¿Alguien se imagina que un juez del Tribunal de Núremberg, fuese procesado por condenar a los responsables del Holocausto, por denuncia de un partido y un sindicato de tufo nacionalsocialista?. Con el procesamiento del juez Garzón, vemos como "la justicia al revés" a que se refería Serrano Súñer, sigue siendo posible todavía en nuestro país.

Un estado de derecho como se alardea es España, está obligado a respetar y cumplir el ordenamiento jurídico internacional, en lo referente a los tratados internacionales que el estado español tiene suscritos y ratificados. Estos tratados, según contempla la Constitución de 1978, forman parte del "corpus" jurídico español y obligan a su cumplimiento, tanto como el código de la circulación, el penal o la ley hipotecaria.

La ilegalización jurídica del franquismo, de sus tribunales represesores, y la nulidad radical de sus sentencias, es un mandato de las leyes de la ONU contra la impunidad, emanadas del Título IV del Estatuto de Nüremberg, que declara el tipo penal de los crímenes franquistas como delito de "crímenes contra la humanidad", de aplicación retroactiva e imprescriptibles, de rango superior al tramposo art. 607.bis del CP, al que invalida para estos casos; leyes que han permitido sentar ante el TEDH a asesinos como Slovodan Milosevic, o Radovan Karadzic, y que llevaron a su día a Garzón a procesar a Agusto Pinochet, al capitán Alfredo Scilingo, o al comandante Menéndez, destacados ejecutores de las dictaduras chilena y argentina.

Soy José Mateos Martínez, estudiante de doctorado de la Universidad de Murcia y becario de la misma.

Durante estas semanas han aparecido diversas noticias sobre la intención de la universidad de Murcia de expulsarme durante un año por mis críticas al consejo de estudiantes y al rectorado (podéis ver la noticia aquí por ejemplo http://www.rebelion.org/noticia.php... ). Pues bien, hoy he recibido la resolución donde se confirma mi expulsión. Dejando claro que voy a recurrir a los tribunales contra la aberración jurídica que supone, me gustaría resaltar algunos de los elementos más escandalosos de este proceso:

Mi expediente se inició el 10 de febrero de 2009 y tomaba mi condición de alumno como base para sancionarme y aplicarme el reglamento franquista de disciplina académica. Estaba en mi segundo año de doctorado y sólo tenía que leer mi trabajo de DEA para perder dicha condición, cosa que debió suceder entre junio y septiembre, fecha en la que POR LEY debía convocarse el examen del Diploma de Estudios Avanzados. Pues bien, el Departamento de Derecho Civil responsable del examen (al cual pertenece el rector) se negó a convocarlo violando la ley. Su excusa fue que no se le había dado una documentación que precisaban en el negociado de doctorado, pero en dicho negociado juran que cumplieron con su deber. Durante meses acudí al departamento, al negociado y al vicerectorado competente. Con diversas y cada vez más burdas excusas me fueron dando largas... hasta decirme que, contraviniendo la ley, este año no se convocaría examen y así yo conservaría forzosamente mi condición de alumno para seguir atado al expediente. He remitido todos los correos electrónicos y demás pruebas de mis desesperados intentos por hacer valer el derecho a examen que todo alumno tiene al Defensor del Universitario.

(Publicado en La Verdad de Murcia, el 23 de Enero de 2010)

Cuando hace tres meses el Servicio Murciano de Salud (SMS) anunció la contratación por valor de 185.000 euros para analizar el modelo de gestión privada-pública de la atención sanitaria en los municipios de Águilas y de Mazarrón, las sospechas que albergábamos muchos ciudadanos, quedaron confirmadas. Esa convocatoria pretendía dar cobertura técnica a la decisión expresada previamente por el presidente de la Comunidad Autónoma [Ramón Luis Valcárcel declaró el 9 de julio del 2009, en referencia a los hospitales de Mazarrón-Águilas, que:... «para el funcionamiento de esta infraestructura se va a utilizar un nuevo modelo de gestión totalmente privada -igual que el de los hospitales de Denia y Torrevieja-, por lo que la titularidad del hospital será pública, pero la gestión quedará en manos de otra empresa»].

En Murcia y Cartagena, el próximo 5 de marzo, habrán sendas manifestaciones que saldrán a las 19.30 horas, desde la Plaza Circular de Murcia y desde la Plaza de España de Cartagena.

CCOO y UGT saldrán a la calle el próximo día 5 de marzo, en Murcia y en Cartagena, "en defensa de las pensiones y en contra del retraso de la jubilación". Los secretarios de organización de ambos sindicatos lo han anunciado esta mañana en rueda de prensa, en la que de manera contundente han calificado el anuncio hecho por el Gobierno de reforma del sistema de cómputo y de alargar la edad de jubilación como medida "innecesaria, injusta e imprudente".

Ambos dirigentes sindicales no han
dudado en acusar al Gobierno central de crear una falsa alarma en la ciudadanía
al trasladar la idea de que el actual sistema de pensiones corre peligro. 

DIPTICO 

Las personas paradas están hartas. Por primera vez en mucho tiempo, las personas precarias y sin empleo han decidido impulsar un movimiento colectivo que tendrá su primera acción global el próximo sábado, 20 de febrero. Para este día, asambleas de personas paradas de diferentes territorios han convocado acciones reivindicativas de protesta contra el paro y la exclusión social. La elección de la fecha no es accidental: se trata del Día Internacional de la ONU de la Justicia Social, una conmemoración que las personas paradas quieren aprovechar para denunciar el incumplimiento dramático y sistemático por parte de los poderes públicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece, en sus artículos 23 y 25, el derecho de todas las personas al trabajo y a una vida digna.

El Movimiento Global de Personas Paradas es una coordinación no estructurada que aúna los esfuerzos de más de cuarenta asambleas de personas paradas y colectivos que luchan contra la exclusión social. Es un espacio de solidaridad y apoyo mutuo que promueve tres principios fundamentales: derecho al trabajo o a una renta básica, derecho a la vivienda, y derecho, en suma, a una vida digna. La iniciativa surgió desde abajo y se ha articulado a través de la comunicación horizontal entre asambleas. El primer encuentro se produjo el pasado 30 de enero en las rondas de Madrid y Barcelona del Foro Social Mundial. Allí, entre otras iniciativas, se acordó la convocatoria de esta primera acción global reivindicativa.