(Publicado en diario Publico, el 4 de Abril de 2010)

Nadie se acuerda a estas alturas de que durante 2005 y 2006 se vendieron más de 900.000 viviendas cada año, casi un millón, que es justo el número de pisos nuevos que ahora no logran colocar las inmobiliarias. España fue capaz de mantener una media de 800.000 ventas anuales entre 2004 y 2007 y, lo que es peor, llegó a construir más que Francia y Alemania juntas al iniciar más de medio millón de casas al año desde 2002 a 2006. Pero la crisis inmobiliaria, primero, y la recesión, después, han hecho desplomarse la edificación más de la mitad y, con ello, han caído algunos de los grandes mitos que rodean al sector del ladrillo. El que más afecta al patrimonio de los españoles es aquel que aseguraba que los pisos nunca bajaban de precio. Pero hay más.

1 Las casas no pierden valor
Ya caen un 10% desde 2008

Era una verdad inmutable a la que recurrían a menudo los promotores, incluso la propia patronal, la APCE, con el fin de seguir alentando las ventas de pisos, sobre todo como inversión. El sector blandía como argumento que en la anterior crisis los precios habían caído menos del 1,2% en 1992 y 1993 y que esto tampoco era una bajada si se contaba el efecto de la fuerte inflación.

La realidad lo refutó el último trimestre de 2008, cuando se registró la primera caída anual de la vivienda libre, del 3,2%, según las estadísticas del Ministerio de Vivienda. El país acababa de entrar en una recesión de la que no ha salido, como tampoco han remontado los precios. El año pasado, bajaron un 6,3%, con lo que desde los máximos de principios de 2008 hasta ahora la vivienda se ha depreciado en torno a un 10%. Los perjudicados son aquellos que hayan adquirido piso a partir de 2006 porque este ha perdido valor o, como mínimo, el descenso se ha comido las subidas de ese año y de 2007.
 

¿Alguien se imagina que un juez del Tribunal de Núremberg, fuese procesado por condenar a los responsables del Holocausto, por denuncia de un partido y un sindicato de tufo nacionalsocialista?. Con el procesamiento del juez Garzón, vemos como "la justicia al revés" a que se refería Serrano Súñer, sigue siendo posible todavía en nuestro país.

Un estado de derecho como se alardea es España, está obligado a respetar y cumplir el ordenamiento jurídico internacional, en lo referente a los tratados internacionales que el estado español tiene suscritos y ratificados. Estos tratados, según contempla la Constitución de 1978, forman parte del "corpus" jurídico español y obligan a su cumplimiento, tanto como el código de la circulación, el penal o la ley hipotecaria.

La ilegalización jurídica del franquismo, de sus tribunales represesores, y la nulidad radical de sus sentencias, es un mandato de las leyes de la ONU contra la impunidad, emanadas del Título IV del Estatuto de Nüremberg, que declara el tipo penal de los crímenes franquistas como delito de "crímenes contra la humanidad", de aplicación retroactiva e imprescriptibles, de rango superior al tramposo art. 607.bis del CP, al que invalida para estos casos; leyes que han permitido sentar ante el TEDH a asesinos como Slovodan Milosevic, o Radovan Karadzic, y que llevaron a su día a Garzón a procesar a Agusto Pinochet, al capitán Alfredo Scilingo, o al comandante Menéndez, destacados ejecutores de las dictaduras chilena y argentina.

Este articulo está sacado de la revista T. E. (Trabajadores de la Enseñanza , CCOO), y su autor es Agustín Canales Alonso, Secretaría de Politica Edcucativa

La Ley de Economía Sostenible es para el Gobierno uno de los instrumento prioritarios con el que avanzar hacia un cambio de modelo productivo, que se situaría como escenario deseable en la salida de la crisis. Dicho modelo se ligaría a un impulso significativo de la educación y dentro de ella de la formación profesional. Prueba de ello sería la presencia de la Formación Profesional en el Capítulo VIII del Anteproyecto de dicha Ley.

