(Publicado en" La Verdad" de Murcia, el 3 de Septiembre de 2008)

La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de reabrir el baúl de la memoria histórica para tratar de determinar si este órgano judicial tiene competencias para enjuiciar al régimen franquista ha pillado por sorpresa a más de uno en la Región. Florencio Dimas, presidente de la Asociación Amigos de los Caídos por la Libertad ha recibido «con escepticismo» la iniciativa del magistrado que ya ha solicitado a los ayuntamientos de Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla, además de otros organismos e instituciones como la Conferencia Episcopal o la Abadía del Valle de los Caídos, que identifiquen a todos los desaparecidos y enterrados en fosas comunes durante el dictado de Franco.

«A la espera de observar el recorrido y la intencionalidad del juez Garzón ponemos esta medida en cuarentena». Dimas, que se sitúa al frente de la primera asociación registrada en el país en torno a la memoria de las víctimas del franquismo, conoció este lunes la noticia a través de los medios de comunicación. Su organización, que lleva cerca de trece años batallando por el reconocimiento de los republicanos represaliados por el franquismo, lamenta que esta iniciativa judicial no haya requerido de su ayuda, pese a las múltiples misivas que ésta ha enviado, incluso al mismo Garzón. «Él no se ha dignado ni a un simple acuse de recibo», denuncian. Dimas ha entrado en contacto, durante las horas siguientes al anuncio, con otras organizaciones de cometido similar que actúan en diversos puntos del país. La decisión de guardar cautela, según asegura, parece compartida.

A estas alturas a pocos puede sorprender el carácter panfletario de gran parte de la producción periodística reciente de Mario Vargas Llosa en contra de los procesos de transformación social emprendidos en un grupo creciente de países latinoamericanos y, particularmente, en contra de sus dirigentes.

Resulta cuando menos curioso que el rigor del que el escritor hace gala a la hora de documentarse para la escritura de sus novelas se desvanezca casi completamente cuando se trata de escribir negativamente sobre Venezuela, Bolivia o Nicaragua o sobre sus respectivos mandatarios. En estos casos, la desinformación -si se es benévolo en el juicio-, o la tergiversación malintencionada –si se es realista en el mismo-, se convierten en la norma cotidiana que guía tanto el contenido como el tono de sus panfletos que tan gustosamente acoge El País.

El "Periódico global en español" ha encontrado, así, a un reputado escribano que aporta sus apellidos, que no su rigor, a la campaña de desinformación permanente que aquél mantiene contra todo lo que en América Latina suene a transformación social, tratando de ocultar bajo la apariencia de razones objetivas lo que no es más que preocupación por el negocio y favores debidos, de forma directa o indirecta, en aquel continente.

Pues bien, en este caso, el escriba ha prestado su pluma para disparar nuevamente contra Venezuela con un artículo titulado "Caracas al vuelo" publicado el pasado domingo, 24 de agosto, en las páginas de opinión de El País. Artículo en el que comenta algunos aspectos deshilvanados de la realidad venezolana actual, a partir de la confesión de que tan sólo estuvo unas "pocas horas" en la capital de Venezuela con motivo del montaje teatral de una obra suya. Vayamos con ello.

El pasado mes de julio la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella presentada por David Moyano, superviviente español de Mauthausen, y tres familiares directos de republicanos españoles que estuvieron internados en campos de concentración nazis. La querella se ha presentado contra cuatro miembros de las SS pertenecientes al Batallón de la Calavera (Totenkopf-Sturmbann), a los que se acusa del asesinato directo de cientos de españoles recluidos en los campos de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg entre 1940 y 1945. Los cuatro acusados, para quienes se pide la extradición a España son Johann Leprich, Antón Tittjung, Josias Kumpf e Iwan Demjanjuk. Residentes en Estados Unidos, el gobierno de este país les ha retirado la nacionalidad norteamericana al conocer su pasado nazi, por lo cabe la posibilidad de que sean extraditados y juzgados por un tribunal español por delitos de crímenes contra la humanidad.

La querella ha contado con el asesoramiento del Equipo Nizkor, un colectivo de juristas y especialistas en la defensa de los derechos humanos que ha logrado acreditar documentalmente el asesinato de cientos de republicanos españoles en los campos de exterminio nazis. Aproximadamente 7.000 españoles fueron encerrados en Mauthausen, de los que sólo sobrevivieron 2.700. En Sachsenhausen, donde estuvo recluido Francisco Largo Caballero, murieron entre 85 y 100 republicanos, y en Flossenbürg las tropas norteamericanas certificaron que de los 155 españoles internados fueron asesinados 60.

Si finalmente esos cuatro miembros de las SS son extraditados y juzgados en España, se abriría un puerta para juzgar a responsables políticos del franquismo e impedir que los crímenes y la represión de la dictadura de Franco queden impunes. Y sería posible porque existe una relación directa entre los españoles asesinados en los campos nazis y el régimen franquista.

Murcia, 20 de agosto de 2008

Sr. Director:

Respondo a la carta publicada el pasado día 18 por Dª Lola Ruíz Doménech, titulado " Setenta y dos años, ¿tanto tiempo! y... ¿tan poco! " en la que, ante el aniversario del asesinato de Federico García Lorca, hace una profunda reflexión sobre la necesidad de un reconocimiento social e institucional en memoria de todos los granadinos víctimas del franquismo. Para su cumplimiento, cita la ley 52/2008, llamada "de la Memoria Histórica" a la que califica de "insuficiente y pacata".

