I. Seguimos en las mismas. La dramática destrucción de empleo existente en nuestro país conduce una y otra vez al mercado laboral como centro y final de las políticas económicas. Ahora es el nuevo manifiesto “Propuesta para la reactivación laboral en España“ al que El País ha dedicado una insistente publicidad: primero en las páginas salmón del domingo 26 de abril, al día siguiente en la columna de Joaquín Estefanía y el martes en el artículo de opinión de Ramón Marimón. La razón central de tanta noticia es que se trata de un manifiesto firmado por “los más prestigiosos economistas académicos del país”. Y por tanto hay que darles crédito pues han llegado a esta conclusión tras una profunda reflexión intelectual.

Leído el manifiesto se observa un total paralelismo con los argumentos que en su día ya lanzó el Gobernador del Banco de España. No hay casualidades, los verdaderos autores de la propuesta son los mismos que desde hace años controlan la línea de análisis del mercado laboral que se elabora en el Servicio de Estudios del Banco de España y en la Fedea (la Fundación de las Cajas de Ahorro) y que sin duda son los responsables del presente documento. Se trata de personas que hace muchos años están haciendo el mismo discurso sobre la necesidad de flexibilizar el mercado laboral español, y que suelen ser especialistas en retorcer su análisis cuando la realidad les da la espalda. En la década de los ochenta sostenían que la rigidez del mercado laboral y la excesiva protección al desempleo (en un período en el que menos del 25% de los parados recibían alguna prestación) era la causante del elevado desempleo español. En la década siguiente, cuando la tasa de temporalidad ya estaba en el 30% adujeron que la rigidez provenía de la propia temporalidad, pues este colchón de temporales permitía a los empleados fijos estar a salvo de los ajustes de plantilla. Un argumento que eludía la evidencia que en la crisis de 1991-1994 se destruyera básicamente empleo estable. Después han seguido con variaciones del tema con independencia de las numerosas reformas habidas desde 1994 y que han afectado a las normas de despido, a la negociación colectiva y con una larga experiencia de negociación colectiva dominada por la  moderación salarial. Da igual,  el problema del desempleo sigue residiendo en su opinión en la dualidad del mercado laboral (fijos hiperprotegidos, temporales precarios), el carácter inflacionista de la negociación colectiva, la falta de incentivos a la búsqueda de empleo debida a un exceso de duración de la protección y cosas por estilo.

(Publicado en diario Publico, el 7 de Mayo de 2009)

Según las declaraciones de Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, el sistema de pensiones públicas en España, a fin de garantizar su viabilidad, debe cambiar sustancialmente retrasando la edad de jubilación y calculando la pensión basándose en un periodo laboral más largo que el que hoy se utiliza para calcular la pensión de una persona que se jubila. Propuestas semejantes las ha hecho Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, y más recientemente el Partido Popular Europeo (al cual pertenece el PP español).
Ni que decir que tales declaraciones han sido especialmente citadas y ampliadas en los medios de información y persuasión conservadores y liberales (que son la mayoría), contribuyendo a crear una ansiedad en la población basada en el temor de que habrá recortes significativos de las pensiones, necesarios para que puedan continuar existiendo. Como era previsible, la banca y las cajas están también promocionando esta ansiedad, pues quieren que la población vaya corriendo a aquellas instituciones para comprarse seguros de pensiones privados que sustituyan o complementen las pensiones públicas.

Los argumentos que se utilizan para cuestionar la viabilidad de las pensiones, sin embargo, no tienen peso. Veamos. Almunia, para apoyar sus propuestas, hace referencia a un estudio de la Comisión Europea que señala que el gasto público en pensiones aumentará mucho más en España que en la Unión Europea. Según tal informe, España, que destinó el 8,4% del PIB a la jubilación en 2007, subirá este porcentaje hasta el 15,1% del PIB en el año 2060, porcentaje que el informe considera excesivo, puesto que España necesitará recursos públicos para otros fines –escuelas, servicios sanitarios y otros servicios públicos– que las pensiones absorberán. Esta explicación parece lógica y razonable. Parecería que España no pudiese dedicar tantos recursos, un 15,1% del PIB, en jubilaciones, pues ello significaría que habría menos recursos públicos para otros servicios y transferencias. Pero, por muy lógico y razonable que parezca, este argumento es profundamente erróneo. Y es fácil demostrarlo.

Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es de un 1,5% (una cifra razonable utilizada incluso por el Banco de España) durante el periodo 2007-2060. En este supuesto, el PIB del año 2060 sería 2,25 veces mayor que el PIB del año 2007. Lo que esto quiere decir es que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, entonces el valor del PIB en el año 2060 será de 225. Pues bien, los recursos disponibles para gastarse en otras actividades que no sean pensiones en 2007 fue de 100 menos 8,4 (siendo 8,4 la cantidad que nos gastamos en pensiones aquel año), es decir, 91,6. Y en el año 2060 sería el 15% de un valor del PIB igual a 225, es decir, 33. Lo que quedaría para los no pensionistas sería 225 menos 33, es decir, 192, una cantidad muy superior (más del doble) a la que nos quedaba para pagar otras transferencias y servicios además de las pensiones en el año 2007. La sociedad en 2060 tendrá muchos más recursos para pagar las pensiones y todo lo demás. En realidad, el gasto en pensiones hace 50 años en España era sólo de un 3% del PIB.

(Publicado en Publico, el 26 de abril de 2009)

Nuestro país está muy castigado por el cemento. España ha venido siendo durante más de un lustro el primer país en consumo de cemento de Europa y el quinto del mundo, llegando a doblar el de países con mayores poblaciones y/o territorios, como Francia y Alemania. Durante los últimos años del auge han estado cayendo sobre la geografía hispana una media aproximada de diez toneladas anuales de hormigones y mezclas por hectárea. Y, para colmo, cuando los excesos del cemento han alimentado hasta el límite el endeudamiento y la crisis actual, el Gobierno sugiere echar todavía más para combatirla. Pues para suplir la caída del cemento asociado al ladrillo, el Gobierno pretende “acelerar” las obras públicas contenidas en un Plan de infraestructuras y transportes que se revela cada vez más sobredimensionado e impropio de la presente fase de declive.

Semejante proceder, unido al gran peso de la construcción en la economía española, sería incomprensible si no estuviera asociado al enorme poder de los intereses vinculados a este sector, que vienen operando desde el franquismo, pues el negocio de las obras públicas ha estado, y sigue estando, vinculado al manejo oligárquico de concesiones, recalificaciones y contratas. A diferencia de la agricultura y de la industria, el sector de la construcción ganó peso y se vio reforzado por la expansión de la actividad inmobiliaria desde la adhesión de España a la UE. Tras un proceso de fusiones, el núcleo central de este sector está hoy constituido por un puñado de grandes empresas, casi todas ellas enraizadas con la oligarquía franquista, que completan el negocio de la obra pública con el de contratas a largo plazo de servicios de mantenimiento, limpieza, recogida de basuras, etc. La continuidad en el cambio, propia de la llamada Transición política, hace que se siga operando sin tapujos una descarada connivencia entre estas empresas y los políticos de los dos principales partidos. Así lo atestigua, por ejemplo, el hecho de que el director de la Oficina Económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero pasara a convertirse en presidente de la patronal de grandes empresas de construcción, la Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN).

