(Publicado en diario Publico, el 4 de Abril de 2010)

Nadie se acuerda a estas alturas de que durante 2005 y 2006 se vendieron más de 900.000 viviendas cada año, casi un millón, que es justo el número de pisos nuevos que ahora no logran colocar las inmobiliarias. España fue capaz de mantener una media de 800.000 ventas anuales entre 2004 y 2007 y, lo que es peor, llegó a construir más que Francia y Alemania juntas al iniciar más de medio millón de casas al año desde 2002 a 2006. Pero la crisis inmobiliaria, primero, y la recesión, después, han hecho desplomarse la edificación más de la mitad y, con ello, han caído algunos de los grandes mitos que rodean al sector del ladrillo. El que más afecta al patrimonio de los españoles es aquel que aseguraba que los pisos nunca bajaban de precio. Pero hay más.

1 Las casas no pierden valor
Ya caen un 10% desde 2008

Era una verdad inmutable a la que recurrían a menudo los promotores, incluso la propia patronal, la APCE, con el fin de seguir alentando las ventas de pisos, sobre todo como inversión. El sector blandía como argumento que en la anterior crisis los precios habían caído menos del 1,2% en 1992 y 1993 y que esto tampoco era una bajada si se contaba el efecto de la fuerte inflación.

La realidad lo refutó el último trimestre de 2008, cuando se registró la primera caída anual de la vivienda libre, del 3,2%, según las estadísticas del Ministerio de Vivienda. El país acababa de entrar en una recesión de la que no ha salido, como tampoco han remontado los precios. El año pasado, bajaron un 6,3%, con lo que desde los máximos de principios de 2008 hasta ahora la vivienda se ha depreciado en torno a un 10%. Los perjudicados son aquellos que hayan adquirido piso a partir de 2006 porque este ha perdido valor o, como mínimo, el descenso se ha comido las subidas de ese año y de 2007.
 

Dia: Sabado, 10 de Abril
Hora: 20:00 horas
Lugar: Hotel Monreal, Jumilla

Mesa Redonda:

-Homenaje a los jumillanos republícanos, represaliados por el franquismo.

       -Recuperación de la Memoria Histórica.

       -Movimiento ciudadano por la III República

INTERVENDRÁN:

Ángel Campillo (miembro de la coordinadora provincial para la recuperación de la Memoria Histórica de Alicante)

José Alberto Saura (Ateneo socio-cultural Viento del Pueblo, Orihuela)

Las personas paradas están hartas. Por primera vez en mucho tiempo, las personas precarias y sin empleo han decidido impulsar un movimiento colectivo que tendrá su primera acción global el próximo sábado, 20 de febrero. Para este día, asambleas de personas paradas de diferentes territorios han convocado acciones reivindicativas de protesta contra el paro y la exclusión social. La elección de la fecha no es accidental: se trata del Día Internacional de la ONU de la Justicia Social, una conmemoración que las personas paradas quieren aprovechar para denunciar el incumplimiento dramático y sistemático por parte de los poderes públicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece, en sus artículos 23 y 25, el derecho de todas las personas al trabajo y a una vida digna.

El Movimiento Global de Personas Paradas es una coordinación no estructurada que aúna los esfuerzos de más de cuarenta asambleas de personas paradas y colectivos que luchan contra la exclusión social. Es un espacio de solidaridad y apoyo mutuo que promueve tres principios fundamentales: derecho al trabajo o a una renta básica, derecho a la vivienda, y derecho, en suma, a una vida digna. La iniciativa surgió desde abajo y se ha articulado a través de la comunicación horizontal entre asambleas. El primer encuentro se produjo el pasado 30 de enero en las rondas de Madrid y Barcelona del Foro Social Mundial. Allí, entre otras iniciativas, se acordó la convocatoria de esta primera acción global reivindicativa.

¿Alguien se imagina que un juez del Tribunal de Núremberg, fuese procesado por condenar a los responsables del Holocausto, por denuncia de un partido y un sindicato de tufo nacionalsocialista?. Con el procesamiento del juez Garzón, vemos como "la justicia al revés" a que se refería Serrano Súñer, sigue siendo posible todavía en nuestro país.

Un estado de derecho como se alardea es España, está obligado a respetar y cumplir el ordenamiento jurídico internacional, en lo referente a los tratados internacionales que el estado español tiene suscritos y ratificados. Estos tratados, según contempla la Constitución de 1978, forman parte del "corpus" jurídico español y obligan a su cumplimiento, tanto como el código de la circulación, el penal o la ley hipotecaria.

