquellas que luchamos por la justicia social y por los espacios liberados para la cultura y el ocio crítico.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, gobernado por Izquierda Unida y el PSOE, se ha plegado ante las presiones y las amenazas, negando el uso del espacio previamente acordado para la celebración de un evento cultural y político que tenía entre sus objetivos presentar un medio de comunicación alternativo y juvenil, acercar la causa del pueblo saharaui a la juventud y que estaba abierto a la participación de organizaciones y movimientos sociales.

Esto es un inmenso error político, pues refuerza los argumentos de la reacción fascista y crea un precedente peligroso para quienes defendemos la libertad de expresión. Esta cesión sólo consigue reforzar la táctica de la difamación y el ruido mediático.

Por tanto, ante la posición del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, declaramos:

l. No aceptamos realizar el Festival bajo censuras y vetos por motivos políticos.

2. Lanzamos una iniciativa por la libertad de expresión y contra la represión para el 24 de mayo.

3. Llamamos a todos los movimientos sociales, políticos y juveniles a participar de esta iniciativa que contará con la presencia y el apoyo de Banda Bassotti.

Con esta firma el Secretario General desautoriza al Sector Federal de la Administración de Justicia de FSAP-CCOO al no permitir que se celebre el referéndum vinculante al que como sindicato mayoritario en el Sector y conjuntamente con el resto de organizaciones sindicales, se habían comprometido con los trabajadores y trabajadoras.

La firma de este acuerdo por parte de Segarra, realizada conjuntamente con UGT –tercer sindicato en el ámbito de la Justicia- es un ejemplo palpable de cómo no debe cerrarse un proceso de lucha y huelga de más de dos meses ejemplarmente encabezado por los compañeros de CCOO y masivamente seguido por los trabajadores que en todo momento confiaron en su honestidad.

La firma de Segarra, al margen del contenido del acuerdo, se lleva a cabo de forma personal y dictatorial, dado que es depositada sin el conocimiento y toma de posición del órgano de dirección de la FSAP-CCOO, su Comisión Ejecutiva. Órgano que ha permanecido al margen del conflicto durante toda su vigencia, no habiendo realizado ninguna valoración sobre el proceso ni de los contenidos de la negociación.

El Sector Crítico de la FSAP-CCOO ante esta actuación personal del Secretario General, Miguel V. Segarra, no puede por menos que denunciarla como autoritaria y antidemocrática. La misma supone una ruptura inaceptable de los compromisos adquiridos con los trabajadores y de principios básicos de CCOO de participación. La supuesta defensa de los trabajadores pero sin su participación es más propia de regímenes dictatoriales.

Este hecho resulta, además, claramente indicativo del modelo sectorial que Miguel Segarra pretende trasladar al próximo debate congresual, afirmando con su actitud una apuesta absolutamente centralizada del poder de decisión, quedando los sectores como meros comparsas y los órganos de dirección como simples valedores –ratificadores- de decisiones unipersonales.

Nos es muy grato comunicaros que ya está en al red el número 6 de Entresiglos 20-21, la revista de Historia Oral y Memoria Histórica del IES Sefarad de Fuenlabrada. Podéis descargar el número y la separata pinchando aqui

Por supuesto, nuestros alumnos y profes esperan vuestros comentarios, y desean que sea de vuestro interés.

Un cordial saludo,

COMUNICADO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN

Hemos recurrido legalmente la decisión de la Delegación de Gobierno y esperamos poder realizar una breve concentración con carácter totalmente pacífico este Sábado, sin caer en ningún momento en la provocación de la prensa y la Policía. Creemos que este momento nos obliga a reivindicar nuestros derechos más básicos y poner en evidencia la campaña de criminalización que el Gobierno está impulsando contra los movimientos sociales y la conciencia antifascista madrileña.

Hace poco más de dos semanas conocíamos a través de la prensa que el denominado sindicato ultraderechista Manos Limpias ha pedido la ilegalización de la Coordinadora Antifascista de Madrid por, según ellos, “promover una serie de actos vandálicos e ilegales“. Ahora esta iniciativa se hace más evidente con una nueva prohibición de la Delegación de Gobierno, esta vez contra la concentración de este 5 de abril en Tirso de Molina convocada por la Coordinadora bajo el lema “Contra la criminalización de los movimientos sociales. Construyendo organización popular”.

Las tres últimas solicitudes de legalización de una manifestación o concentración por parte de la Coordinadora Antifascista de Madrid han sido prohibidas. Manos Limpias llama a la ilegalización y el Gobierno aparentemente calla; sin embargo en la práctica la Coordinadora Antifascista no tiene posibilidades de legalizar movilizaciones, produciéndose lo más parecido a una ilegalización de facto.

La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, pues supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos.

En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.

Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos afecta a todos los países en mayor o menor medida. En España se observan intentos por avanzar en la privatización de un sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo.

En la actual campaña electoral, hemos podido escuchar numerosas declaraciones de diferentes candidaturas y líderes políticos, refiriéndose a la inmigración. Son propuestas que nos preocupan a las asociaciones que formamos la Plataforma contra el Racismo y la Xenofobia (asociaciones tanto de inmigrantes como de españoles). Nos preocupan, porque defienden aumentar las medidas represivas y policiales contra el fenómeno de la inmigración; y también porque son un intento, una vez más, de engañar a los pueblos de España para fomentar su rechazo a los inmigrantes.

¿Por qué hay inmigrantes?

La inmensa mayoría de las personas que emigran lo hacen contra sus propios deseos: se ven obligados a abandonar su país, sus raíces, para asegurarse la supervivencia, empujados por motivos como la miseria, la guerra o la persecución política. Es una situación provocada por la corrupción de los gobiernos de los países subdesarrollados; por las políticas económicas neoliberales (flexibilidad en el empleo, precariedad, privatización de servicios públicos.) impuestas por el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio; también por la explotación salvaje que llevan a cabo las empresas multinacionales (Repsol, BBVA, BSCH, Iberdrola.) sobre los recursos naturales y la mano de obra de estos países. En definitiva, son estas políticas, impuestas por los gobiernos, la Unión Europea y otros organismos, las causantes de la emigración, igual que son la causa de los problemas que están sufriendo los trabajadores españoles.

Los trabajadores, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ONG y medios de comunicación firmantes de esta declaración, manifestamos nuestra solidaridad con el joven republicano Jaume d'Urgell, procesado por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión para reivindicar opiniones políticas legítimas.

Jaume d'Urgell arrió la bandera roja y amarilla que ondeaba en un edificio oficial, y en su lugar izó la enseña tricolor republicana: roja, amarilla y morada. Una bandera, recordémoslo: española, constitucional, institucional y perfectamente democrática, impuesta por las urnas y depuesta por las armas. Por este acto de desobediencia civil pacífica, la Fiscalía solicita un año de cárcel, el pago de una multa de 4000 euros y un año de inhabilitación especial para sufragio pasivo (prohibición para presentarse a elecciones).
Con esta acción simbólica y no violenta, Jaume puso de relieve la relación entre los problemas cotidianos de la ciudadanía y una forma de gobierno que él considera que no es totalmente representativa.