La indefensión de los ciudadanos ante semejante neocaciquismo es manifiesta. Sin contar para nada con los ciudadanos, nos hemos tenido que tragar, y tendremos que pagar, un aquelarre de obras y megaproyectos de dudoso interés social. Madrid ha ejemplificado bien tal estado de cosas. Además de ser la única ciudad del mundo que llegó a contar con doce tuneladoras de gran sección funcionado a la vez, ahora el flamante ministro de Fomento ha acordado con la presidenta regional acometer dos megaproyectos de gran impacto ecológico y escaso interés social: cerrar la M-50 y hacer un nuevo aeropuerto privado, cuando apenas se acaba de ampliar el actual. Por lo que se ve, las semillas razonables de pensamiento siguen cayendo en suelo de cemento, aunque la crisis pida a gritos evitar el despilfarro y priorizar y consensuar mejor el gasto público.

Con la primavera nació la República, durante un maldito verano intentaron asesinarla, digo intentaron porque no lo han conseguido, para nosotros vive siempre y la sangre de los que lucharon para defenderla corre por nuestras venas.

La II vive en nosotros, la III vivirá para todo este país, todos lucharemos por ella, no solo porque es el régimen legal, sino también porque es necesaria, sin ella la democracia no existe, la democracia en la boca de los que nos gobiernan no es mas que un engaño, un régimen post-franquista que continúa el anterior y que fue fraguado desde mucho antes de la muerte del  asesino por toda una serie de poderes mas o menos fácticos que deseaban que todo siguiera como antes. Los mismos que traicionaron a un régimen democrático para apoyar a un dictador enano,  diseñaron el proyecto que debía perennizar el nacional-catolicismo que nos gobernaba, y se nos convirtió en súbditos de un monarca cómplice del asesino y que el pueblo ignoraba.

La historia de la transición es muy conocida, recordemos simplemente la intervención de la CIA en el proyecto político Español, también la intervención de la OTAN en España, las dos instituciones al servicio del capitalismo trabajaban juntas, apoyando a los movimientos fascistas, como en Italia, donde esta noble institución se cobró tantas vidas en atentados sangrientos para imponer la estrategia de la tensión con el siniestro proyecto Gladio, que se aplicó en España hasta tiempo   después de que fuera entronizada la monarquía. Recordemos todo esto ya que los enemigos de la República, segunda o tercera son siempre los mismos y están siempre ahí impidiéndonos toda veleidad de ser libres.

El 8 de marzo es “El día de la Mujer”, por lo menos tenemos un día en el que hablaremos de nuestros problemas sin que se nos diga que nos quejamos de vicio, que las mujeres tenemos todo el poder y que queremos aun mas, quizás se nos ofrezca una rosa, y podremos desfilar, por las calles echando globitos de colores para que se vea lo artistas que somos.

(Publicado en Publico, el 8 de Marzo de 2008)

En los últimos tiempos se viene afirmando que la “salida de la crisis” exige un relanzamiento masivo del consumo. Siguiendo este objetivo se han hecho insistentes llamadas y se han aplicado medidas para conseguirlo. Sin embargo, este empeño de relanzar el consumo hace aflorar las inconsistencias propias de los enfoques habituales.
En primer lugar subraya errores de diagnóstico. No me cansaré de insistir en que la crisis actual no procede de una debilidad del consumo, sino del pinchazo de una enorme burbuja inmobiliario-financiera, siendo la caída del consumo la consecuencia última de este pinchazo. Al igual que las revalorizaciones patrimoniales incentivaron el consumo durante el auge a través del llamado “efecto riqueza”, ahora lo deprimen durante el declive. Pues mientras la caída de las cotizaciones bursátiles e inmobiliarias ha recortado la riqueza de los hogares, su endeudamiento permanece y sus obligaciones de pago se hacen más gravosas con la reducción de la actividad económica y el aumento del paro.

Cuando la tasa de endeudamiento de los hogares españoles respecto a su renta disponible supera a la de los principales países de nuestro entorno y sus salarios y pensiones son muy inferiores, resulta absurdo apelar al voluntarismo consumista para “salir de la crisis”. La magnitud del efecto depresivo antes apuntado sobre el consumo deja pequeñas las medidas de apoyo hasta hora practicadas. Por ejemplo, la deprimida economía de los hogares ha engullido sin resultados visibles los 400 euros regalados por Zapatero o los entre 600 y 1.200 dólares regalados por Bush a los contribuyentes en 2008.

