El Ateneo Albacetense sirvió ayer de punto de encuentro para los más de quince colectivos pacifistas que han constituido la nueva Plataforma contra la Militarización de Albacete que, en principio, se reunirá todos los jueves, de 20,30 a 22 horas.

La creación de esta Plataforma contra la Militarización de Albacete -integrada por los mismos colectivos que componen la Plataforma contra la Desmilitarización de la Sierra de Chinchilla-, surge de la necesidad de diversos movimientos sociales de mostrar su rechazo más absoluto a la instalación de la escuela de pilotos de la Otan en la Base Aérea de los Llanos de Albacete.

La manifestación en apoyo a la continuidad de la factoría que se celebró este sábado 24 de Marzo congregó a más de 1400 cartageneros/as que se solidarizaron con los más de tres años de lucha de los trabajadores exigiendo Soluciones Ya.

Los trabajadores volvían a reclamar el cumplimiento de los acuerdos municipales y autonómicos, aprobados por unanimidad en el Ayuntamiento de Cartagena y la Asamblea Regional respectivamente

1. El modelo educativo y territorial en la Constitución de 1978.

El actual sistema educativo español tiene como punto de partida la Constitución de 1978, aprobada en referéndum en diciembre de ese mismo año y actualmente vigente en España (1). Después de treinta y seis años de dictadura fascista, este texto constitucional instauraba el modelo de monarquía parlamentaria y cerraba la etapa conocida como transición democrática o transición política (2).

En el artículo 27 del Título Preliminar, la Constitución establece los fundamentos educativos del nuevo sistema político:

1. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante un programa general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros que reúnan los requisitos que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

inSurGente (J.L.) .- La derecha brasileña está que no cabe de gozo por los últimos nombramientos de Lula. En efecto, el ministerio de Agricultura lo ocupará Reinhold Stephanes, que fuera diputado por un grupo de extrema derecha y el de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, será ocupado por Miguel Jorge, que fuera vicepresidente ejecutivo del Banco Santander Banespa. Lula se defiende de las críticas desde la izquierda diciendo que su nuevo gobierno es de "centro" y que él "no hace política mirando para atrás".

Agencias/inSurGente.-

Hola amigos.

El pasado 27 de febrero, enviamos una carta al Ministro de Defensa, José Antonio Alonso Suárez, denunciando la situación de ignominioso anonimato y abandono en que se encuentra la tumba-osario que existe en el cementerio de Los Remedios (Cartagena) con los restos de 51 oficiales, suboficiales y clases de la Flota republicana asesinados entre 1939 y 1945 (se adjunta copia de la carta).

El pasado jueves, recibimos la respuesta del Ministro

Manifiesto Unitario de la Coordinadora Republicana de Madrid para el 14 de Abril

La Constitución de 1978 es evidente que no ha servido para resolver ninguno de los grandes problemas de la clase trabajadora y de los pueblos del Estado Español.

Dar potestad al ejército para mantener la unidad de España significa una usurpación de la soberanía popular, una amenaza a los pueblos del Estado Español y una intimidación permanente de este país.

Pero es más, para impedir que la clase obrera y las clases populares siguieran reivindicando la transformación social desde la perspectiva económica, política, cultural y social, los antiguos franquistas, los grandes capitales, con la capitulación de las direcciones de los mal llamados partidos de izquierdas y de los sindicatos, difundieron profusamente los logros reflejados en la Constitución, quedando todo ello en papel mojado al consagrar la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, que como estamos viendo día a día, liquida los derechos conquistados en décadas de luchas ejemplares.