Por una educación publica, laica, gratuita y de calidad

Los ataques contra la educación pública se suceden. El tripartito catalán aumenta las ayudas a los centros concertados y elimina el bachillerato nocturno. En Madrid, Esperanza Aguirre intenta eliminar los equipos de orientación en las escuelas, recorta fondos en las universidades públicas o impone por decreto los “garaje guardería”. Por su parte en el Pais Valenciano el gobierno de Camps boicotea la asignatura de “Educación para la Ciudadanía” e impone el “Plan Exit”  que obliga a los docentes a impartir clases en Julio sin contraprestación económica extraordinaria. En nuestra Región, continúan las ayudas a los colegios concertados y la dejación de la administración hacia la escuela publica. Así como la falta de financiación en la Universidad pública y el apoyo franco y abierto a la Universidad Católica. En un intento generalizado de destruir la educación publica en todo el Estado.

Así se sigue desarrollando el marco “Plan Bolonia” a través de la LOU y los Reales Decretos  que impone precios abusivos al posgrado, implanta las becas-préstamo, se incorpora a las empresas al diseño de masters y posgrado y en general mercantiliza la educación poniéndola al servicio de las empresas. De igual modo se reforma la selectividad dividiendola en dos fases y dificultando el acceso de los estudiantes a las carreras elegidas. 

Frente a ello, Noviembre va a ser un mes de movilizaciones a favor de la educación pública. En la Comunidad Valenciana mas de 30.000 personas el pasado 10 de Noviembre, en Barcelona se espera tambien una gran movilización de profesores, alumnos, y padres el 13 de Noviembre; en Madrid tambien hay convocadas jornadas de huelga y manifestaciones así como en Sevilla y otras ciudades del Estado con el silencio en muchos casos de los medios de comunicación de masas.

Así mismo aumentan las plataformas, asambleas y asociaciones en defensa de la educación pública. En nuestra Región, a la organización estudiantil a través de la Asamblea General de Estudiantes (Universidad de Murcia) y la Coordinadora de Estudiantes de Murcia (Institutos) se suman además puntos de encuentro como la Plataforma por la Democracia Universitaria o las Plataformas en defensa de la escuela publica como la desarrollada en Totana.

La enseñanza pública, en la Comunidad de Madrid está siendo agredida brutalmente por el Gobierno de Esperanza Aguirre: decreto de mínimos en Educación Infantil que permite los "garajes-guardería", eliminación de los CAP encargando a empresas privadas la formación del profesorado, intento de eliminación de los Equipos de Orientación, recorte en los fondos a las universidades públicas, privatización de servicios, negativa a la negociación colectiva, etc.

Los ciudadanos madrileños y la escuela pública, están sufriendo las consecuencias de la política ultrarreaccionaria del gobierno del PP que quiere poner la educación en manos de grandes grupos empresariales que  buscan ,en un servicio tan esencial, los beneficios que ya no pueden obtener del ladrillo y de grupos sectarios y confesionales que pretenden seguir controlando la formación de nuestros hijos.

Estamos hablando de acabar con la educación como servicio público, como derecho universal para todos los ciudadanos y ciudadanas y la respuesta de la ciudadanía y de los profesionales de la educación esta siendo ejemplar, no sólo en Madrid: recientemente se ha anunciado una huelga en el País Valenciano contra la actitud provocadora del Gobierno de Camps en relación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía (que se da obligatoriamente en inglés) y el próximo 13 de noviembre está convocada otra huelga general de la enseñanza en Cataluña contra la política educativa del tripartito que se suma a la que recientemente siguió la enseñanza de esa Comunidad.

La Consejeria de Educacion incumple la normativa ministerial sobre EpC y amenaza al profesorado murciano para complacer a la jerarquia catolica

El Foro Ciudadano de la Región de Murcia considera inaceptable la amenaza de la Consejería de Educación a través del anuncio de que la Inspección educativa abrirá expediente al profesorado que aumente los contenidos  determinados por la administración regional para el curriculum de Educación para la Ciudadanía, aunque dichos contenidos estén contemplados en el Real Decreto de mínimos establecido por el Ministerio.

Es importante señalar que en un Estado de derecho existe una división de poderes y una jerarquía normativa, y que las leyes y normas del Estado deben ser cumplidas mientras no sean modificadas. Y las primeras que estás obligadas a hacerlo son las propias administraciones públicas, sean estatales, regionales o locales. Si hay alguna duda sobre a quién corresponden determinadas competencias, son los tribunales de justicia quienes tienen que aclararlo, y entre tanto la Comunidad Autónoma tiene que cumplir escrupulosamente las normas básicas del Estado. Los padres y madres deben saber que la objeción de conciencia a la asignatura EpC es un asunto sobre el que deben decidir los tribunales, y la Consejería de Educación no tiene potestad alguna para hacerlo.

La amenaza de la Consejería es anticonstitucional, porque supone un ataque directo a la libertad de cátedra, un intento de limitar arbitrariamente la actividad docente del profesorado, puesto que intenta someterla a una censura ideológica previa. La Consejería está haciendo lo que critica en otros: pretende imponer a todo el profesorado la doctrina moral de la jerarquía católica, e impedir que el alumnado reciba una verdadera educación cívica, libre y democrática, a la altura de nuestro tiempo.