Pero más absurdo resulta que, tras tanto predicar que es la “soberanía del consumidor” la que guía el funcionamiento de la máquina económica hacia la utilidad y el bienestar de la gente, ahora se quiera forzar a ese consumidor supuestamente soberano a que se sacrifique consumiendo para que el pulso de la coyuntura económica no decaiga. De pronto se evidencia que el consumidor, lejos de ser el rey a cuyo servicio se encuentra la máquina económica, es un componente más en sus engranajes al que se le pide que colabore estirando su precaria economía para que el ritmo ciego de acumulación de capital no decaiga, dejando claro que es el lucro y no el consumidor la verdadera meta del sistema.

El mensaje consumista se adereza a veces con metas altruistas. Se dice que qué va a ser de los trabajadores del automóvil si no seguimos comprando nuevos coches, aunque ya no quepan casi en las calles; qué va a ser de los inmigrantes que trabajaban en la construcción si no seguimos comprando viviendas, aunque España sea ya el país con más viviendas per cápita de toda Europa y estén en buena parte vacías… Todo esto muestra la naturaleza perversa del sistema ya ideado por Adam Smith en La riqueza de las naciones (1776). Pues cuando señala las ventajas de la división del trabajo en una fábrica de alfileres, se congratula del considerable aumento en la producción que puede lograrse, en vez de preguntarse si necesitamos tantos alfileres o si no sería mejor reducir el tiempo de trabajo para seguir obteniendo los mismos que antes.

Al ser la finalidad el lucro empresarial y no la satisfacción de la gente, se ha tratado siempre de forzar la producción (y el consumo) y no de recortar el trabajo penoso, haciendo que los inventos ahorradores de trabajo acentúen la dicotomía entre trabajo y paro, en vez de ampliar el tiempo libre y el disfrute de la vida, como hubiera sido deseable para la mayoría.

El poder de los medios de comunicación, una vez más, hace que se reacomoden los políticos ante la foto, se ajusten la corbata, y se observen de reojo por si hay algo fuera de lugar. En el siguiente caso se han removido de sus asientos los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía de España, el cual depende del Ministerio del Interior. Sólo cuando sus quejas han tenido eco en la prensa, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba reacciona. Veremos cómo.

Esta historia no comenzó este lunes, cuando una nota interna destinada a la comisaría de un distrito de Madrid, Villa Vallecas, fue filtrada a la prensa. Hace casi un mes que los sindicatos policiales emitieron una queja a la Comisión del Interior del Congreso. O sea, que la Cámara Baja ya conocía el malestar de la Confederación Española de Policía, por ejemplo, desde la que se declaró: “El cerco sobre la inmigración ilegal se está realizando en virtud de indicaciones de la Administración según les viene mejor o peor llenar los aviones, cuando en 2005 se promovía el papeleo para todos”.

Esto queda reflejado en la orden a la comisaría de Villa Vallecas que ha saltado esta semana a las páginas de los periódicos. En ella se indicaba el número de extranjeros en situación irregular que debían ser detenidos cada semana. En el caso del distrito madrileño, 35. “Si no los hay, se va a buscarlos fuera”.

La nota también recomendaba las nacionalidades más atractivas para el arresto. “Marruecos, prioritario (se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)”. El portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, denunciaba que no sólo han aumentado las redadas, sino que se procede a identificar y detener a los padres extranjeros que acuden a recoger a sus hijos al colegio.

