(Publicado en Publico, el 6 de Marzo de 2010)

Dos asuntos han protagonizado la actualidad informativa y el debate político durante los últimos días: la muerte de un preso cubano en huelga de hambre y el auto de un juez de la Audiencia Nacional implicando al Gobierno venezolano con el terrorismo. Es evidente que se trata de temas claramente alejados de la vida cotidiana de los españoles y que cualquier criterio mínimamente serio de valoración de la actualidad los ubicaría en segundo plano. Hemos comprobado cómo estas dos noticias han desplazado de la actualidad no solamente el debate sobre la crisis económica, sino también a terremotos con cientos de muertos en Haití y Chile. Mientras aquí todo giraba en torno al deceso cubano y la acusación contra Chávez, en Colombia se descubrió la mayor fosa clandestina de la historia latinoamericana (2.000 cadáveres) y los paramilitares admitieron haber asesinado a 30.000 personas, cifra que la fiscalía estimó en al menos 120.000. En México, las decapitaciones y matanzas de jóvenes por el crimen organizado están a la orden del día y en Honduras el goteo de líderes sociales asesinados no cesa: ya van por más de un centenar desde el golpe de Estado. Igualmente las masacres de civiles en Afganistán e Irak no despiertan comentario alguno en los debates políticos.
Como señalaba José Steinsleger en el diario mexicano La Jornada, “de las tragedias acontecidas en el primer bimestre del año en curso, ninguna más ruidosa que la muerte por inanición voluntaria del ciudadano cubano Orlando Zapata Tamayo, preso político, de conciencia, disidente, opositor, delincuente común”. El analista francés Salim Lamrani se permitía recordar que, en Francia, entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2010, hubo 22 suicidios en prisión, entre ellos el de un adolescente de 16 años. Un dato al que nadie ha dado la más mínima importancia.

Entre la cobardia y la impotencia

El Partido Socialista de Alhama tiene proyectado dar cumplimiento a la moción presentada en marzo de 2007 por Izquierda Unida aprobada por unanimidad por el pleno del ayuntamiento, en lo referente a colocar un monumento dedicado a Gines Campos Gómez en la avenida que lleva su nombre, así como una placa con una semblanza del alcalde republicano. Por este motivo, diecisiete familiares de Gines Campos, acordaron el 21 de Febrero, solicitar a la Alcaldía que en el monumento se coloque una placa con su ultima carta, y demandar-con carácter irrenunciable- la colocación de una placa o inscripción que refleje de forma inequívoca la causa y autoria de su muerte, redactada en los siguientes términos: “Gines Campos Gómez, Alcalde republicano de Alhama de Murcia 1936-1938. Ejecutado por el régimen franquista el tres de abril de 1940. “IN MEMORIAM”.

El Lunes 22 los familiares de Gines, Agustín Romero y José Luis García, acompañados de Damian Rubio de IU, trasladaron personalmente dicho acuerdo al alcalde José Espadas, transmitiéndole también que el deseo de la familia es que se haga lo correcto y amparados en la justicia de lo que piden lucharan por conseguirlo, que lo justo para honrar a Gines Campos es que se diga quien le mato, de lo contrario, en vez de honrar a Gines lo que se haría es amparar al asesino, que no fue otro que el régimen franquista.

Entre la cobardía y la impotencia que se respira en la piel de toro, donde aun es tabú llamar a las cosas por su nombre donde acusar al régimen franquista de asesinos sigue siendo pecado, ¿tendrá la alcaldía de Alhama, la valentía y la coherencia necesarias para honrar como se merece al que fue presidente de la casa del pueblo, y alcalde republicano, Gines Campos Gómez?

Eso de ser juancarlista y republicano tiene significados muy claros. Lo que nos están diciendo es que son “juancarlistas”, porque su pacto con los franquistas les ha servido para participar en el “reparto del pastel”; y al mismo tiempo republicanos, porque es la mejor forma de seguir engañándonos a todos dándose una apariencia de progresistas. Pero la verdad, es que se vive muy bien autoetiquetándose como “juancarlista” y republicano; es populismo puro, significa hablar para el pueblo mientras se trabaja para los de siempre, lo cual, en una monarquía bananera como la nuestra, es la mejor forma de garantizarse un buen porvenir como lacayo al servicio del poder.

