(Publicado en Publico, el 28 de Agosto de 2010)

No consiguió que se hiciera justicia. Carmen Dorado, que falleció el viernes a los 83 años en Málaga, se convirtió el año pasado en la primera familiar de una víctima de los crímenes del bando nacional en demandar al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero no ha vivido lo suficiente para comprobar si tenía éxito su último intento de esclarecer el asesinato en 1936 de su padre, el diputado socialista por Málaga durante la II República Luis Dorado Luque. Carmen fue enterrada este sábado en el cementerio de San Gabriel, en Málaga.

"Hizo todo lo que pudo", cuenta Antonio Gutiérrez, uno de sus cinco hijos. Gracias a él, la demanda presentada en Estrasburgo continúa adelante. "Nuestro abogado ha comunicado al tribunal el fallecimiento de mi madre, y también que yo continúo como demandante", explica Antonio. La puerta abierta por Carmen no está todavía cerrrada.

Carmen Dorado acudió a Estrasburgo tras agotar, como es requisito imprescindible, todo el recorrido judicial en España: primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional. Nadie asumió la investigación del asesinato de Luis Dorado, cuyo cadáver se encuentra todavía en una fosa común en el cementerio de la Salud, en Córdoba, desde que fue asesinado por las fuerzas sublevadas en la madrugada del 29 al 30 de julio de 1936.

Para entender mejor los pactos de la Transición debemos tener en cuenta el contexto internacional en que se produjeron. La política de bloques surgida de la “guerra fría” todavía tenía plena vigencia, posibilitando el consenso y la concertación en medio de una crisis económica derivada de la subida del precio del petróleo en 1973 y el agotamiento político de la dictadura que se había trasformado en un lastre para el desarrollo del capitalismo español. Tenemos que recordar que la reforma política del “régimen” fue acompañada de acuerdos sociales y económicos (“Pactos de la Moncloa”).

La irrupción del neoliberalismo, traído de la mano por los gobiernos de Felipe González y profundizada su introducción por los gobiernos de Aznar, se produce en un contexto de caída y posterior hundimiento del bloque socialista europeo y, por tanto, del final del mundo bipolar existente hasta esos momentos que era, en definitiva, lo que propició la concertación necesaria para intentar construir un estado democrático, social y de derecho. A partir de ese momento el proyecto político, económico y social surgido de la Transición entró en crisis y, en la actualidad, hace aguas por todas partes: desprestigio de la política, desideologización de la izquierda y fortalecimiento ideológico de la derecha – que muestra cada vez más su faz antidemocrática-, corrupción generalizada, la libertad limitada por la propiedad privada, el “dios mercado” dirigiendo nuestras vidas, la justicia al servicio de los poderosos, un modelo de estado obsoleto e incapaz de dar soluciones a las aspiraciones de los distintos pueblos del estado, chantajes constantes de la jerarquía de la Iglesia Católica cuestionando cualquier avance social -al mismo tiempo que salen a la luz múltiples casos de pederastia y escándalos financieros en su seno-, control de la política por los grandes poderes económicos, sustitución de la economía productiva por la economía especulativa, el paro alcanzando cifras históricas, el modelo educativo en crisis, la sanidad cada vez más deteriorada y amenazada por la privatización, la xenofobia y el racismo como ideología frente a la crisis económica, la manipulación informativa como norma, pérdida de derechos sociales y económicos de las clases populares, transformación de servicios públicos en negocios… y un largo etcétera que cada uno podríamos ir agrandando con nuestras aportaciones.

Después de la quiebra del sistema financiero estadounidense provocado por la emisión fraudulenta de los bancos de inversión de activos financieros por valor de billones de dólares, y la posterior extensión al consumo y la producción mundial, todos los analistas coincidieron en que tan sólo la decidida y masiva intervención del sector público evitó el riesgo sistémico y el colapso de la intermediación financiera. Una intervención que, sin embargo, no evitó una rápida y abrupta recesión económica en la mayor parte del mundo.

Fueron tiempos de políticas públicas y manual keynesiano. De dignos amagos sobre la supremacía de la democracia y de la política. Pero fue un espejismo. Aquellos que reclamaron un paréntesis al capitalismo y que esperaron agazapados hasta que escampara; los que provocaron el desastre y vivieron aparentemente bajo el signo del descrédito social; los ideólogos del capitalismo de casino, que parecen no tener rostro; todos ellos han emergido de nuevo y han puesto a los gobiernos a sus pies, recetando mercado y agitando convulsiones monetarias.

El Gobierno español ha sido uno de ellos. Incapaz de prever la dimensión de la crisis, fue aceptando su gravedad a medida que improvisaba un paquete tras otro de medidas de corto alcance y escasa o nula coordinación. Sumó a su insolvencia una acusada           ausencia de liderazgo que, en tiempos de recesión, se nos antojaba imprescindible para convocar a las fuerzas políticas y sociales y explorar la posibilidad de un Pacto de Estado. En su lugar se fueron sucediendo acuerdos de baja intensidad y alta disputa mediática, siempre activados por un Partido Popular cegado por el horizonte electoral.