Parece claro que el Partido Popular y las administraciones autonómicas en las que gobierna (sobre todo, Madrid, Valencia y Murcia) ha decidido utilizar políticamente la asignatura EpC, poniéndose así al frente de las posiciones ultraconservadoras manifestadas por la jerarquía católica y por los sectores más reaccionarios, dogmáticos y antidemocráticos -además de muy minoritarios- de la sociedad. Para ello no ha dudado en crear una clima de confusión y caos en el sistema educativo, poniendo de manifiesto así la poca importancia que esta administración le concede.

Murcia, 9 de septiembre de 2008
Junta Directiva del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

: la investigación sobre los crímenes franquistas y el paradero de los “desaparecidos” republicanos  como consecuencia de la guerra y de la represión franquista posterior.

El régimen franquista resolvió el caso de los muertos, los asesinados y los desaparecidos de su bando, así como la atención a sus familias, poniendo todos los recursos del estado al servicio de este objetivo. Caso resuelto.

La llamada “ley de la Memoria Histórica” (LMH) contempla únicamente la “privatización” de estas búsquedas, estableciendo subvenciones de cuantías ridículas a entidades privadas, sin garantía de continuidad ni control judicial alguno. En ningún caso el estado asume este deber de localización, ni investigación de estos crímenes estableciendo sus causas, circunstancias y autorías, tal como establece la legislación internacional de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el estado español y en consecuencia, de obligatoria vinculación para los jueces españoles, que no pueden inhibirse ante su invocación.

La iniciativa del Juez Garzón, no se realiza al amparo de la LMH, precisamente porque esta obvia cuidadosamente la implicación jurídica de la administración de Justicia, conformándose con dar una salida “humanitaria” a las peticiones de los familiares de desaparecidos, al margen de la investigación judicial. Pero la Justicia no es una ONG, ni los descendientes de las víctimas piden estos gestos de beneficencia; lo que exigen es Justicia, la misma que se está aplicando en estos momentos en Argentina o Chile, la misma que Garzón apoya en Colombia, visitando las fosas comunes investigadas por sus colegas de állá.

La emisión de Hayat TV ha sido cortada por el gobierno turco. Hayat TV, que había empezado el año pasado con el lema “La vida en todos los colores”, de pronto se vio incapacitada para emitir el miércoles. Hayat TV no recibió ningún aviso legal sobre la interrupción. Pero la letra a la compañía que le presta a Hayat TV el ancho de banda era claramente amenazadora. El director general de la compañía Turksat al canal Turkovizyon declara que la petición de cortar la emisión televisiva de Hayat proviene de la Corte Suprema de Radio y Televisión (RTÜK): “Con el fin de que las actividades de emisión de Turkovizyon no sean completamente cortadas por nuestra compañía, pedimos que sean interrumpida inmediatamente interrumpida la emisión de Hayat TV y que sea más razonable con respecto a los canales que incluirán en su plataforma digital.”

Pero lo sabemos, eso es una prueba de la impaciencia del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Sin embargo, como nos hemos enfrentado a situaciones similares en el pasado, Hayat sigue funcionando. No pueden silenciar Hayat, no seremos silenciosos. Confiamos en los telespectadores de Hayat, que son la verdadera fuerza que tiene detrás. Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de clase, a los intelectuales y a los artistas que luchan por un mundo mejor alrededor del globo para que reclamen a Hayat como su propio canal y para que lo apoyen.

Para apoyarnos: podéis enviar cartas de protesta al Ministerio de Asuntos Internos de la República de Turquía (Fax: 0090 312 418 795), a la Corte Suprema de Radio y Televisión (Fax: 0090 312 499 5115) y a Türk-Sat (Fax: 0090 312 499 5115). También esperamos sus mensajes de solidaridad.

La Unión Europea acaba de aprobar una directiva que supone un mazazo a una conquista irrenunciable de los trabajadores. La decisión de “permitir que los empleados alcancen acuerdos individuales con los empresarios sobre la duración de la jornada, hasta un máximo de 60 horas semanales en los casos generales y de 65 en casos especiales como los médicos”, aprobada el pasado 9 de Junio por los ministros de trabajo de la UE, a propuesta del Gobierno de Eslovenia (país que preside por turno el Consejo de Ministros de la UE)es una muestra más del papel de la Unión Europea imperialista, de unificador de los ataques del capital contra los trabajadores y los pueblos de Europa.

La prensa burguesa resaltaba al día siguiente que tal medida, de ser aprobada finalmente por el Parlamento Europeo, supondría la liquidación de un derecho, la jornada máxima de 48 horas semanales, aprobado por la OIT en el año 1.917.

Los sindicatos médicos ya han avisado que convocarán una huelga general en toda Europa, en el caso de que salga adelante esta brutal medida; igualmente dirigentes de CCOO y UGT del propio sector fidalguista han expresado su indignación, como F. Toxo que apuntaba que la directiva es «el mayor ataque al derecho laboral desde la creación de la UE».Incluso reputados representantes de la socialdemocracia de derecha y defensores, por lo tanto, de la burguesía imperialista, como el eurodiputado Alejandro Cercas y el propio ministro de trabajo, Celestino Corbacho la han rechazado en términos duros, pidiendo a la Eurocámara que “la mejore”.

Es probable pues que los aspectos más sangrantes de la directiva se suavicen, pero detrás existe una orientación que es sumamente peligrosa, cuya aplicación paulatina forma parte del objetivo que quiere alcanzar la oligarquía imperialistaa lo largo de un proceso de aplicación de medidas reaccionarias: acabar con la negociación colectiva e imponer los acuerdos individuales entre empresarios y trabajadores para debilitar el movimiento obrero.