Si partimos, pues, de la voluntad de enmarcar la formación profesional en la estrategia diseñada para alcanzar ese nuevo modelo productivo, la pregunta que se impone es, si en la LES hay suficientes elementos que prefiguren el modelo que planteamos. Ignacio Fernández Toxo ha afirmado que, aunque la ley es necesaria, puesto que CCOO también apuesta por el mismo cambio de modelo, sin embargo no la considera suficiente en su actual redacción, ya que en ella no se refleja la necesidad de acometer los necesarios cambios estructurales. El reconocido economista Albert Recio, a quien tuvimos ocasión de escuchar hace un par de meses en Segovia, en un curso de formación, señala que es “imposible captar” “en qué se concreta el cambio de modelo económico” y que “poco se encuentra en la propuesta que dé pistas acerca de cómo piensan hacer esa transformación”. “Se mantienen en cambio muchas de las viejas ideas neoliberales desde una nítida voluntad de limitar el tamaño del sector público, como el recurso sistemático a recortes fiscales como medio para promover políticas. No hay en cambio ninguna propuesta que vincule la intervención pública a la sostenibilidad social ni la desigualdad de la renta al modelo productivo”[1].

(Publicado en La Verdad de Murcia, el 23 de Enero de 2010)

Cuando hace tres meses el Servicio Murciano de Salud (SMS) anunció la contratación por valor de 185.000 euros para analizar el modelo de gestión privada-pública de la atención sanitaria en los municipios de Águilas y de Mazarrón, las sospechas que albergábamos muchos ciudadanos, quedaron confirmadas. Esa convocatoria pretendía dar cobertura técnica a la decisión expresada previamente por el presidente de la Comunidad Autónoma [Ramón Luis Valcárcel declaró el 9 de julio del 2009, en referencia a los hospitales de Mazarrón-Águilas, que:... «para el funcionamiento de esta infraestructura se va a utilizar un nuevo modelo de gestión totalmente privada -igual que el de los hospitales de Denia y Torrevieja-, por lo que la titularidad del hospital será pública, pero la gestión quedará en manos de otra empresa»].

(Publicado en Publico, el 14 de Mayo de 2009)

Desde mi vuelta a España después de un largo exilio me ha preocupado, en gran manera, la limitada diversidad ideológica que existe en los medios de información existentes en España, con claro predominio de puntos de vista conservadores y liberales en tales medios. Son muchos los ejemplos de este sesgo conservador-liberal. Uno de los más recientes es el consenso que ha aparecido en los rotativos más importantes del país sobre la necesidad de retrasar la edad de jubilación en España y la conveniencia de prolongar el periodo de cálculo de las pensiones con la consiguiente disminución del tamaño de la pensión de la persona jubilada.

Así, hemos visto cómo, a raíz de las declaraciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a favor de tales cambios, El País –que ha publicado varios artículos de opinión en esa línea– concluía en un editorial reciente (“Pensiones en conflicto”, 23-04-09)
que “el gobernador tiene razón… Nada más lógico (para salvar la viabilidad de las pensiones) que subir la edad de la jubilación y aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión…”. Tal rotativo había escrito hace dos años otro editorial parecido, titulado “Augurio de crisis” (12-02-07), en el que, tras señalar el peligro de la próxima inviabilidad del sistema de pensiones en España,recomendaba cambios semejantes
–el retraso de la edad de jubilación y la reducción de las pensiones– propuestos entonces por un informe de David Taguas, subdirector de estudios del banco BBVA (y más tarde director de la oficina económica del presidente Zapatero en La Moncloa).

La avalancha liberal en contra de las pensiones

Como era previsible, las voces conservadoras y liberales (desde el Partido Popular Europeo, del cual el PP español forma parte, al Sr. Almunia, Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, y el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España) han propuesto, una vez más, la reducción de las pensiones en España para garantizar su solvencia. Y los medios de información y persuasión del país han promovido tal mensaje, haciendo suyas tales propuestas. Así, El País, en su editorial del 23 de Abril de 2009 titulado “Pensiones en Conflicto”, apoyaba las propuestas del Gobernador del Banco de España escribiendo “Sobre la viabilidad de las pensiones, el gobernador tiene razón… Nada más lógico (para salvar la viabilidad de las pensiones) que subir la edad de la jubilación y aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión…”. Y editoriales semejantes se han escrito en La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, ABC, y en la gran mayoría de rotativos del país. La única diferencia es el énfasis que se da a cada una de estas recomendaciones, en la intensidad del apoyo al gobernador del Banco de España (y crítica, no carente de insultos, al Ministro Corbacho del gobierno español que ha cuestionado tanto el diagnóstico de inviabilidad de las pensiones como las recomendaciones hechas por el Gobernador) y a las propuestas parecidas del Sr. Almunia, y en la rapidez con que se pronostica el colapso del sistema de Seguridad Social en caso de que no se lleven a cabo las reformas que unánimemente se están proponiendo. Hay una avalancha ideológica muy acentuada para, aprovechando las crisis financiera y económica, hacer los cambios que las fuerzas conservadoras y liberales han deseado desde hace años. En realidad, en cada crisis económica, aparece una situación semejante, utilizando los mismos argumentos y en ocasiones incluso los mismos datos y cifras. El informe que la Comisión Europea ha hecho sobre la viabilidad de las pensiones en España, y que el Sr. Almunia utiliza en alguna de sus propuestas, es casi una copia del informe escrito por el Sr. David Taguas, entonces subdirector de estudios del Banco BBVA (y más tarde director de la oficina económica de La Moncloa durante el primer gobierno Zapatero), publicado en la revista Panorama Social de la Fundación de Cajas de Ahorro. Tal informe, que utiliza los mismos argumentos y casi los mismos datos que los que aparecen en el informe de la Comisión Europea, motivó también una editorial favorable de El País, titulado entonces (12.02.07) “Augurio de crisis”.

