(Publicado en diario Publico, el 20 de Febrero de 2009)

El pasado 13 de febrero el eurodiputado español por el PP Luis Herrero fue expulsado de Venezuela. La mayor parte de la prensa española, como es habitual cada vez que el Gobierno de Hugo Chávez está de por medio, fue rápida en dictar sentencia condenatoria en contra de este último, sin preocuparse por analizar los pormenores del caso o consultar la opinión oficial venezolana. Lo dicho por el diputado Herrero, por su colega del PP Carlos Iturgaiz –a la sazón también en Venezuela– o por la oposición venezolana, bastó para que se asumiera como válida esa cara de la moneda. La sentencia fue expedita: una tropelía más del caudillo tropical.

Ocurre, sin embargo, que Venezuela, al igual que España, tiene leyes, lo que sin duda puede resultar una sorpresa para quienes creen que por aquellos rumbos sólo hay tambores. El ordenamiento legal venezolano regula, como lo hace cualquier otra legislación del mundo, lo que no está permitido a los ciudadanos extranjeros en el interior de su territorio. La actitud políticamente beligerante e irrespetuosa a la institucionalidad venezolana, evidenciada por el señor Herrero a pocas horas de un proceso comicial, obviamente violó dicho ordenamiento. Máxime cuando sus palabras promovieron dudas sobre la validez y la pulcritud del referéndum que tendría lugar.

La suya fue una actitud provocadora que soliviantó los ánimos y sentó las bases para un eventual desconocimiento de los resultados de dicha jornada electoral. Con base en ello, el Consejo Nacional Electoral –poder público independiente con competencia absoluta en materia electoral– solicitó, por desición unánime de sus rectores, la expulsión del diputado Herrero del territorio venezolano.

(Publicado en El Viejo Topo numero 252, Enero de 2009)

Como en el franquismo, la policía reprime en la Universidad. Como en el franquismo, son los rectores o algunos altos cargos académicos quienes la llaman. Como en el franquismo, a algunos estudiantes se les abre expediente de expulsión. Como en el franquismo, nadie atiende a las razones que llevan al estudiantado a rebelarse. Como en el franquismo.

ANTES DE BOLONIA

Hay que buscar las raíces de la actual crisis de la universidad en España en la política de los gobiernos de Felipe González, que dieron el gran salto de la universidad elitista y burocrática que había sobrevivido al régimen franquista a una universidad de masas pero también burocrática.

1.1. La universidad del franquismo
La universidad del franquismo era burocrática en el sentido de que el profesorado superior estaba integrado por funcionarios que lo eran de por vida, los cuales gobernaban las facultades y las universidades y adoptaban a sus sucesores entre los profesores más parecidos a ellos mismos –mediante oposiciones que formalmente eran muy difíciles pero que se resolvían mediante relaciones de amiguismo y clientelismo entre los caciques de las diferentes especialidades académicas –. En aquella universidad había gran número de mediocridades ocupando las cátedras como consecuencia del exilio intelectual tras la guerra civil. Y la universidad era elitista porque sólo los hijos de familias de la burguesía media-alta tenían acceso a ella, aunque la demanda social de instrucción empezó a minar este muro de acceso a las profesiones tituladas cualificadas a principios de los años setenta del siglo XX. Junto al personal “docente” antes mencionado había una gran cantidad de profesores no funcionarios, de categorías inferiores, profesores muy mal pagados, que desempeñaban la mayoría de las tareas docentes dado el absentismo real de los catedráticos, muchos de ellos dedicados a actividades privadas o políticas y en la mayoría de los casos no profesionalizados en la educación superior.
Una parte de los profesores no funcionarios estaba hecha a imagen y semejanza de sus patrones catedráticos, de cuya designación dependían. Otra parte pequeña pero muy significativa de ellos apoyó al movimiento estudiantil democrático y antifranquista, sufrió la represión del régimen, y elaboró propuestas serias de democratización de la universidad que iban en las direcciones siguientes:

◆ Respecto del estudiantado, oposición a las políticas de selectividad con las que el régimen trataba de mantener el elitismo de la educación superior, apoyando las demandas sociales de acceso a ella.
◆ Respecto del profesorado, defendían el cambio a un sistema contractual que les asimilara al resto de trabajadores, concibiéndose a sí mismos como trabajadores de la enseñanza. Este sistema debía conducir a enseñantes profesionalizados contratados por sus méritos, necesarios para conseguir contratos de larga duración.
◆ Respecto de la universidad como tal, defendían su democratización y desburocratización; el restablecimiento de la actividad investigadora y la normalización de una enseñanza de calidad.