La ilegalización jurídica del franquismo, de sus tribunales represesores, y la nulidad radical de sus sentencias, es un mandato de las leyes de la ONU contra la impunidad, emanadas del Título IV del Estatuto de Nüremberg, que declara el tipo penal de los crímenes franquistas como delito de "crímenes contra la humanidad", de aplicación retroactiva e imprescriptibles, de rango superior al tramposo art. 607.bis del CP, al que invalida para estos casos; leyes que han permitido sentar ante el TEDH a asesinos como Slovodan Milosevic, o Radovan Karadzic, y que llevaron a su día a Garzón a procesar a Agusto Pinochet, al capitán Alfredo Scilingo, o al comandante Menéndez, destacados ejecutores de las dictaduras chilena y argentina.

(Publicado en Diagonal, primera quincena de febrero numero 119)

En la víspera de la aprobación de la reforma laboral, las últimas estadísticas oficiales han mostrado al Gobierno un escenario de depresión. Durante 2010 se superará el 20% de paro entre la población activa, el déficit público se ha disparado por encima de lo previsto hasta el 11,4% del PIB en 2009, y el Ejecutivo plantea modificar el sistema de pensiones porque no ha sido capaz de garantizar la viabilidad del sistema de Seguridad Social. Para evaluar las cifras que día tras día ilustran la gravedad de la situación económica,

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2010 no será un año de creación de empleo. La sentencia de José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, resume las peores previsiones de este Ministerio, que da por hecho que en algunos momentos del año se superará el 20% de paro entre la población activa. La cascada de cifras sobre el desempleo se concretó el 29 de enero con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha caído como un plomo sobre las esperanzas de recuperación que el Gobierno fomentó en 2009.

La EPA es uno de los 180 indicadores que los integrantes del Colectivo Ioé incluyen en su riguroso Barómetro Social de España, una base de datos pública (barometrosocial.es), que, cada año, acompañan de una valoración crítica. El barómetro utiliza “las fuentes estadísticas más adecuadas” para cubrir los ámbitos sociales de renta, empleo, salud y hasta once campos más. Preguntados por este periódico acerca de cuáles son los efectos más significativos de esta coyuntura económica, Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada y Walter Actis, miembros de este colectivo, admiten que han observado un incremento del disciplinamiento social, “ante la falta de alternativas se aceptan recortes de las condiciones de trabajo (entre los ocupados) o empleos en condiciones a la baja (entre los desocupados)”. Y es que el factor trabajo, eje de la crisis en el Estado español, es el principal quebradero de cabeza del Gobierno. El número de ocupados según la EPA se situó en los tres últimos meses del año en 18.645.900 personas, o lo que es lo mismo, más de un millón de personas perdió su trabajo en 2009.

Este articulo está sacado de la revista T. E. (Trabajadores de la Enseñanza , CCOO), y su autor es Agustín Canales Alonso, Secretaría de Politica Edcucativa

La Ley de Economía Sostenible es para el Gobierno uno de los instrumento prioritarios con el que avanzar hacia un cambio de modelo productivo, que se situaría como escenario deseable en la salida de la crisis. Dicho modelo se ligaría a un impulso significativo de la educación y dentro de ella de la formación profesional. Prueba de ello sería la presencia de la Formación Profesional en el Capítulo VIII del Anteproyecto de dicha Ley.

Si partimos, pues, de la voluntad de enmarcar la formación profesional en la estrategia diseñada para alcanzar ese nuevo modelo productivo, la pregunta que se impone es, si en la LES hay suficientes elementos que prefiguren el modelo que planteamos. Ignacio Fernández Toxo ha afirmado que, aunque la ley es necesaria, puesto que CCOO también apuesta por el mismo cambio de modelo, sin embargo no la considera suficiente en su actual redacción, ya que en ella no se refleja la necesidad de acometer los necesarios cambios estructurales. El reconocido economista Albert Recio, a quien tuvimos ocasión de escuchar hace un par de meses en Segovia, en un curso de formación, señala que es “imposible captar” “en qué se concreta el cambio de modelo económico” y que “poco se encuentra en la propuesta que dé pistas acerca de cómo piensan hacer esa transformación”. “Se mantienen en cambio muchas de las viejas ideas neoliberales desde una nítida voluntad de limitar el tamaño del sector público, como el recurso sistemático a recortes fiscales como medio para promover políticas. No hay en cambio ninguna propuesta que vincule la intervención pública a la sostenibilidad social ni la desigualdad de la renta al modelo productivo”[1].