El ministro del Interior se ha visto entonces obligado a salir en televisión. “Nuestra prioridad en relación a los inmigrantes ilegales es detener aquellos vinculados a actividades delictivas”. Además de negar las pesquisas en colegios y de evitar preguntas incómodas, se atrevió a hablar de este modo. Es una lástima que nadie osara corregir al lenguaraz. Porque Rubalcaba debería ser más cuidadoso con el lenguaje y no hablar de inmigrantes ilegales, que no es sólo un término peyorativo sino además incorrecto. Una persona no puede ser de por sí ilegal, y un migrante tampoco. En todo caso, su situación puede ser irregular, y esto ni siquiera es un delito, sino una infracción administrativa.

Tanto alboroto ha tenido sus frutos, al menos en lo que a lavado de imagen se refiere. El mismo día en que todo esto ocurría, el Ministerio del Interior emitía a última hora una instrucción, por el que la Policía ya no debe cumplir con determinado número de detenciones a la semana, sino que los arrestos deben limitarse a “objetivos cualitativos, [ojo a la cosificación de quien se habla] atendiendo prioritariamente a la problemática delincuencial”.

Solo queda por saber si los policías podrán explorar otros distritos en busca de nuevos desamparados a los que repatriar.

(Publicado en El Pais, el 23 de Febrero de 2009)

Paco Ibáñez pedía ayer permiso a Antonio Machado para apoyar su pie sobre la lápida del cementerio de Collioure (sur de Francia) y dar así sustento a la guitarra. Luego se arrancó con "Ya hay un español que quiere / vivir y a vivir empieza...", de Proverbios y cantares. Apenas se le oía, la tramontana soplaba con fuerza y sacaba brillo al cielo. Pero cuando llegó a la estrofa de "Españolito que vienes/ al mundo, te guarde Dios. / Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón", la consigna se extendió como reguero de pólvora entre las 300 personas reunidas y fue un canto unánime y entrañable para recordar al poeta muerto hace 70 años y a los ideales republicanos a los que fue fiel hasta el último día.

Ha sido un fin de semana muy activo para la memoria histórica en la zona del Rosellón francés. El sábado por la mañana hubo una marcha desde la alcaldía de Argelès hasta la entrada norte de lo que fue el campo de refugiados -a 2,5 kilómetros- en la que tomaron parte unas 1.500 personas, convocadas por la modesta -350 afiliados- pero muy activa asociación FFRREEE, siglas francesas de Hijos e Hijas de Republicanos Españoles y Niños del Éxodo. Al frente la teniente de alcalde de París, Anne Hidalgo, hija ella misma de refugiados españoles, la marcha ganaba la playa y colocaba un mojón para marcar el acceso más septentrional del campo, abierto a mediados de febrero de 1939. La apertura de fronteras el día 5 de ese mes propició que entraran en el departamento de los Pirineos Orientales más de 350.000 personas, entre civiles y militares, de los cuales se calcula que unos 100.000 pasaron por Argelès. Un drama humanitario de dimensiones colosales.

Josep Umbert, 85 años, lo vivió en directo. Tenía 17 años y trabajaba en la fábrica Hispano-Suiza de Barcelona. Los fascistas tiraban ya desde el Tibidabo cuando a él le dieron orden de cargar maquinaria en el camión y salir hacia Francia. Pasó la frontera a pie, por Espolla, y caminó hasta Argelès, a unos 35 kilómetros al norte. Llegó cuando el campo aún no estaba montado, si campo puede llamarse a una playa peinada por el frío viento y cercada por alambradas, sin barracones ni letrinas. "Los que más suerte tuvieron fueron los paracaidistas, que pudieron hacerse tiendas de fortuna. Los demás nos juntábamos para compartir las mantas. Echábamos a suerte los que dormían en los extremos, que eran los que pasaban más frío". Los gendarmes senegaleses les trataban a patadas. La frase que más repetían era "Allez, allez!". Umbert recordaba toda esta epopeya ante un camión quemado y dos barracones de attrezzo, montados por TV-3 para un reportaje que ha acabado de grabar y que emitirá el próximo mayo.