La mejor expresión de estas aspiraciones se halla en el Manifiesto por una universidad democrática, de 1966, aprobado por el efímero Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, el SDEUB, que desbordó la legalidad franquista.

El movimiento de los profesores no numerarios, la mano de obra barata del franquismo, fue sin embargo débil en muchas universidades y poco abarcante en otras, lo que explica su fragilidad posterior.

"Historiadores, periodistas, ensayistas,tertulianos radiofónicos, sociólogos y demás especies se han empeñado con tesón desde1975 en borrar de la memoria histórica de los españoles lo que supuso para este país la experiencia republicana, pero sus esfuerzos tan bien remunerados no han sido coronados por el éxito completo, y sigue habiendo españoles que se empeñan en recordar y conmemorar el 14 de Abril"

La denominada transición democrática española (1975-1978) fue un proceso por el cual la oligarquía sustituyó la dictadura franquista por el sistema parlamentario sin perder un ápice de su poder económico y político. Contando con el beneplácito y la colaboración de los partidos de izquierda, el Ejército, la policía, la judicatura y el conjunto de las instituciones franquistas, sin solución de continuidad, sin exigencia de responsabilidades, sin depuraciones, pasaron del fascismo a la democracia. Los grandes poderes económicos quedaron intactos, los fascistas de siempre se convirtieron en demócratas de toda la vida, los torturadores continuaron en sus puestos y Juan Carlos, a quien Franco había nombrado su sucesor, se convirtió en Rey. La izquierda guardo en el baúl de los recuerdos sus reivindicaciones republicanas y los antifranquistas quedaron relegados al olvido.Una amnesia histórica programada se instaló en la sociedad española. La represión franquista, los maquis, la II República y todos aquellos episodios molestos para los artífices de tan modélica transición fueron arrinconados, mientras la monarquía recibía, y recibe, todo tipo de parabienes y alabanzas. Afortunadamente, el empeño de un conjunto de historiadores, trabajando a contracorriente, va rompiendo el muro de silencio con el que se ha querido cubrir determinados episodios de la historia de España.

El presente artículo apunta en esta dirección, en el camino de recuperar la memoria histórica, centrándose en dos cuestiones a mi modo de ver fundamentales: la legalidad y legitimidad del régimen republicano frente a la ilegalidad e ilegitimidad de la monarquía, y, en segundo lugar, el significado histórico de la II República.

Ha transcurrido el tiempo y la observación clarividente de aquel concejal abreojos no ha hecho más que acrecentarse. Invocar en nuestros días el derecho constitucional al trabajo o a una vivienda digna mueve a la carcajada o, a lo sumo, constituye un juego floral sólo al alcance de políticos ociosos. Para los de abajo, todo aquello del estado social y democrático de derecho se confirmó como lo que era, pura fanfarria, coartada de palabras para encubrir la constitución real, la exclusiva soberanía del Capital.

“La patria es el refugio de todos los canallas”, afirmaba el capitán rebelde que interpretara Kirk Douglas en Senderos de gloria. Otro tanto podría decirse, a estas alturas, de la Constitución española. La Constitución se ha convertido en la cueva de Ali-baba de los poderosos de nuestro país: los principales capataces de la política, los grandes empresarios, los jefes militares, los altos jueces, todos se reúnen el 6 de diciembre, bajo la tutela del Gran Bribón, para renovar el conjuro del régimen. La Constitución es la losa magna, el gran candado del poder, el mecanismo de cierre que garantiza “un orden inmutable, para siempre asegurado”.

Funcionó el gatopardismo, el instinto de supervivencia de las clases dominantes. Cambiaron los collares, pero continuaron los mismos perros. El señorito bajó del caballo para montarse en el todoterreno al tiempo que se adentraba en los secretos de la Bolsa a golpe de acciones de Iberdrola, Telefónica o Endesa.

Mientras en televisión los Imanol Arias y Ana Duato de turno nos repiten la cantinela de la modélica transición, entre visillos, en los bastidores de la Zarzuela, se zurcen los negocios de Repsol y Lukoil. Unos gobiernan nuestros recuerdos, sedando la inquieta memoria con la fábula de los 30 años de paz; los otros, incansables, continúan repartiéndose el botín, los osos cazados, las burbujas especulativas futuras.

Pero cuando se las prometían tan felices y, sobre todo, tan eternas, miles de jóvenes llenan las calles aguándoles el festejo de la Inmovilidad. Y donde sólo había silencio cómplice o timorato los nuevos rebeldes imponen el grito liberador, y donde decía Intocable Constitución escriben República de los Iguales.

También asaltará la primavera de los pueblos el búnker del 6 de diciembre.