Existe una nueva sabiduría convencional extendida entre grandes sectores de los establishments políticos, intelectuales y mediáticos europeos –reflejada en el artículo, publicado en El País, de Jürgen Habermas (23-05-10)– que asume que la crisis del euro y de la Unión Europea se debe a la falta de liderazgo de Alemania, reflejada por la tardía respuesta de la canciller Angela Merkel a la crisis de la deuda pública del Gobierno griego, retraso que se atribuye al surgimiento preocupante del nacionalismo en aquel país.

Considero esta interpretación de lo que está ocurriendo en Europa errónea en sus supuestos, consecuencia de la limitación de su método de análisis. Miremos los hechos y recuperemos algunas categorías analíticas olvidadas por Habermas y por la mayoría de analistas de la realidad europea. Y entre ellas, la categoría de clase social continúa siendo de una enorme importancia. Alemania es un país de 82 millones de habitantes que pertenecen a distintas clases sociales. La clase empresarial alemana (banca e industria exportadora) ha promocionado una economía basada en la exportación, cuyo éxito se basa en su gran competitividad, resultado de que los salarios han ido aumentando mucho menos que la productividad. Como consecuencia, las rentas del trabajo han ido descendiendo de una manera muy marcada y las rentas del capital han alcanzado niveles exuberantes. La clase empresarial ha ido acumulando mucho dinero y, puesto que siempre tiene un gran surplus en su comercio (es decir, que exporta mucho más que importa), tiene una enorme plusvalía de euros (1,3 billones), consecuencia de que dos terceras partes de las exportaciones alemanas se hacen a los países de la UE que pagan en euros.

¿Qué ha hecho la clase empresarial –y muy en especial los bancos– en Alemania con tantos euros? Una posibilidad hubiera sido que se distribuyeran entre los trabajadores alemanes, aumentando sus sueldos y su capacidad de consumo, con lo cual el motor de la economía alemana dependería más de la demanda doméstica y menos de las exportaciones (esta era la alternativa propuesta en su día por Oskar Lafontaine, entonces ministro de Economía del Gobierno de Gerhard Schroeder). Tal medida habría tenido un gran impacto estimulante en una economía que ha estado estancada desde hace ya años, estímulo que habría ayudado también a la economía europea, cuyo centro es la alemana. Pero la clase trabajadora alemana no tuvo suficiente fuerza para poder imponer esta alternativa. El canciller Schroeder (próximo a la banca y a los grandes grupos empresariales exportadores, para los cuales ahora trabaja) continuó, junto con Angela Merkel, enfatizando las exportaciones como motor de la economía, con lo cual la banca acumuló una gran cantidad de euros, que prestó a los bancos de países como Grecia, Portugal y España, que estaban muy endeudados (como consecuencia también de que las rentas del trabajo han disminuido también en estos países). La banca alemana fue la que prestó más dinero a la banca española en su inversión en el complejo banca-sector inmobiliario-industria de la construcción que creó la burbuja inmobiliaria en nuestro país. También compró gran cantidad de deuda pública con intereses muy elevados (que iban de un 3,5% en España a un 9% en Grecia). Los estados de los países mediterráneos, en lugar de aumentar los impuestos de los ricos y corregir el enorme fraude fiscal para pagar sus gastos públicos y sociales, pidieron prestado dinero a la banca alemana, la mayor propietaria de bonos públicos hoy en la UE.

Abandone el PSOE esa engañifa de “partido socia­lista obrero” en sus siglas y, de acuerdo a la realidad material, de­nomínese algo así como “partido de derecha voluntariosa”, y habre­mos eliminado la confusión más absoluta entre los pronunciamientos socialistas de la Real Politik y las expectativas reales de obreros, empleados y tropas del trabajo por cuenta ajena.
Los sucesivos gobiernos que hemos ido padeciendo -y padecemos- desde el final de la dictadura con la colaboración de clase empresarial y los gobiernos de turno PSOE-PP que padecemos igualmente- emprendieron a principios de los años 80 del siglo pasado una calculada reducción de los derechos de los trabajadores.
“Los trabajadores no deben limitarse a actuar; es preciso que imaginen, reflexionen y decidan todo por sí mismos (…)  El capitalismo, en realidad, no es ese mundo que se nos quiere hacer creer de individuos firmando contratos en condiciones de igualdad; es un mundo de clases en lucha (…)  El objetivo y la misión de la clase obrera es abolir el sistema capitalista (…)  La democracia, dicen, es el gobierno del pueblo. Pero el pueblo no existe, sólo existen las clases"

Pensada como una reestructuración permanente, se trata de abaratar la mano de obra puesta a disposición de las empresas como forma de compensar su falta de competitividad con respecto a las del exterior. La legendaria falta de capacidad del empresariado español, su avidez por los ingresos rápidos y su falta de responsabilidad social son sufragadas por la clase trabajadora que asiste impávida al deterioro de las condiciones laborales y de los derechos sociales.