Soy José Mateos Martínez, estudiante de doctorado de la Universidad de Murcia y becario de la misma.

Durante estas semanas han aparecido diversas noticias sobre la intención de la universidad de Murcia de expulsarme durante un año por mis críticas al consejo de estudiantes y al rectorado (podéis ver la noticia aquí por ejemplo http://www.rebelion.org/noticia.php... ). Pues bien, hoy he recibido la resolución donde se confirma mi expulsión. Dejando claro que voy a recurrir a los tribunales contra la aberración jurídica que supone, me gustaría resaltar algunos de los elementos más escandalosos de este proceso:

Mi expediente se inició el 10 de febrero de 2009 y tomaba mi condición de alumno como base para sancionarme y aplicarme el reglamento franquista de disciplina académica. Estaba en mi segundo año de doctorado y sólo tenía que leer mi trabajo de DEA para perder dicha condición, cosa que debió suceder entre junio y septiembre, fecha en la que POR LEY debía convocarse el examen del Diploma de Estudios Avanzados. Pues bien, el Departamento de Derecho Civil responsable del examen (al cual pertenece el rector) se negó a convocarlo violando la ley. Su excusa fue que no se le había dado una documentación que precisaban en el negociado de doctorado, pero en dicho negociado juran que cumplieron con su deber. Durante meses acudí al departamento, al negociado y al vicerectorado competente. Con diversas y cada vez más burdas excusas me fueron dando largas... hasta decirme que, contraviniendo la ley, este año no se convocaría examen y así yo conservaría forzosamente mi condición de alumno para seguir atado al expediente. He remitido todos los correos electrónicos y demás pruebas de mis desesperados intentos por hacer valer el derecho a examen que todo alumno tiene al Defensor del Universitario.

La crisis de la monarquía
Podría parecer que hoy día, sufriendo los efectos de una crisis económica devastadora, la lucha por la república en España es algo superfluo, poco urgente.

Pero especialmente en nuestro país la crisis está tan relacionada con la especulación inmobiliaria, los abusos bancarios, las tramas de amiguismo y otras prácticas malversadoras que, infiltradas en el Estado mediante la corrupción política, han alcanzado un grado tal que es imposible que la crisis no le afecte a él también.

El régimen monárquico de la tan discutible constitución de 1978 es una causa más de la crisis que padecemos. Sin su total complicidad con las maniobras especulativas, amparándolas, estimulándolas y beneficiándose de ellas, esta crisis no estaría afectándonos tanto. Por eso esta crisis es estructural, por eso es la crisis de la monarquía.

El próximo 7 de Junio están convocadas elecciones al Parlamento Europeo. A pesar de que el 80% de las normas jurídicas que nos afectan tengan su origen en la Unión Europea, el desinterés de los ciudadanos hacia esta cita electoral es cada convocatoria más profundo (este año, las encuestas indican que la abstención rondará el 60%).

Este desinterés tiene una causa real: de todas sus instituciones, el Parlamento (la única elegida por el voto directo de los ciudadanos) tiene un peso muy limitado en el juego interno de poderes de la Unión Europea. El Consejo de Ministros, la Comisión, el Banco Central y los Tribunales europeos, son los centros de su actividad política efectiva. Y todas ellas son instituciones ajenas a cualquier tipo de control democrático.

Millones de ciudadanos citados a votar, saben que el llamamiento de algunas fuerzas de izquierda a reforzar el papel de la UE como alternativa a la crisis, bajo el eslogan: necesitamos más Europa, no es más que una nueva demostración de su tendencia a sustituir la firmeza y la coherencia por ingenuidad y falta de discurso propio. ¿Dónde ven estas organizaciones la Europa Social?. La Unión Europea no ha hecho nada para reforzar y unificar un espacio de libertad y derechos sociales en el viejo continente; por el contrario, ha sido desde su constitución un instrumento en manos de la oligarquía para atacar los derechos democráticos y sociales de los ciudadanos y de los pueblos europeos.