No, la ley "de la Memoria Histórica" no es ni insuficiente ni pacata, es una aberración jurídica sin precedentes en la corta historia de nuestra democracia. Una ley inútil que no impone plazos en la ejecución de las tibias compensaciones que contempla, que deja en manos de los de siempre la retirada de los símbolos franquistas; es una ley injusta porque ignora principios jurídicos superiores de carácter internacional, irrenunciables y que no prescriben nunca, suscritos y ratificados por el estado español y obligatoriamente vinculantes para el gobierno de España. Es una ley de niega los derechos de Verdad, Justicia y Reparación, a las víctimas y de sus familiares, porque estamos hablando de "crímenes de lesa humanidad" contemplados en el artículo 607.bis del código penal español, cuya investigación y resolución tienen que ser llevado por los tribunales en jurisdicción ordinaria. No sirven las "compensaciones" que contempla dicha ley, si no que lo que proceden son las "indemnizaciones" que marquen los jueces en sus resoluciones. La ley "de la Memoria Histórica" al final, ha resultado ser una ley de punto final e impunidad para los crímenes franquistas, como las que han sido derogadas recientemente por las democracias chilena y argentina. No se puede "privatizar" la exhumación de las fosas comunes, como si se tratase de excavaciones arqueológicas comunes, no se puede intentar "comprar" con subvenciones a las asociaciones memorialistas y de las víctimas de Franco y los suyos. No se puede dejar en manos de los herederos ideológicos de los asesinos el cumplimiento o no de una ley que, además de "pacata", es una ofensa a la memoria histórica democrática y antifascista de España.

Verdad Justicia y Reparación y cumplimiento de las leyes internacionales sobre Derechos Humanos de la ONU, lo demás es un placebo tan injusto como inútil. ¿Qué clase de ley es aquella en la que los cargos públicos, se convierten en intérpretes de si la cumplen o no, tolerando la permanencia de monumentos de exaltación al franquismo como el de la plaza de Bibataubín?. Los restos de García Lorca y los de miles de granadinos esparcidos por fosas y cunetas en Granada y su provincia, no tienen que ser buscados y exhumados por los arqueólogos a instancias de las familias, si no por orden del juez.

Finalmente, el juez Eloy Velasco ha aceptado la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ha solicitado, a través de un exhorto, a los juzgados de San Sebastián que localicen y citen al ex preso político Iñaki de Juana Chaos para que declare en calidad de imputado de un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo relacionado con la carta leída durante el homenaje que se le tributó en esa ciudad el día de su excarcelación.

El hecho de que la Guardia Civil no haya podido determinar aún la autoría de la misiva es irrelevante, pues se trata de “construir imputaciones”, siguiendo a cualquier precio la nueva moda político-judicial que impera en en el complejo Rubalcaba. Una aberración jurídica de tomo y lomo que deja meridianamente clara la catadura de esta democracia orgánica y de sus gestores.

La nueva imputación que han construido se basa en que en la carta de marras se hablaba favorablemente del dirigente de ETA Txomin Iturbe, fallecido accidentalmente en Argelia en 1987, y eso es enaltecer el terrorismo. El activista por la actividad. La parte por el todo.

(Publicado en Pagina 12, el 18 de Agosto de 2008)

Ocurre. A veces. El presidente georgiano Mijail Saakashvili creyó posible imitar a su gran amigo Bush e invadió Osetia del Sur, territorio que alguna vez formó parte de Georgia y que se convirtió en república autónoma en 1991, cuando la implosión de la ex Unión Soviética. Así tiñó de rojo la “revolución rosa” que lo llevó al poder, con el apoyo de EE.UU.: más de mil civiles osetios muertos. Calculó mal: la respuesta rusa fue contundente y Saakashvili debió pedir auxilio a su aliado norteamericano, que acusó a Moscú de agresor ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Todo al revés.

Hace un año que, a pesar de no estar en conflicto con nadie, Saakashvili aumentó en proporción sin precedente el presupuesto militar nacional: más del 86 por ciento… Esto reveló su ambición de reclamar los territorios de Abjasia y Osetia del Sur que Georgia perdió en las guerras de comienzos de los años ’90. La Casa Blanca financió el incremento y proporcionó equipos a las tropas georgianas por valor de 34 millones de dólares sólo en el 2007. No asombra que Tiflis ampliara de 850 a 2000 el número de sus efectivos en Irak, era parte del trato. A finales de ese año, Saakashvili declaraba el estado de sitio y reprimía a una multitud que reclamaba su renuncia y que lo obligó a apañar nuevas elecciones para ser reelecto. De paso, clausuró un canal televisivo y otros medios favorables a la oposición (www.allheadline.news.com, 7-11-07). No ha cambiado mucho en Georgia desde la era soviética con este paladín de “la libertad y la democracia” que dijera Bush, valores que Saakashvili dice amar: por la TV norteamericana.

Trasobares ha mostrado tambien su apoyo al Coronel en su solicitud de que el monarca explique el extraordinario enriquecimiento de su casa desde la nada a partir de su subida al trono, así como otras irregularidades que se ciernen sobre su biografía política y personal.

Desde su blog, Manuela ha instado a las fuerzas republicanas del país para que se organice una plataforma de apoyo a estas peticiones del profesor Martínez Inglés.

El pasado mes de abril, el coronel del Ejército español Amadeo Martínez Inglés, acusó, mediante un escrito al Presidente del Congreso, al rey Juan Carlos de una serie de irregularidades que son "presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación: Un intento de golpe de Estado, (…) la puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte, (…) enriquecerse de una forma exagerada e ilegal, (…) ejercer la corrupción continuada y generalizada, (…) desviar fondos reservados del Estado, (…) un presunto asesinato (…)".

A continuacion el texto completo