El sindicato considera que en la actual situación de crisis económica es prioritario garantizar el poder adquisitivo de los salarios.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de agosto ha dado un leve respiro a la más que preocupante alza continuada de precios en nuestra Región. El descenso de dos décimas con relación al mes anterior, igual que la media nacional, sitúa la inflación interanual en el 4,8%, una décima por debajo de dicha media, una tasa, en cualquier caso, excesivamente alta. La situación, no obstante sigue siendo muy preocupante ya que en lo que va de año se han producido subidas muy importantes en sectores básicos que afectan a amplias capas de la población, sobre todo a las que tienen los salarios más bajos en una Región donde éstos son los más bajos de España; así, Alimentos ha subido un 7,4%, Vivienda un 7,6% y Trasporte un 8,7%. Si bien es cierto que estas subidas están en consonancia con el resto del país, no es menos cierto que no nos puede servir de consuelo.

Para CCOO, ahora es más necesario que nunca que se establezcan mecanismos de control sobre los precios para evitar movimientos especulativos, sobre todo en el sector de la Alimentación. Es imprescindible que la Cláusula de Revisión Salarial se incorporé a todos los convenios como garantía para la no pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

CCOO vuelve a incidir que, en la actual situación de crisis económica, los trabajadores y trabajadoras y los sectores más desfavorecidos de la sociedad no pueden ser los ‘paganos’ de la misma. No es momento de hablar de moderaciones salariales y sí de control sobre los excesivos beneficios empresariales.

El sindicato confía en que las recientes bajadas en el precio del petróleo repercutan en una bajada de los carburantes que a su vez contribuya a estabilizar la escalada inflacionista. No deja de sorprender lo rápidamente que repercute sobre la cesta de la compra la más mínima subida de los carburantes y lo poco que se dejan notar luego importantes bajadas en los mismos.

(Publicado en El Pais, el 9 de Septiembre de 2008)

Dos ex diputados y dirigentes de partidos, una ex secretaria de Estado, un consejero autonómico, dos mujeres jueces vinculadas a dos de los casos a los que más rentabilidad política sacó el PP en la anterior legislatura y el abogado del PSOE en una de sus querellas más notorias estarán en el nuevo Consejo General del Poder Judicial. Es la materialización del primer gran pacto de Estado entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en cinco años, con la única excepción de cinco estatutos de autonomía. El acuerdo pone fin a dos años de interinidad sin precedentes del órgano constitucional de gobierno de los jueces. Se liquida un Consejo que ha servido de prolongación de la labor de oposición del PP la pasada legislatura.

El número de mujeres ha pasado de dos a siete, pero el Consejo, el primero renovado después de la Ley de Igualdad, está lejos de la paridad.

Antes de verano pactaron la cuota -nueve para cada uno, otro para CiU y otro para PNV- y ayer pusieron nombre a cada puesto. Los dos grandes partidos se aseguran un número suficiente de vocales para bloquear las grandes decisiones del Consejo, como nombramientos y sanciones. Hasta ayer no intercambiaron nombres y el acuerdo estaba bloqueado porque el PP no renunciaba a incluir sólo miembros de la conservadora APM y el PSOE le pedía que diera paso a otras asociaciones y a no adscritos.

Ayer, los portavoces parlamentarios, José Antonio Alonso y Soraya Saénz de Santamaría, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, se reunieron de nuevo. De salida, el PP insistió en su posición y el PSOE constató la inflexibilidad de la otra parte, pero ayer al fin cedió. La aceptó e intercambiaron los nombres. Aseguran todos que no hubo vetos y que admitieron sin pegas los 20 nombres que se pusieron sobre la mesa.

(Publicado en" La Verdad" de Murcia, el 3 de Septiembre de 2008)

La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de reabrir el baúl de la memoria histórica para tratar de determinar si este órgano judicial tiene competencias para enjuiciar al régimen franquista ha pillado por sorpresa a más de uno en la Región. Florencio Dimas, presidente de la Asociación Amigos de los Caídos por la Libertad ha recibido «con escepticismo» la iniciativa del magistrado que ya ha solicitado a los ayuntamientos de Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla, además de otros organismos e instituciones como la Conferencia Episcopal o la Abadía del Valle de los Caídos, que identifiquen a todos los desaparecidos y enterrados en fosas comunes durante el dictado de Franco.

«A la espera de observar el recorrido y la intencionalidad del juez Garzón ponemos esta medida en cuarentena». Dimas, que se sitúa al frente de la primera asociación registrada en el país en torno a la memoria de las víctimas del franquismo, conoció este lunes la noticia a través de los medios de comunicación. Su organización, que lleva cerca de trece años batallando por el reconocimiento de los republicanos represaliados por el franquismo, lamenta que esta iniciativa judicial no haya requerido de su ayuda, pese a las múltiples misivas que ésta ha enviado, incluso al mismo Garzón. «Él no se ha dignado ni a un simple acuse de recibo», denuncian. Dimas ha entrado en contacto, durante las horas siguientes al anuncio, con otras organizaciones de cometido similar que actúan en diversos puntos del país. La decisión de guardar cautela, según asegura, parece compartida.

Trasobares ha mostrado tambien su apoyo al Coronel en su solicitud de que el monarca explique el extraordinario enriquecimiento de su casa desde la nada a partir de su subida al trono, así como otras irregularidades que se ciernen sobre su biografía política y personal.

Desde su blog, Manuela ha instado a las fuerzas republicanas del país para que se organice una plataforma de apoyo a estas peticiones del profesor Martínez Inglés.