Vientos de abril de nuevo. Mas fuertes que nunca, cruzan España en todas direcciones: Desde el norte, desde el sur, sea en las tierras del cantábrico y el atlántico , en el levante mediterráneo o en la llanura castellana. Flamea la tricolor en los corazones. Son muchos, muchos los corazones que comparten el sueño de la República. Ondea la tricolor alegre en Cataluña, en Euskadi, en Galiza, en Castilla, en Canarias, en Andalucia, en Asturias, donde Memoria y República se unen marcando la vanguardia de la lucha republicana; ondea al viento del pueblo, de los trabajadores, pese a las nubes de confusión y olvido que algunos desean perpetuar. Las naciones aprenden de su pasado y saben que una República del pueblo, al servicio del pueblo, es la única esperanza. Partidos, organizaciones, instituciones, transiciones y demás zarandajas caen por su peso, por sus errores, en ocasiones por sus traiciones a este pueblo que supo luchar y que fue condenado al olvido de su identidad. Pero la batalla de la memoria se libra con denuedo y fiereza en 2009, no hemos sido vencidos, ni cautivos ni desarmados, la lucha sigue. Hemos aprendido del pasado, queremos construir el futuro. La realidad presente de partidos y sindicatos institucionalizados es patética. ¿Para qué dar nombres o poner ejemplos? Están en la mente de todos. 

En medio de la peor crisis vivida en décadas, con visos de ser definitiva, estructural, de fin de milenio, cuando las oligarquías preparan sus feudos del futuro y ejercen implacables la lucha de clases contra los trabajadores, nos dicen los jerarcas sindicales que no hay motivos para una Huelga General. Es para reír si no fuera tan dramático. Los partidos que supuestamente están a la izquierda son el principal soporte del régimen. Ni un gesto, un una ley, ni una medida que ayude a superar la crisis apoyando a las clases populares, a los trabajadores, en defensa de lo público, de la sanidad, de la educación, de la ciencia, de nada que no sea el puro interés miserable de los poderosos. 

Bajo los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe, amparados en sus uniformes y armas de dotación, miembros de las Fuerza Pública han asesinado cientos de civiles para presentarlos como individuos abatidos en combate, con el fin de mostrar éxitos militares y recibir beneficios. Esas ejecuciones, que son precedidas por desapariciones forzadas, son de carácter sistemático y deben ser tipificadas como crímenes de lesa humanidad. Resulta de extrema gravedad que quienes deben defender la vida de los ciudadanos y velar por su seguridad, sean quienes se encargan de violar los derechos humanos en forma generalizada, y que esas prácticas criminales sean auspiciadas por la política de Seguridad Democrática.

Los llamados “falsos positivos” no pueden ser considerados como delitos de individuos desviados, casos aislados o como meros síntomas de corrupción dentro de las fuerzas militares. Estos hechos se han presentado en múltiples departamentos del país, de manera permanente y con la participación de oficiales, suboficiales y soldados rasos del Ejército Nacional. La directiva No. 029 de noviembre 17 de 2005 del Ministerio de Defensa de Colombia ofrece estímulos a cada soldado que demuestre haber abatido a miembros de grupos armados al margen de la ley.

Legalizar las ejecuciones perpetradas por miembros de la Fuerza Pública es una vieja modalidad criminal en Colombia. En septiembre de 2008, los “falsos positivos” se dieron a conocer al país cuando 19 jóvenes del municipio de Soacha que habían sido desaparecidos, fueron encontrados en fosas comunes en el municipio de Ocaña y Norte de Santander. En años recientes, la plataforma de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos denunció más de 1.400 de estos casos. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha comenzado investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales que involucran a 763 agentes de la Fuerza Pública y que reconocen la existencia de por lo menos 1.137 víctimas.

Aunque el presidente Uribe, una vez se enteró de la gravedad de los hechos, ordenó la destitución de 27 militares, entre ellos tres generales, esta medida no ha sido suficiente. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha declarado que estos crímenes son cosa del pasado. Sin embargo, los medios de comunicación siguen registrando a diario denuncias que demuestran la persistencia de estas ejecuciones.

El 6 de marzo de 2009, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado convoca a la realización de una jornada contra las ejecuciones extrajudiciales, cuyo evento central será una reunión nacional de los familiares de las víctimas de “falsos positivos”. Dicho evento debe contribuir a diseñar estrategias de verdad, justicia, reparación y no repetición en los casos de estos crímenes de lesa humanidad.

MOVICE: www.movimientodevictimas.org

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PDA-MCP (Polo Deocrático Alternativo - Movimiento por la Constituyente Popular) Alicante - Murcia
Plataforma Ciudadanos por la República de la Región de Murcia