¿Alguien se imagina que un juez del Tribunal de Núremberg, fuese procesado por condenar a los responsables del Holocausto, por denuncia de un partido y un sindicato de tufo nacionalsocialista?. Con el procesamiento del juez Garzón, vemos como "la justicia al revés" a que se refería Serrano Súñer, sigue siendo posible todavía en nuestro país.

Un estado de derecho como se alardea es España, está obligado a respetar y cumplir el ordenamiento jurídico internacional, en lo referente a los tratados internacionales que el estado español tiene suscritos y ratificados. Estos tratados, según contempla la Constitución de 1978, forman parte del "corpus" jurídico español y obligan a su cumplimiento, tanto como el código de la circulación, el penal o la ley hipotecaria.

La ilegalización jurídica del franquismo, de sus tribunales represesores, y la nulidad radical de sus sentencias, es un mandato de las leyes de la ONU contra la impunidad, emanadas del Título IV del Estatuto de Nüremberg, que declara el tipo penal de los crímenes franquistas como delito de "crímenes contra la humanidad", de aplicación retroactiva e imprescriptibles, de rango superior al tramposo art. 607.bis del CP, al que invalida para estos casos; leyes que han permitido sentar ante el TEDH a asesinos como Slovodan Milosevic, o Radovan Karadzic, y que llevaron a su día a Garzón a procesar a Agusto Pinochet, al capitán Alfredo Scilingo, o al comandante Menéndez, destacados ejecutores de las dictaduras chilena y argentina.

Este articulo está sacado de la revista T. E. (Trabajadores de la Enseñanza , CCOO), y su autor es Agustín Canales Alonso, Secretaría de Politica Edcucativa

La Ley de Economía Sostenible es para el Gobierno uno de los instrumento prioritarios con el que avanzar hacia un cambio de modelo productivo, que se situaría como escenario deseable en la salida de la crisis. Dicho modelo se ligaría a un impulso significativo de la educación y dentro de ella de la formación profesional. Prueba de ello sería la presencia de la Formación Profesional en el Capítulo VIII del Anteproyecto de dicha Ley.

Si partimos, pues, de la voluntad de enmarcar la formación profesional en la estrategia diseñada para alcanzar ese nuevo modelo productivo, la pregunta que se impone es, si en la LES hay suficientes elementos que prefiguren el modelo que planteamos. Ignacio Fernández Toxo ha afirmado que, aunque la ley es necesaria, puesto que CCOO también apuesta por el mismo cambio de modelo, sin embargo no la considera suficiente en su actual redacción, ya que en ella no se refleja la necesidad de acometer los necesarios cambios estructurales. El reconocido economista Albert Recio, a quien tuvimos ocasión de escuchar hace un par de meses en Segovia, en un curso de formación, señala que es “imposible captar” “en qué se concreta el cambio de modelo económico” y que “poco se encuentra en la propuesta que dé pistas acerca de cómo piensan hacer esa transformación”. “Se mantienen en cambio muchas de las viejas ideas neoliberales desde una nítida voluntad de limitar el tamaño del sector público, como el recurso sistemático a recortes fiscales como medio para promover políticas. No hay en cambio ninguna propuesta que vincule la intervención pública a la sostenibilidad social ni la desigualdad de la renta al modelo productivo”[1].

(Publicado en La Verdad de Murcia, el 23 de Enero de 2010)

Cuando hace tres meses el Servicio Murciano de Salud (SMS) anunció la contratación por valor de 185.000 euros para analizar el modelo de gestión privada-pública de la atención sanitaria en los municipios de Águilas y de Mazarrón, las sospechas que albergábamos muchos ciudadanos, quedaron confirmadas. Esa convocatoria pretendía dar cobertura técnica a la decisión expresada previamente por el presidente de la Comunidad Autónoma [Ramón Luis Valcárcel declaró el 9 de julio del 2009, en referencia a los hospitales de Mazarrón-Águilas, que:... «para el funcionamiento de esta infraestructura se va a utilizar un nuevo modelo de gestión totalmente privada -igual que el de los hospitales de Denia y Torrevieja-, por lo que la titularidad del hospital será pública, pero la gestión quedará en manos de otra empresa»].

