(Publicado en Gara, el 12 de Abril de 2008)

Hay modas para todo. También hay temporadas para las causas justas, que se van renovando, como las colecciones de los diseñadores. Hace un tiempo la situación en Birmania era un escándalo, pero ahora ese país ni aparece en los medios de comunicación. Y de repente, pese a que hace años que se decidió que los Juegos Olímpicos se celebraran en China, ahora crecen las protestas aquí y allá. Curiosamente, los mismos medios que suelen silenciar las protestas contra las violaciones de derechos y las políticas de dominación sobre los pueblos, ofrecen una cobertura extraordinaria a estas movilizaciones. Lo que China está haciendo en Tíbet es intolerable y hay que boicotear las Olimpiadas. En realidad China ha sido bendecida durante decenios por las potencias occidentales con EEUU a la cabeza, pero ahora alguien ha decidido que la causa de moda es el Tíbet. Y ese alguien -¡qué curioso!- tiene que ver con la CIA, y en definitiva, con la estrategia del imperio que nunca jamás se ha preocupado por los derechos de los pueblos. De hecho, como todos los imperios, el de los EEUU se basa en la negación de esos derechos.

Nos es muy grato comunicaros que ya está en al red el número 6 de Entresiglos 20-21, la revista de Historia Oral y Memoria Histórica del IES Sefarad de Fuenlabrada. Podéis descargar el número y la separata pinchando aqui

Por supuesto, nuestros alumnos y profes esperan vuestros comentarios, y desean que sea de vuestro interés.

Un cordial saludo,

(Publicado en www.lademocracia.es, el 5 de Abril de 2008)

Ayer se conoció el contenido de la sentencia del juicio contra el activista que hace dos años, sustituyó la bandera nacional por la republicana en un edificio público. En el fallo, el juez Francesc Ferrer i Pujol, titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 5, de lo Penal en Madrid, absuelve al acusado del delito de «desórdenes públicos» que le imputaba la Fiscalía; condenándolo no obstante, al pago de siete meses de multa —que a razón de 6 euros diarios, resulta en: 1.260 euros—, al encontrarle culpable del delito de «ultrajes a España».

El contenido íntegro de la sentencia se puede consultar en los siguientes enlaces: página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, página 6, página 7 y página 8.

COMUNICADO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN

Hemos recurrido legalmente la decisión de la Delegación de Gobierno y esperamos poder realizar una breve concentración con carácter totalmente pacífico este Sábado, sin caer en ningún momento en la provocación de la prensa y la Policía. Creemos que este momento nos obliga a reivindicar nuestros derechos más básicos y poner en evidencia la campaña de criminalización que el Gobierno está impulsando contra los movimientos sociales y la conciencia antifascista madrileña.

Hace poco más de dos semanas conocíamos a través de la prensa que el denominado sindicato ultraderechista Manos Limpias ha pedido la ilegalización de la Coordinadora Antifascista de Madrid por, según ellos, “promover una serie de actos vandálicos e ilegales“. Ahora esta iniciativa se hace más evidente con una nueva prohibición de la Delegación de Gobierno, esta vez contra la concentración de este 5 de abril en Tirso de Molina convocada por la Coordinadora bajo el lema “Contra la criminalización de los movimientos sociales. Construyendo organización popular”.

Las tres últimas solicitudes de legalización de una manifestación o concentración por parte de la Coordinadora Antifascista de Madrid han sido prohibidas. Manos Limpias llama a la ilegalización y el Gobierno aparentemente calla; sin embargo en la práctica la Coordinadora Antifascista no tiene posibilidades de legalizar movilizaciones, produciéndose lo más parecido a una ilegalización de facto.

(Publicado en El Pais, los dias 4 y 5 de Abril de 2008)

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil no dudaron en desobedecer a un juez de guardia y ocultar información a otros dos en su empeño para construir las acusaciones que hoy llevarán a tres médicos de la clínica de abortos Isadora, de Madrid, a declarar ante el juez como imputados por un delito de abortos ilegales.

Las irregularidades arrancaron el mismo día que dos agentes del cuerpo entraron en la clínica alegando que iban a inspeccionarla, según los documentos de la instrucción que lleva a cabo el juzgado de instrucción 47 de Madrid, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, y cuyo titular es José Sierra Fernández. Pese a ello, el juez ha dado cobertura a las actuaciones de la Guardia Civil.

A las 10.30 del 16 de febrero de 2007, los dos agentes procedieron a "realizar una inspección" en el centro, según los atestados y consideraron que se estaban gestionando mal los residuos, al tratarlos como biosanitarios y no como funerarios. El destino que deben tener estos residuos queda algo ambiguo en la normativa de la Comunidad de Madrid y, en todo caso, el centro había pasado hasta la fecha satisfactoriamente las inspecciones de la Consejería de Sanidad.

Los documentos de la Guardia Civil, que presentan algunas contradicciones, revelan que los agentes buscaban algo más. El resultado fue el oficio presentado ante el juez de guardia aquel día, el número 6, en el que se acusó a un trabajador de la clínica de manipular los residuos mientras los agentes estaban ocupados escribiendo el acta de la inspección.

El 19 de abril de 2007 se hizo público el“Pacto de desbloqueo” de la Ley de la Memoria Histórica entre IU y PSOE. Esta fue la primera y más importante traición de IU a las asociaciones memorialísticas y de víctimas del franquismo, ya que hasta entonces se había auto-erigido garante defensor de sus principales reivindicaciones, entre las que se encontraba como innegociable, la nulidad de pleno derecho de los juicios sumarísimos. Llamazares pacto entonces el desbloqueo de la ley, aceptando que se declarasen ilegítimos los tribunales represores, cayendo en la más absoluta inmoralidad al vender –aun se desconoce el precio-, el único remedio moralmente aceptable para un Estado llamado democrático, que es la declaración de ilegalidad de estos tribunales, lo que devendría por inercia en elreconocimiento jurídico de las víctimas, además abriría una vía jurídica para liquidar una vergonzosa causa pendiente del Estado español, la ilegalización del régimen franquista.

Inmediatamente surgieron las declaraciones y manifiestos de los colectivos afectados, que mostraron un profundo rechazo ante el “Pacto de desbloqueo”, calificándolo de deshonroso, injusto y cobarde.

IU, no fue el único grupo que traicionó sus principios por 30 monedas, al tiempoque se debatía la ley de la memoria en el Congreso, fructificaban entre bambalinas las negociaciones entre el Gobierno y los Partidos Parlamentarios. La principal moneda de cambio fue la devolución del Patrimonio Histórico. Llegado el 31 de octubre, es aprobada la Ley en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de todos los partidos, -incluso el PP vota a favor de 7 preceptos-, excepto la honrosa oposición de ERC que mantiene su firme rechazo a una Ley que posterga la impunidad del régimen franquista.