Un análisis detallado y riguroso de la evidencia empírica que tales informes y artículos presentan en apoyo de sus tesis y propuestas muestra que tienen problemas metodológicos serios que cuestionan su credibilidad. En realidad, es sorprendente la pobreza intelectual de su contenido y laxitud y flexibilidad en la interpretación de los datos. El hecho de que algunos de los errores que reproducen estos informes, artículos y editoriales estén ampliamente generalizados en el debate actual sobre las pensiones no excusa su aparición en tales documentos. Veamos algunos errores que centran tales informes y argumentos

(Publicado en Publico, el 28 de Enero de 2009)

La enorme tragedia en Haití se ha presentado en la gran mayoría de los medios de información españoles como una catástrofe natural resultado de un terremoto de inusitada violencia que ha generado una gran respuesta humanitaria liderada por EEUU. Tal interpretación de lo ocurrido en aquel país es errónea. Varios rotativos han señalado que incluso en la capital, Puerto Príncipe, los barrios pudientes apenas fueron afectados por el terremoto, con un número relativamente menor de daños, los cuales se concentraron en los barrios populares y pobres, donde vivía la gran mayoría de la población. Según declaraciones del propio alcalde de la ciudad, el 75% de las viviendas eran de muy pobre construcción, y el 80% de la población vivía en niveles de gran pobreza. No fue el terremoto en sí, sino la inexistente protección de la mayoría de la población, lo que creó la gran tragedia.

Lo primero que hay que acentuar es que, en contra de lo que dicen la mayoría de los medios de información, Haití no es, ni nunca ha sido, un país pobre. En realidad, fue siempre un país muy rico. En 1780, por ejemplo, el 60% del café y el 40% del azúcar consumido en Europa era producido en Haití. Pero, aunque el país era rico, su población era muy pobre: en realidad, el 60% eran esclavos en una colonia francesa. Su rebelión dio pie, más tarde, al establecimiento de una república, la segunda república que se estableció en las Américas, después de la estadounidense.

Más tarde, los problemas de Haití surgieron, en gran parte, debido a su proximidad a EEUU y el deseo de las compañías estadounidenses (muy influyentes sobre el Gobierno federal de EEUU) de asegurarse el control de los recursos del país, lo cual determinó la intervención activa y repetida (16 veces en el siglo XX) de aquel Gobierno (incluyendo a sus famosos marines) en las políticas del país. Estas intervenciones fueron siempre resistidas, lo que convirtió la historia de Haití de los siglos XIX y XX en una historia de revueltas populares reprimidas por las élites dirigentes y apoyadas siempre por el Gobierno de EEUU. Una de las más recientes fue el golpe militar que impuso Papa Doc Duvalier, que dirigió uno de los regímenes más corruptos y represivos que hayan existido en las Américas. Fue este Papa Doc al que la Madre Teresa llamó “el gran amigo de los pobres”, (en respuesta a las donaciones de Duvalier a sus compañías de caridad en Haití). Tal “amigo de los pobres” gobernó y arruinó al país durante 28 años. Fue sucedido por su hijo, el igualmente corrupto Baby Doc, Jean Claude Duvalier, cuyos Tonton Macoutes mataron a más de 60.000 opositores. El Gobierno federal de EEUU apoyó tales dictaduras. Una rebelión forzó a Baby Doc al exilio.