(Publicado en Publico, el 14 de Mayo de 2009)

Desde mi vuelta a España después de un largo exilio me ha preocupado, en gran manera, la limitada diversidad ideológica que existe en los medios de información existentes en España, con claro predominio de puntos de vista conservadores y liberales en tales medios. Son muchos los ejemplos de este sesgo conservador-liberal. Uno de los más recientes es el consenso que ha aparecido en los rotativos más importantes del país sobre la necesidad de retrasar la edad de jubilación en España y la conveniencia de prolongar el periodo de cálculo de las pensiones con la consiguiente disminución del tamaño de la pensión de la persona jubilada.

Así, hemos visto cómo, a raíz de las declaraciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a favor de tales cambios, El País –que ha publicado varios artículos de opinión en esa línea– concluía en un editorial reciente (“Pensiones en conflicto”, 23-04-09)
que “el gobernador tiene razón… Nada más lógico (para salvar la viabilidad de las pensiones) que subir la edad de la jubilación y aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión…”. Tal rotativo había escrito hace dos años otro editorial parecido, titulado “Augurio de crisis” (12-02-07), en el que, tras señalar el peligro de la próxima inviabilidad del sistema de pensiones en España,recomendaba cambios semejantes
–el retraso de la edad de jubilación y la reducción de las pensiones– propuestos entonces por un informe de David Taguas, subdirector de estudios del banco BBVA (y más tarde director de la oficina económica del presidente Zapatero en La Moncloa).

La avalancha liberal en contra de las pensiones

Como era previsible, las voces conservadoras y liberales (desde el Partido Popular Europeo, del cual el PP español forma parte, al Sr. Almunia, Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, y el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España) han propuesto, una vez más, la reducción de las pensiones en España para garantizar su solvencia. Y los medios de información y persuasión del país han promovido tal mensaje, haciendo suyas tales propuestas. Así, El País, en su editorial del 23 de Abril de 2009 titulado “Pensiones en Conflicto”, apoyaba las propuestas del Gobernador del Banco de España escribiendo “Sobre la viabilidad de las pensiones, el gobernador tiene razón… Nada más lógico (para salvar la viabilidad de las pensiones) que subir la edad de la jubilación y aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión…”. Y editoriales semejantes se han escrito en La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, ABC, y en la gran mayoría de rotativos del país. La única diferencia es el énfasis que se da a cada una de estas recomendaciones, en la intensidad del apoyo al gobernador del Banco de España (y crítica, no carente de insultos, al Ministro Corbacho del gobierno español que ha cuestionado tanto el diagnóstico de inviabilidad de las pensiones como las recomendaciones hechas por el Gobernador) y a las propuestas parecidas del Sr. Almunia, y en la rapidez con que se pronostica el colapso del sistema de Seguridad Social en caso de que no se lleven a cabo las reformas que unánimemente se están proponiendo. Hay una avalancha ideológica muy acentuada para, aprovechando las crisis financiera y económica, hacer los cambios que las fuerzas conservadoras y liberales han deseado desde hace años. En realidad, en cada crisis económica, aparece una situación semejante, utilizando los mismos argumentos y en ocasiones incluso los mismos datos y cifras. El informe que la Comisión Europea ha hecho sobre la viabilidad de las pensiones en España, y que el Sr. Almunia utiliza en alguna de sus propuestas, es casi una copia del informe escrito por el Sr. David Taguas, entonces subdirector de estudios del Banco BBVA (y más tarde director de la oficina económica de La Moncloa durante el primer gobierno Zapatero), publicado en la revista Panorama Social de la Fundación de Cajas de Ahorro. Tal informe, que utiliza los mismos argumentos y casi los mismos datos que los que aparecen en el informe de la Comisión Europea, motivó también una editorial favorable de El País, titulado entonces (12.02.07) “Augurio de crisis”.

Un análisis detallado y riguroso de la evidencia empírica que tales informes y artículos presentan en apoyo de sus tesis y propuestas muestra que tienen problemas metodológicos serios que cuestionan su credibilidad. En realidad, es sorprendente la pobreza intelectual de su contenido y laxitud y flexibilidad en la interpretación de los datos. El hecho de que algunos de los errores que reproducen estos informes, artículos y editoriales estén ampliamente generalizados en el debate actual sobre las pensiones no excusa su aparición en tales documentos. Veamos algunos errores que centran tales informes y argumentos